El 23 de diciembre les gustó a los cárteles que disputan la región Sur de Jalisco y Norte de Michoacán para sembrar el terror. Un día después en la Nochebuena, criminales ejecutaron a varios en Sinaloa. Los dos ataques suman casi 40 asesinatos del crimen organizado en 48 horas. El terror sembrado en la sociedad por el narcotráfico no terminó ahí. Extraoficialmente, el miércoles 26 por la madrugada, diez personas más fueron acribilladas en los linderos de Michoacán y Jalisco. Los cárteles están peleando a muerte sus territorios. Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, informó hace unos días de una cuenta de entre 60 y 80 cartelitos en el país, superando la cifra documentada por ZETA, de 32 organizaciones criminales heredadas por el Gobierno Federal de Felipe Calderón Hinojosa. La disputa entre las ilícitas agrupaciones en la impunidad de la corrupción y las balas, ha llenado de sangre y terror varios estados de la República: Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas; particularmente Jalisco, Michoacán y Sinaloa. En el primer enfrentamiento entre narcotraficantes, registrado el domingo 23 de diciembre, la disputa fue entre las siguientes organizaciones criminales. En Jalisco: Los Corona. Liderados por José Ángel Carrasco Coronel “El Changel”, sobrino de Nacho Coronel, que a la muerte de éste a manos de las fuerzas armadas el 29 de julio de 2010, tomó el control de la organización criminal, aliada al Cártel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Cártel de Jalisco o Nueva Generación. Dirigido por Nemecio Oceguera “El Mencho”. Los Caballeros Templarios. Bajo las órdenes de Servando Gómez Martínez “La Tuta”. En Sinaloa: Los Mazatlecos. Cártel de Samuel Lizárraga Ontiveros. Los Beltrán Leyva. Organización que a la muerte y encarcelamiento de sus hermanos, dirige Héctor Beltrán Leyva. En ambos escenarios, las ejecuciones son parte del narco-terror para ganar territorio, amedrentar a la sociedad y a las autoridades, pero en los últimos días han arreciado los ataques ante la impavidez de las autoridades en dichos estados y del Gobierno de la República, cuyos representantes Miguel Osorio Chongo, de la Secretaría de Gobernación, donde ahora se insertó la Secretaría de Seguridad Pública; y Jesús Murillo Karam de la PGR, no han respondido ante los actos de violencia, ni reaccionado al temor de las sociedades que se han formado en esas entidades. Las Fuerzas Armadas de la Marina y el Ejército han acudido a los lugares de los hechos, pero solo en calidad de vigilancia y posterior a los ataques del narcotráfico. De hecho la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) emitió un comunicado para informar que personal de esa dependencia no participó en enfrentamiento alguno, que únicamente el 24 de diciembre “… acudió al tramo de la carretera Naranjos-La Troje, en el municipio de Pihuamo, Jalisco, donde localizaron los cuerpos de cuatro elementos de la Policía Municipal del citado lugar, quienes el día anterior habían sido privados de la libertad por un grupo de individuos armados”. Asimismo, se informó que el martes 25 de diciembre, “… personal militar, durante un reconocimiento sobre un camino de segundo orden que conduce a los poblados El Tigre-Chilarillo, a inmediaciones de La Tauna, en el Municipio de Tecalitlán, Jalisco, fue agredido por integrantes de la delincuencia organizada, procediendo a repeler el hecho, obteniéndose los siguientes resultados: 1 detenido, 4 armas largas, 3 armas cortas, 21 cargadores, 743 cartuchos y 1 vehículo”. La Marina no ha realizado comunicación alguna para confirmar o negar su participación en enfrentamientos con el narcotráfico. El 23 de diciembre de 2012, la matanza de las organizaciones criminales inició en Briseñas, Michoacán, para concluir con una ola de muertos y sangre en Pihuamo, Jalisco. En esa jornada violenta se contabilizaron 28 muertos; 22 de ellos en Jalisco y entre los mismos, 12 policías municipales de las corporaciones Ayotlán y Pihuamo. En territorio michoacano se ejecutó a seis personas. Los policías fueron localizados el lunes 24 de diciembre, asesinados con saña. Un día antes habían sido asignados a proveer seguridad en una corrida de toros conmemorativa a las fiestas decembrinas en el poblado. Testigos de los hechos refieren que el comando armado arremetió contra ellos. Con pocos recursos, los uniformados intentaron defenderse, pero sus armas, equipo de protección y habilidades, estaban muy por debajo de los criminales organizados. Los mafiosos no tuvieron misericordia. Aparte, el gobierno de Jalisco reportó otros baleados. Incluido un decapitado. El 25 y el 26 de diciembre los ataques continuaron con saldos que extraoficialmente fueron ubicados en los 15 muertos. Los gobiernos de los estados también han permanecido cautos. Los servicios periciales han tardado en llegar hasta los poblados, lo que ha servido para que los criminales manipulen la escena del crimen e, incluso, se lleven los cadáveres. Investigadores locales presumen que hay equipos en los cárteles dedicados a la limpieza de escenas violentas, que levantan casquillos, limpian manchas de sangre y se llevan a los asesinados para evitar la persecución de la justica por un lado; y por el otro, la identificación del origen del ataque por parte de cárteles rivales. En la zona de Jalisco-Michoacán la violencia se recrudeció cuando “El Chapo” Guzmán dio luz verde a distintas organizaciones criminales para controlar el territorio. “Está con todos, pero no apoya a ninguno en lo particular. De hecho el Cártel de Sinaloa ya se salió de Jalisco por lo mismo”, informó a ZETA un investigador. En estas condiciones, alcaldes y otras autoridades municipales han pedido auxilio a los gobernadores y a la Presidencia de la República sin obtener respuesta. El temor es tal, que policías de Ayotlán y Pihuamo están renunciando a su encargo por temor a ser víctimas de sorpresivos ataques del crimen organizado, pues los criminales incluso atacaron una comandancia de Policía, sin matar a elemento alguno. Sinaloa, la zona del miedo De solo 240 habitantes y localizado en la parte baja de la sierra, al Sur del Estado de Sinaloa, Platanar de los Ontiveros, Concordia, forma parte de la llamada Zona de Miedo que integran las comunidades de La Cieneguilla, El Tiro, Zaragoza, Aguacaliente del Zapote y El Llano. Los escasos pobladores que habitan esta comunidad son solo un pequeño grupo de entre los 30 y 35 mil desplazados que vienen huyendo de la violencia extrema, ataques y amenazas de muerte de parte de los cárteles de Sinaloa y Beltrán Leyva, en la parte alta de la Sierra Madre Oriental, según estimaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDHS). La pelea no es por la venta y distribución de drogas, sino por el control del territorio para el cultivo y producción de marihuana y amapola, y de manera más reciente, la fabricación de drogas sintéticas enviadas a todo el territorio mexicano, Estados Unidos y Canadá. Las organizaciones criminales aprovechan la geografía repleta de montañas, peñascos y barrancadas para mantener el dominio de sus territorios a través de filtros y hasta puestos de revisión integrados por gatilleros, quienes deciden si permiten o no el acceso de personas y autoridades al lugar, lo que ciertamente complica el despliegue de policías y militares, y por ende, el combate al narcotráfico. Un profesor de educación rural relató a ZETA que para poder impartir clases en los territorios en disputa, “tenemos que pedir permiso a los pistoleros, registrarnos en una lista y cubrir un horario solamente dentro del lugar”. — ¿Y la autoridad? “No existe, la autoridad son ellos, cuando alguien desconocido pretende ingresar, simplemente no puede pasar, porque se lo impiden; y si insistes, simplemente te matan. Tienen colocados retenes por todos lados y no te dejan pasar, y en el lugar te encuentras con gente armada con rifles de asalto AK-47”. — ¿Qué función tienen ahí? “Bueno, lo que tengo entendido es que bloquean el camino para que nadie suba a la sierra, y sirven de retén cuando vienen operativos policiacos y militares. Ellos son los primeros que confrontan a la autoridad y avisan a los otros puestos de control que están más arriba para que se preparen, avisan a sus gentes que está llegando un operativo y así se corre la voz hasta la parte alta de la sierra. Cuando eso sucede, se desatan balaceras que duran días, porque obviamente los pistoleros conocen la zona y saben cómo desplazarse dentro de ella; inclusive han derribado helicópteros del Ejército, y toda la gente que habita se tiene que resguardar en sus casas, hasta que no terminen los enfrentamientos, que comúnmente dejan muchos muertos”. Aprovechando la pobreza extrema e ignorancia de los pobladores, los cárteles del narcotráfico reclutan a personas que por generaciones han vivido del cultivo, quienes reciben como pago entre 150 y 200 pesos diarios, sobre todo en temporada de lluvias y época de invierno. Un claro referente de la importancia que reviste este territorio, puede ser el reciente descubrimiento de 20 sembradíos de amapola en un tramo de cinco kilómetros, donde un convoy militar pudo acceder después de tres intentos -con ayuda de un helicóptero artillado- y descender poco más de dos horas por el sinuoso monte. Ahí, sembradíos de la planta con flores de color violeta y blanco estaban esparcidos en extensiones entre 300 y 2 mil 500 metros. Los territorios Encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, el Cártel de Sinaloa controla el 60 por ciento de la sierra sinaloense. No solamente lo utilizan para sembradíos, también instalan laboratorios clandestinos e inclusive, lo usan como escondite, según un reporte de inteligencia militar. Regularmente emplean dos rutas: La primera parte de las montañas hacia poblados grandes de Sinaloa, Durango y Chihuahua. La segunda parte, de las montañas, a través de un recorrido terrestre con vehículos de modelo reciente, por brechas y caminos rurales que llegan a poblados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. La estrategia, según un parte militar en poder de ZETA, es evadir principalmente operaciones militares en carreteras y autopistas, sobre todo en temporada de cosecha, y cuando la 42 Zona Militar recibe el apoyo de otros batallones militares que llegan provenientes de otros estados para sobrevolar la sierra e incursionar por tierra. En la Sierra Madre Occidental, los cárteles del Golfo y de Los Beltrán Leyva también tienen presencia. De acuerdo a un documento de inteligencia militar, “El Chapo” Guzmán controla el famoso “Triangulo Dorado” que abarca los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa. Por el lado de Durango, la zona productora se concentra en los municipios de Tamazula, Canales y Topia; por Chihuahua, en Guadalupe y Calvo, Morelos, Batopilas y Guazapares; por Sinaloa, los municipios de El Fuerte y Choix, entre otras poblaciones clave como Mesa de San Miguel, San José de Gracia, Bacayopa y Pichol, y donde pasa la famosa Ruta de San Vicente, hasta la Reforma de Chihuahua, controlada por uno de sus lugartenientes, identificado por autoridades federales y militares como “El Compa Lemo”. El líder del Cártel de Sinaloa también controla la Sierra de Baridaguato, de donde es originario. Los hermanos Beltrán Leyva tienen bajo su dominio una parte de la sierra en los municipios de Cosalá, San Ignacio y Concordia, particularmente las poblaciones de Sinaloa de Leyva, Santiago de los Caballeros, Cofradía de la Loma, Navolato Pueblo y Mocorito. En el caso del Cártel del Golfo, la mayor parte del territorio de Navolato es controlada por los Carrillo Fuentes y el Guamuchilito, donde viven casi todos los integrantes de esa familia de narcotraficantes. Por eso, las disputas por los territorios son constantes y cada vez más sangrientas, donde pueblos enteros -eso sí, de pocos pobladores- pasan a convertirse en fantasma y guaridas de grupos criminales que utilizan para establecer sus puestos de control, y vigilar que nadie suba a la parte alta de la sierra sinaloense. Los ejecutados de Nochebuena La última pelea de uno de tantos territorios en conflicto, ocurrió el 24 de diciembre en el poblado del municipio de Concordia, colindante con Mazatlán y El Rosario, y la Sierra Madre Oriental, cuando nueve personas fueron asesinadas a sangre fría en plena celebración de Nochebuena, frente a todos sus familiares, entre los que se encontraba el esposo de la comisionaria o delegada de la comunidad, de nombre María Luisa Ontiveros Osuna. Las víctimas, identificadas como Francisco Gutiérrez Tirado, de 36 años; Marcelino Rueda Medrano, de 36; Félix Bastidas Gutiérrez, de 36; y Francisco Javier Lizárraga Pérez, de 19 años -este último, estudiante de la carrera de Criminalista en la Universidad de Sinaloa en Mazatlán, se encontraba de vacaciones-, consumían cerveza en la plaza y fueron sorprendidos por los pistoleros que llegaron a pie por un lugar identificado como La Pila. Repentinamente comenzaron a disparar en su contra. Los testigos de esta matanza relataron a ZETA que los asesinos sacaron de entre su ropa unos machetes y comenzaron a destazar los cuerpos hasta decapitar a una de las víctimas. Luego de la masacre, los asesinos caminaron aproximadamente 400 metros y llegaron a una tienda de abarrotes para preguntar por una familia de apellido Parente Páez, y, tras sacarlos del domicilio, los fusilaron, colocándolos en una pared. Según la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, en la escena del crimen quedaron tendidos los cuerpos de Francisco Javier Parente Medina, de 52 años; de los hermanos Francisco Javier y Jesús Eduardo Parente Páez, de 28 y 21 años; y de Víctor Adolfo Medina Garay, de 27, y de Tomás de Jesús Rodríguez Aguirre, de 24. Las nueve personas fueron asesinadas en presencia de sus familiares, niños, mujeres y ancianos. Las autoridades no pudieron llegar a la escena del crimen de inmediato, sino hasta las nueve de la mañana del día siguiente, cuando permitieron que ingresaran a levantar los cuerpos y hacer los estudios correspondientes. La impunidad de los asesinos permitió que salieran caminando a pie, gritando “¡Arriba el M-60!”, un integrante del Cártel de Los Beltrán Leyva que tiene azorados a los pobladores de la llamada “Zona de Miedo”, cuya estrategia -según un policía investigador del caso- es “limpiar el territorio de gente contraria a la organización criminal, y escarmentar a sus familiares para que se vayan del lugar y dejarles libre el terreno que controlan”. La competencia son Los Mazatlecos o Los Marranos, la organización de Samuel Lizárraga Ontiveros “El Tortillero”. Para el procurador general de Justicia de Sinaloa, Marcos Antonio Higuera Gómez, el crimen de las nueve personas es un ajuste de cuentas entre el Cártel de Sinaloa y Los Beltrán Leyva, quienes durante 2012 “se han dado con todo”. Los crímenes son solo una parte de los 16 que se cometieron en un solo día en el estado de Sinaloa, es decir, el 24 de diciembre. Los otros ocurrieron en los siguientes puntos: tres en Culiacán, dos en Los Mochis, uno en Choix, uno en Escuinapa y nueve en Concordia. Nuevo mando de Policía Federal: especialista en combate a corrupción Desde la Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública federal, su titular Manuel Mondragón y Kalb, designó a Enrique Francisco Galindo Ceballos, maestro en política criminal y actualmente cursante de un doctorado especializado en “Inteligencia financiera y lucha contra el lavado de dinero”, como nuevo secretario general y encargado de despacho de la oficina del comisionado general de la Policía Federal. Originario de San Luis Potosí, el ahora titular la de Policía Federal, cuenta además con cursos especializados en operaciones antisecuestro y negociación de rehenes impartidos por el Buró Federal de Investigación –FBI– en los Estados Unidos. La SPPI de la SSP, agregó que Galindo Ceballos obtuvo su distinción de maestro a través de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con mención honorífica y que es en la Universidad de Salamanca donde actualmente cursa su doctorado. Entre otras cosas, el también docente se ha desarrollado como secretario ejecutivo adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, director general de Planeación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, secretario de Seguridad Pública en su natal San Luis Potosí y como agente del Ministerio Público de la Federación en la Procuraduría General de la República. Enrique Francisco Galindo Ceballos llega a la dependencia federal para ocupar el puesto en el que recientemente presentó su renuncia Luis Cárdenas Palomino. Primer mes de Calderón: 62 ejecutados Primer mes de Peña: 208 ejecutados Luego de 27 días de Enrique Peña Nieto al frente del Poder Ejecutivo, la situación de violencia que se vive en territorio nacional no muestra otra cara. El número de ejecuciones sigue en aumento. Políticos, desplazados, acribillados, maestros, ex mandos policiacos, un editorialista y hasta abusos del Ejército Mexicano, son ya parte de la estadística delictiva no oficial del primer mes priista. A la fecha, las cifras oficiales están ausentes. Consultados por ZETA, los portales de las procuradurías y fiscalías estatales de justicia, así como las del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ofrecen cifras con actualización más reciente del 30 de noviembre de 2012, haciendo imposible un recuento oficial aun en las entidades federativas que siguen siendo azotadas por la delincuencia organizada. Las llamadas telefónicas al SESNSS -órgano adscrito a la Secretaría de Gobernación, y cuya alimentación depende de las procuradurías estatales- hasta el cierre de edición, no fueron atendidas. Sin embargo, un trabajo de consulta arroja datos aproximados a las 208 ejecuciones en los primeros 26 del Gobierno de la República, es decir, casi 8 ejecuciones por día. Para ejemplificar el índice, basta mencionar lo sucedido en el Hospital General de Ciudad Victoria, Tamaulipas, la tarde del miércoles 26 de diciembre. Sujetos armados ingresaron al nosocomio para abatir a una mujer con dos disparos de arma de fuego en su intento de huida, uno en la cabeza y otro en el brazo. La atención médica recibida fue inútil por la gravedad de las heridas. Pero la jornada más violenta en el nuevo régimen priista fue la del domingo 23 al miércoles 26 de diciembre, en los estados de Jalisco y Michoacán, con un saldo de 27 muertos. La zona es disputada por al menos tres organizaciones de la delincuencia organizada: Cártel de Jalisco Nueva Generación, La familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. El primer acto violento se suscitó la madrugada del domingo 23 de diciembre, en el municipio de Briseñas, Estado de Michoacán, cuando un comando armado emboscó a una patrulla municipal que atendía una emergencia vial. Posteriormente, en el municipio de Marcos Castellanos de la misma entidad, fueron encontrados dos cuerpos calcinados. Registrado en la misma fecha, pero en Ayotlán, Jalisco, tres policías municipales fueron acribillados por un grupo armado. Para el lunes 24, se sumaban a la lista cuatro agentes policiacos que habían sido secuestrados en el estado tapatío, y otros tantos decesos tras un tiroteo entre criminales y marinos el martes 25 en Pihuamo, Michoacán. De ahí, en cuenta regresiva, la lista se alarga con por lo menos 14 estados que han registrado más de 200 homicidios en el último mes del año, y primero en el sexenio de Enrique Peña Nieto: Coahuila, con 34; Durango, 27; Guerrero, 18; Sinaloa, 16; Zacatecas y Chihuahua, 15; San Luis Potosí, 13; Nuevo León, 10; Jalisco, 8; Michoacán y Tamaulipas, 7; Nayarit, 5; Baja California, 6; así como Oaxaca y Guanajuato, con un homicidio cada uno. Luego de un tiroteo sostenido entre reos y custodio del Penal de Gómez Palacio, Durango, autoridades estatales confirmaron el deceso de 22 hombres: nueve custodios y 13 reos. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que fue el 18 de diciembre cuando los reos pretendieron consumar una fuga masiva que derivó en el enfrentamiento. Cinco ejecuciones más se suman a la numeraria de la entidad. En Coahuila, otros de los hechos violentos más importantes fue el ocurrido en Saltillo el 7 de diciembre, cuando cuatro sujetos fueron hallados colgados y sin vida en un puente de la ciudad. Se presume que una de las víctimas pertenecía a alguna organización criminal. Mientras que David Araujo, editorialista del periódico Novedades de Acapulco, Guerrero, fue ejecutado a balazos cuando circulaba en su automóvil el 21 de diciembre. En el mismo municipio se registraron siete asesinatos en distintos hechos, entre el 19 y 20 de diciembre, los cuales se suman a otras diez ejecuciones perpetradas en semanas anteriores. En Zacatecas se cuenta el hallazgo de siete cuerpos en una fosa clandestina en el municipio de Calera durante la primera semana de diciembre, y a la fecha, otros ocho homicidios reportados. En los 27 días que han corrido de este mes, 15 han sido las ejecuciones en Chihuahua, sobresale la ejecución de cuatro mujeres identificadas como maestras el 14 de diciembre pasado. Las investigaciones realizadas arrojan que las féminas fueron reportadas como desaparecidas desde el miércoles 12. Se presume pudieron haber sido secuestradas por el crimen organizado, pues en esa fecha se reportó un falso retén instalado en la zona. Horas después se localizó a una quinta mujer asesinada en el municipio de Cuauhtémoc. En pleno 24 de diciembre, la localidad de El Plantar de los Ontiveros -municipio de Concordia, Sinaloa-, zona que sirve de refugio a familias desplazadas por la violencia del crimen organizado, fue atacada por un grupo armado, dejando un saldo de nueve personas acribilladas. A ello se suman siete homicidios, la mayoría registrados apenas la primera semana del mes. En San Luís Potosí, entre el 24 y 25 de diciembre, fueron asesinadas tres personas en distintos hechos, entre ellas un policía federal que se encontró calcinado, según informó la Procuraduría del Estado. Además, un encobijado y nueve personas más resultaron finadas en distintos hechos. En la provincia de Coalcomán, Michoacán, fueron localizados los cadáveres de tres ganaderos, mismos que presentaban impactos de arma de fuego, precisó la Procuraduría General del Estado el 20 de diciembre. Las víctimas habrían salido de sus ranchos a comprar ganado, y fueron reportadas como desaparecidas desde el 14 de diciembre. Por otro lado, el 18 de diciembre en Opopeo, Michoacán, fue asesinado el líder priista del municipio de Salvador Escalante, Miguel Ángel Farfán, cuando se trasladaba en su automóvil a Santa Clara del Cobre, según informaron autoridades. En Morelia, el 19 de diciembre, fue encontrado el cuerpo sin vida del empresario michoacano Armando León Marín, y en otra zona de la ciudad, dos cadáveres más calcinados. En tanto que en Oaxaca, un grupo de efectivos militares incursionaron en el municipio de San Lucas Camotlán, ubicado en la sierra Mixe del estado, dejando como saldo un hombre de 35 años muerto y cuatro personas heridas, según reportó el alcalde de la localidad.
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