La Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, encabezada por el diputado Andrés de la Rosa Anaya, violó la Ley en la materia al “olvidar” emitir la convocatoria seis meses antes que concluya el periodo y para suceder a la actual presidenta de la CEDH, Melba Adriana Olvera, quien terminará su encargo en mayo próximo. Lo que es una omisión importante, parece que no tendrá responsabilidad de ningún tipo y al final se hará todo como se ha acostumbrado en esta Legislatura: fuera de tiempo y con “fast-track”
En los casi tres años que cumple la Legislatura XXII, son pocas las acciones concretadas en beneficio de los Derechos Humanos. La más destacada es la reciente aprobación de la Ley de Víctimas –Baja California fue el último Estado del país en aprobarla- cuyos alcances son muy reducidos, según la opinión de varios expertos en la materia.
Publicidad
Sin embargo cuenta con episodios negros como la iniciativa del diputado José Félix Arango, para devolver al Código Penal del Estado, los delitos contra el honor, considerados obsoletos por instancias internacionales y cuya tendencia nacional es derogarlos.
La lista de retrasos y omisiones de los actuales diputados es larga. Cabe recordar el retraso en los nombramientos de los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso en el periodo anterior, lo que generó se paralizara el trabajo legislativo; o bien, cuando se les vino el tiempo encima para la selección de los nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura, el cual sacaron apenas a tiempo.
La última pifia de legisladores es que se les “olvidó” emitir la convocatoria para el proceso de selección del nuevo titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), actualmente encabezada por Melba Adriana Olvera, quien cumpliría su encargo en mayo del 2019, luego de cuatro años de gestión.
Publicidad
El alcalde Gustavo Sánchez Vázquez, comentó que deben respetarse los tiempos en el congreso del estado.
En el artículo 12 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, en su primer apartado, establece que seis meses antes de concluir el cargo, el Congreso del Estado debe emitir una convocatoria para el registro de aspirantes.
Pese a ello, a casi tres meses que se concluya el periodo 2015-2019, no existe un solo avance en el tema, lo que reducirá sustancialmente el tiempo de evaluación de perfiles a la Presidencia de la CEDH.
Para el titular de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Raúl Ramírez Bahena, no es una falta mayor, pero afirmó que se trata de una omisión importante por parte de legisladores, que ahora tendrán menos tiempo para definir un cargo que anteriormente era una cuota política, y que espera prevalezca el interés ciudadano y apartidista del nombramiento.
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LA OMISA
Aunque la Ley no contempla sanciones de ningún tipo en caso de cometer una omisión de esta naturaleza, la responsabilidad recae directamente en el diputado Andrés de la Rosa Anaya, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Poder Legislativo, la cual se encargaría de emitir la convocatoria, recibir a los aspirantes y revisar que se cumplan con los requisitos de cada uno.
A más de dos meses de cumplida la fecha, la Comisión de Gobernación apenas se prepara para emitir la convocatoria, lo cual podría tardar todavía una o dos semanas. Eso si no existen retrasos de cualquier naturaleza como la falta de quórum que se ha registrado ya en dos ocasiones.
Al respecto, la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Triny Vaca Chacón, responsabilizó a los legisladores de Gobernación por el retraso en el tema, ya que –aunque en el nombre le correspondería a su comisión- nada puede hacer para acelerar los tiempos. Sin embargo, reconoció que ya han sostenido reuniones al respecto.
Agregó que existen algunos temas que ocuparon la agenda legislativa, los cuales también tenían términos fatales, además de haberse atravesado el periodo vacacional.
Por su parte, el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez –quien fuera promotor de dicha Ley cuando fue diputado- aseveró que es importante que el Congreso del Estado respete los tiempos que corresponden a dicha convocatoria y comentó que se definieron seis meses para esta responsabilidad, debido a que se trata de un cargo de suma importancia.
Comentó que cuando le correspondió llevar a cabo dicha tarea se revisaron 16 perfiles, los cuales fueron entrevistados y analizados minuciosamente, con lo que se pudo obtener el mejor resultado al nombrar a una persona sin afinidades partidistas, como lo es Melba Adriana Olvera.
“Esa posición era un botín político de todos los partidos”, afirmó el hoy Presidente Municipal.
Ante ello, Melba Adriana Olvera, consideró que si bien es una omisión, no se trata de un error severo e irreversible, por lo que debería emitirse la convocatoria conforme los tiempos que decida la Legislatura.
“No es una omisión severa, desconozco los motivos, sólo lo responderían los diputados. Saben que tienen que salir, lo están haciendo”, remató la titular de la CEDH, quien afirmó que sostendría en próximos días una reunión con el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso para impulsar este tema, del que ya estaban enterados.
En el mismo sentido se manifestó Raúl Ramírez Bahena, quien aseveró que la antigua Ley contemplaba menos tiempo para emitir una convocatoria, e incluso señaló que seis meses es mucho tiempo, por lo que confía en que dicho retraso no afecte la selección del mismo.
COMISIÓN DE DDHH DEBE SER DICTAMINADORA: VACA CHACÓN
Para que el Congreso del Estado de un paso adelante en materia de legislación de Derechos Humanos, se debe permitir a la comisión poder dictaminar de manera independiente, según las consideraciones de la diputada panista, Trinidad Vaca Chacón.
Dicha comisión ha sesionado apenas dos veces en lo que va de la Legislatura, pero consideró que es momento de darle un verdadero peso desde el seno del Congreso del Estado.
Andrés de la Rosa, diuptado local.
“Fíjate que con las nuevas reformas y el tema constitucional a que se llevó la comisión posiblemente sea un tema que yo ponga en la mesa (dictaminar), que estén dentro de la Constitución y que sea ese rango, creo que tu pregunta encierra una obligación para poner ese tema en la mesa y que se vea como término constitucional”.
Vaca Chacón agregó que esta situación podría dar el empuje necesario a solicitar más poder para dicha comisión, lo que sería benéfico para legislar en la materia.
Sobre el retraso registrado se dijo respetuosa, pero señaló que estarán atentos para intervenir y compartir opiniones con los encargados de emitir la convocatoria y de revisar los perfiles de los aspirantes.
Sobre la necesidad de reforzar la legislación al interior del Poder Legislativo, Melba Adriana Olvera, también respetó el trabajo de los diputados, y se limitó a decir que desde su trinchera es evidente que pensará en favor de subir más la agenda de los Derechos Humanos en cualquier escenario, sobre todo en el ámbito público.
“Quienes defendemos Derechos Humanos, obviamente queremos que sea dictaminadora, pero la agenda principal del Congreso sea defender la dignidad humana y cualquier espacio de los servidores públicos es promover y respetar los derechos humanos”.
LAS PIFIAS DEL CONGRESO Y LOS DDHH
Para el presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Raúl Ramírez Bahena, el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo ha cometido severas omisiones en materia legislativa en diversos temas, entre ellas la criticada Ley de Víctimas, que no ha instalado las mesas de trabajo y que permite –su legislación vigente- al Gobierno del Estado tener influencia directa en la designación de sus representantes.
Del mismo modo, la Comisión Estatal de Búsqueda, un organismo que debería totalmente independiente, también corre por cuenta del Poder Ejecutivo, ya que son ellos quienes evalúan los perfiles para ocupar los cargos.
En el mismo sentido, indicó que entre los requisitos para ostentar estos puestos es necesario contar con título profesional, lo que ha dificultado la selección de representantes, ya que hay gente experimentada en el tema que no cuenta con los estudios requeridos –este lineamiento se establece en la Comisión Nacional de Búsqueda-.
La Presidenta de los DDHH, dijo que además de ello aún se requieren avances en la armonización legislativa en favor de la mujer, el lenguaje incluyente, una verdadera legislación con perspectiva de género, además de dar el paso a la Cuarta Generación de Derechos como lo son la data digital, la seguridad digital, el derecho a la determinación informativa, entre otros temas relevantes. Agregó que -además de la legislación- es necesario “echar a andar” las leyes a través de la política pública.
Otro de los puntos donde el Congreso del Estado dejó a deber fue cuando el diputado José Félix Arango, intentó devolver los delitos contra el honor al Código Penal, los cuales fueron trasladados al Código Civil y que representan un gran avance en materia de libertad de expresión.
Aunque la iniciativa terminó “congelada”, generó alertas por agrupaciones como Artículo 19, que consideraron un retroceso severo el intentar promover esta medida.
REQUISITOS Y PROCESO DE SELECCIÓN
Quien ocupará el cargo a partir del primero de junio próximo, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce de sus derechos civiles; tener una residencia no menor a cinco años; acreditar la capacidad y experiencia de por lo menos cinco años en materia de derechos humanos o actividades en beneficio de los mismos; no haber desempeñado ningún cargo público en rango de dirección, ya sea nacional o estatal, ni tener algún puesto dentro de un partido político por los últimos cinco años.
El presidente del tsje, salvador ortiz morales, la diputada triny vaca, el magistrado isaac fragoso y la presidenta de la cedh, melba adriana olvera
Tampoco se permite haber sido secretario o subsecretario de Estado, ni haber ocupado un cargo dentro de las instituciones de seguridad pública o procuración de justicia, en el mismo periodo. No haber sido condenado por un delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión, o bien, que sea sancionado por la comisión de un delito como robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama.
El próximo presidente deberá gozar de buena reputación y elevado prestigio profesional, además de preferentemente ser licenciado en derecho con una antigüedad mínima de cinco años.
Cumplidos los requisitos pasará a la etapa de entrevistas donde hablará de su experiencia profesional en la materia, además de responder las inquietudes de los legisladores. La última vez hubo 16 aspirantes que fueron revisados minuciosamente.
El siguiente paso será llevar la lista de aspirantes a consulta pública con otros organismos públicos y privados promotores de los derechos humanos, para que en un tiempo razonable se pronuncien al respecto.
Con base a las opiniones de los expertos y las entrevistas, se elegirá al próximo titular del organismo ciudadano, cumpliendo con dos terceras partes de los diputados presentes.
