El abogado Fernando Gómez Chávez, quien ha prestado sus servicios al Nuevo Centro de Población Ejidal “Ojo de Agua” desde 1996, aseguró que los ejidatarios inconformes ante el pago de sus honorarios del 15 por ciento del terreno ejidal conocen los contratos y firmaron de conformidad con los mismos. Lo anterior a pesar de que dichos integrantes del ejido han manifestado lo contrario a ZETA en distintas ocasiones. Gómez Chávez aseguró que el acuerdo al que se comprometió con el Ejido fue de cuota Litis, es decir, él asumió los gastos y costas de los juicios promovidos para la regularización de la tenencia del terreno ejidal a cambio del porcentaje señalado de obtener un resultado favorable. Exhibió copias de las actas de asamblea correspondientes al 11 de abril de 2010 en que se acuerda un aumento del 10 por ciento de las tierras ejidales como pago al abogado y del 8 de junio de 2014 en que se ratificaron las condiciones de su contratación. Ambas se encuentran firmadas por varios de quienes se han conformado como grupo inconforme al interior del ejido, como lo son Leónidas Cortés, Juan Daniel Salas Rubio, David García, Pedro Cortez Pérez y Jesús Briseño, entre otros, por lo que Gómez Chávez aseguró que los disidentes cuentan con pleno conocimiento de los términos de su contratación. Tal como señalaron los ejidatarios quejosos a ZETA, la hoja en que se encuentran las firmas tan solo cuentan con el encabezado “Firmas Acta 8-Jun-14”, sin especificar de mayor manera el asunto del cual se acuerda, razón por la que iniciaron un par de juicios agrarios para desconocer el acta y otra más de fecha 30 de junio de 2012 en que se aceptó la inclusión de 17 nuevos ejidatarios. Sin embargo, el artículo 31 de la Ley Agraria tan solo exige la firma de los miembros del Comisariado Ejidal para su validez, sin descartar que los ejidatarios que deseen también firmar de conformidad o bajo protesta lo hagan. Respecto a la inclusión de nuevos miembros del ejido, Gómez Chávez declaró: “Fueron incluidos mi esposa y mi hijo porque ningún ejidatario puede tener más de un 5 por ciento del terreno ejidal, según la restricción legal del artículo 47 de la Ley Agraria”. Sobre la intención de expulsar del ejido Ojo de Agua a los quejosos que de manera pública se han manifestado, mencionó que no se tratará de una decisión arbitraria porque se discutirá el domingo 28 de junio en asamblea. “Yo me comprometí a ganar el juicio de amparo 2457/92 y lo logré, y como contraprestación está la entrega del 15 por ciento de la superficie del Ejido…si el cumplir sus obligaciones les molesta, qué lamentable”, concluyó el abogado. Por su parte, Jesús Briseño, uno de los ejidatarios inconformes, reiteró que las actas “se están combatiendo” y que las firmas que el abogado muestra pueden haber sido parte de una lista de asistencia. Además, que al no haber sentencia del juicio de amparo con la que se ordenaría el pago de efectivo a los ejidatarios en sustitución de las hectáreas del ejido, no tendría por qué dársele una parte del terreno. Agregó que de determinarse su salida del ejido el próximo 28 de junio buscarían a un representante de la Procuraduría Agraria para iniciar una investigación de las actas.
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