El Cabildo de Tijuana aprobó la reestructuración de una de las deudas públicas de Tijuana y requerir un nuevo financiamiento de 320 millones de pesos, en sesión del 28 de junio de 2014. El objetivo de ambos procesos financieros es dar al municipio la liquidez necesaria para sufragar parte del costo de la ruta troncal, obra que por ser “una promesa de campaña del presidente Enrique Peña Nieto, es necesario hacer”, argumentó el gobierno de Tijuana. Para ello, el municipio contraerá una nueva deuda de 320 millones de pesos, financiada por el Banco Mundial a 15 años, con una mensualidad de un millón 471 mil pesos mensuales y dos años de periodo de gracia respecto al pago de capital. Es decir, por este crédito, el gobierno de Astiazarán solo pagará al mes 882 mil pesos de intereses. Los mil 475 millones que se adeuda a BANOBRAS serán reestructurados siete años y medio más. La forma en que se planteó la reestructura generó una acalorada y larga discusión por parte de los regidores, iniciada por Héctor Riveros, quien cuestionó en qué momento la Comisión de Hacienda discutió el documento de la reestructura. Visiblemente molesto por la falta de transparencia en las cuestiones que se discuten al seno de la comisión de la cual también forma parte, el edil señaló que el punto de acuerdo presentado ante el Cabildo para analizar el refinanciamiento “no corresponde a lo acordado (por la comisión)”. Omar Sarabia Esparza pidió someter a plebiscito la aprobación del nuevo refinanciamiento y realizar ajustes en el gasto corriente del municipio con el objetivo de lograr ahorros para que sea menor el préstamo requerido. Su petición no fue atendida, con dos votos en contra de Omar Sarabia y María del Refugio Lugo Jiménez y una abstención de Héctor Riveros, se aprobó la reestructura, sin antes someter al cabildo la realización de una consulta ciudadana. Durante la sesión, el regidor Héctor Riveros renunció a su cargo como vocero de la Comisión Especial y de cuyos trabajos realizados al respecto dijo “desconozco las prácticas dilatorias para dar a conocer los resultados de dichos trabajos”. La comisión fue conformada para analizar la situación de la Calle Segunda, las supuestas extorsiones por parte de funcionarios de Sindicatura Procuradora al presidente Jorge Astiazarán, suspensiones a tres funcionarios emitidas por la misma fiscalía municipal y los contratos incumplidos por Sola Basic en el tema de las luminarias. De los cuatro puntos se entregó un dictamen a Sindicatura Procuradora y aunque al momento de su conformación, se dijo que los resultados se darían a conocer de forma inmediata, hasta la fecha no han sido presentados. En la sesión extraordinaria del sábado 18 el presidente municipal se comprometió a dar a conocer esta semana dichos resultados, pero hasta el cierre de la edición continuaba sin informar sobre ello.
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