Luego que el Gobierno del Estado de Baja California licitara públicamente una compra de 81 mil juegos de placas vehiculares, cancelara dicha convocatoria y posteriormente la adjudicara directamente a la empresa de un familiar de Francisco Ortiz Mena, funcionario de BANOBRAS del Gobierno Federal, evidencias en poder de ZETA demuestran que la justificación oficial no concuerda con documentos y fechas. Se señala en documentos que el permiso emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para autorizar a Lazos Internacionales la fabricación de documentos vehiculares oficiales, se expidió en 2014, a días de la adjudicación directa concedida por Valladolid. Para justificar la cancelación de la licitación pública en febrero de este año, en la cual participaron cuatro empresas, a nombre de Antonio Valladolid, secretario de Finanzas, el procurador fiscal Jaime Guerra dijo que se optó por adjudicar a la empresa Lazos Internacionales porque cumplía con los requisitos, por su experiencia, porque ofrecía mejor precio y se requería en menor tiempo. Copias de documentos dan fe que la empresa fue reactivada fiscalmente en 2013, a nombre de Carlos Ortiz Mena, hermano del funcionario del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), quien visitó Baja California para asegurar millones en inversión, tres meses después de reactivada la sociedad. Francisco Antonio González Ortiz Mena es hermano del propietario de la empresa y director de banca de inversión de BANOBRAS, quien encabeza la tarea de designación como delegado fiduciario del fideicomiso que maneja apoyos para infraestructura de las entidades federativas por parte del Gobierno de la República. En su edición 2098 (viernes 13 de junio de 2014), ZETA reveló estas relaciones familiares, ya que el accionista de Lazos Internacionales es, además, primo de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ex titular del Servicio de Administración Tributaria. 
Según copias de documentos del SAT, Lazos Internacionales declaró que su actividad preponderante es la fabricación de corcholatas, esto frente a la versión del gobierno de Baja California, que dicho proveedor poseía mucha experiencia en láminas vehiculares. Finalmente, el precio que ofreció la empresa –y con el cual se contrajo la adquisición– no fue menor al que ofrecieron otras compañías. Lo mismo, el argumento que se optó por ser necesaria de manera expedita. Se contrató en marzo y a la fecha no se han entregado los más de 81 mil juegos de láminas. Por si fuera poco, Darío Sánchez, vocero de la Asociación de Fabricantes y Documentos Oficiales de Identificación Vehicular, con sede en el Distrito Federal, explica a ZETA que la empresa beneficiada por Antonio Valladolid ni siquiera poseía maquinaria para fabricar dichos productos. Sánchez afirma tener documentos dela aduana mexicana que demuestran que entre febrero y marzo, Lazos Internacionales importó aproximadamente 200 millones de pesos en maquinaria para la fabricación de las placas. Es decir, adquirió el contrato sin contar con el equipo para producirlas. El 25 de junio, uno de los amparos federales que solicitaron las empresas afectadas (promovido por Placas Realzadas, S.A. de C.V., número 508/2014) resultó en una suspensión temporal de la compra del Gobierno del Estado de Baja California con Lazos Internacionales, es decir, mientras el juez otorga la sentencia definitiva, encontró indicios y posibilidades de violación de derechos para pedir que se detenga el proceso. En todo caso, de haber entregado las placas el proveedor, al ser un acto consumado, es probable que los Juzgados no hubieran podido revertir la compra de 16 millones 433 mil 576 pesos. El panorama empeora El vocero de la Asociación de Fabricantes y Documentos Oficiales de Identificación Vehicular informa que el 24 de junio de 2014, los representantes de la asociación, junto con los miembros de las empresas, se reunieron con el director de transporte federal, Federico Domínguez Uleaga, para platicar del tema y la preocupación de que en Baja California se estuvieran cometiendo irregularidades en la adquisición de placas vehiculares. Sánchez relata: “El funcionario federal nos recibe con la noticia de que Lazos Internacionales tiene otro contrato en Guerrero, como adjudicación directa, aludiendo a que efectivamente la empresa sí goza de experiencia, defendiéndolos. “El comentario, Federico Domínguez lo hace en defensa de Lazos Internacionales, pero en las empresas de la asociación, el resultado es completamente diferente al que esperaba. Es una práctica que podría repetirse en otros estados de la República”. Para el vocero y representante de la asociación, las fechas no concuerdan: “Esta empresa beneficiada por el gobierno de Baja California se reactivó entre junio y agosto de 2013, y a los meses luego de recibir el contrato, la SCT le otorga el permiso; empresas especializadas tardan hasta un año en que les autoricen”. La postura del funcionario federal levanta más sospechas. Darío Sánchez especula: “Con este punto, la asociación empieza a albergar la idea de que este tema, tiene mucha tela de donde cortar, que no estamos hablando solo del contrato de 16.4 millones de pesos para Baja California, sino que podría ir más allá. Más licitaciones de este tipo en toda la República Mexicana”. Como prueba, muestra los documentos donde se registra la importación de maquinaria por parte de Lazos Internacionales, la cual asciende a 200 millones de pesos en maquinaria para hacer placas. “Nos hace creer que no se hizo tal inversión para ganar un contrato de 16.4 millones de pesos”, remata. Sánchez se alarma, pues las decenas de empresas que agrupa su asociación, creen que Baja California “puede ser la punta del iceberg que puede ir más allá, tomando en cuenta el linaje que tiene el dueño de la empresa. Antonio Carlos González Ortiz Mena, y sus familiares”. — ¿Baja California fue el primer experimento para echar a andar esta estrategia? “Exactamente. Tienes un hermano del director de Banca de Inversión del FONADIN de BANOBRAS, y experimentas con uno de los estados que no es del PRI, y el otro es Guerrero, que son de banca de inversión de infraestructura. Uno, es el estado que no es de tu partido, y dos, el que necesita la mayor inversión en infraestructura”. Por último, Sánchez asegura que empresas nacionales fabricantes de placas han estado en contacto con la SCT para hacerle un extrañamiento. El representante de los empresarios confían en que el juez suspenda definitivamente el proceso, pues eso “sentaría un precedente que la empresa y el gobierno de Baja California incurrieron en irregularidades, para los demás casos que podrían darse en la República Mexicana, porque podríamos estar frente a un nuevo modus operandi para la fabricación, a beneficio de esta familia y los gobiernos”. Finalmente, en sesión del pleno del Congreso, el 3 de julio de 2014, diputados solicitaron que se revise el contrato de 16.4 millones de pesos que entregó la Secretaría de Planeación y Finanzas, a cargo de Antonio Valladolid, a la empresa Lazos Internacionales, para la emisión de placas automovilísticas. Argumentaron las irregularidades detalladas en el documento, celebrado el 28 de marzo de 2014.
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