Iván Soto Barraza fue extraditado la mañana de este jueves 31 de julio, de México a Estados Unidos. El mexicano es acusado por la Fiscalía General de Estados Unidos de asesinar a Brian Terry, agente de la Patrulla Fronteriza, el 14 de diciembre de 2010, a quien disparó en su intento de cruzar por el área rural de Nogales, Arizona. Por el delito de asesinato en primer grado – con premeditación y alevosía – Soto Barraza es uno de los seis acusados que enfrentan el juicio iniciado por la Fiscalía General de Estados Unidos. Dos de ellos se han declarado culpables de los hechos y dos más, esperan el inicio de sus juicios. El mexicano, de 31 años, fue detenido en El Fuerte, Sinaloa desde septiembre de 2013 en un operativo coordinado por agentes de Interpol, con asistencia de policías ministeriales. Desde julio de 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció una recompensa de un millón de dólares a quien proporcionara información para la captura de cuatro de los implicados, Lionel Portillo Meza, Iván Soto Barraza, Jesús Rosario Favela Astorga y Heraclio Osorio Arellanes. Estos dos últimos continúan prófugos. La primera audiencia de Soto Barraza se realizará el 1 de agosto de 2014 en Tucson, Arizona. En la acusación formal, a Soto Barraza se le imputan seis cargos, entre los que destacan homicidio en primer y segundo grado, uso y portación de un arma de fuego durante un crimen violento y ataque en contra de un oficial federal. Además del homicidio del agente Terry, a los acusados se les implica también en las agresiones en contra de los agentes fronterizos William Castaño, Gabriel Fragoza y Timothy Keller, quienes se encontraban con el agente Terry durante el tiroteo. Por estos delitos, Manuel Osorio Arellanes, quien se declaró culpable, recibió una sentencia de 30 años en prisión, en febrero de 2014. Su hermano, Rito Osorio Arellanes, quien se encontraba en custodia durante el enfrentamiento entre la Patrulla Fronteriza y el grupo de mexicanos, también se declaró culpable de conspiración y fue sentenciado a ocho años de prisión, en enero de 2013. Organizaciones civiles como la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés), han exhortado a las autoridades estadounidenses a actuar con la misma presura en las investigaciones de migrantes muertos en manos de agentes de la Patrulla Fronteriza. El 29 de julio de 2014, apenas, este organismo presentó una demanda federal en contra de los agentes que dispararon en contra de José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, quien murió en territorio mexicano a raíz de los disparos de los estadounidenses, en enero de 2012. A nombre de la madre del joven mexicano, la asociación civil sostiene que el homicidio fue “descarado y sin ley”, ya que los agentes justificaron los disparos hacia suelo mexicano porque un grupo de personas desde México, les lanzó piedras.
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