El Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe aclarar la confusión que crearon las declaraciones de sus propios funcionarios respecto a cuándo entró en vigor el estímulo fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 43 municipios de la zona fronteriza norte, con el fin de evitar que el decreto se “sumerja en la nada”, y se vuelva infuncional.
En opinión de Adolfo Solís Farías, abogado fiscalista, las declaraciones expresadas en días pasados por funcionarios del SAT generó desconcierto, ya que en una primera versión indicaron que el estímulo entraría en vigor el 7 de enero, fecha en la que la autoridad emitió las reglas de operación del decreto, y en una segunda “sale un funcionario irresponsable y contra lo que dice el decreto señala que entrará en vigor hasta que el SAT autorice”.
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Es decir, “el problema es que los funcionarios declararon otra cosa que ni siquiera está en el decreto”, sostuvo el especialista, quien explicó que el decreto y las reglas para su operación establecen claramente que las empresas podrían empezar a aplicar el IVA al 8% a partir del 1 de enero de 2019, con tan sólo enviar un aviso a la autoridad.
No obstante, derivado de las declaraciones de los funcionarios, algunos contribuyentes facturaron el IVA al 16% y posteriormente pretendieron hacerlo al 8%. O por el contrario, aplicaron el estímulo fiscal del IVA al 8% y luego regresaron a facturar al 16%.
Ello, pese a que en el propio decreto y en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación en su último párrafo señala que cuando las disposiciones fiscales establezcan opciones para su cumplimiento, la elegida por el contribuyente no podrá variarla en el ejercicio. Lo que significa que si facturaron al 8% no podrán regresar al 16% del IVA y viceversa, precisó.
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Fotos:Eduardo Andrade
Al reunirse con los integrantes del Grupo 21, Solís Farías comentó que hizo una petición a funcionarios de primer nivel para que antes del 30 de enero el SAT emita una regla en la que se indique que quienes facturaron con doble tasa no tendrían problemas, porque si la dependencia no aclara “este desastre que hicieron sus propios funcionarios, que activaron una bomba, esto se va a salir de control, porque ya nadie quiere aplicarlo, porque el SAT generó incertidumbre”.
El especialista apuntó que el decreto establece también cuatro meses para cancelar, corregir, y emitir comprobantes, por lo que, aconsejó a los contribuyentes que hicieron facturas al 16% y más tarde enviaron el aviso para aplicar la tasa del 8% del IVA que cancelen las primeras, y vuelvan a emitirlas con la tasa del 8%, pues si bien implica un costo administrativo, protege a las empresas ante cualquier auditoría del SAT respecto a la aplicación de este estímulo fiscal.
Respecto al estímulo fiscal de Impuesto Sobre la Renta (ISR), Solís Farías señaló que el decreto cuenta con “tantos candados que es infuncional”, aunado a que su aplicación necesita autorización y ceder a una revisión en tiempo real. “Van a tener acceso a toda mi operación (como contribuyente) para verificar el cumplimiento del decreto”.
En otro tema, Solís Farías señaló que el Gobierno del Estado de Baja California no proporcionó información “clara”, a nivel partida y de dependencia al Consejo Consultivo Financiero de Emergencia. De modo que, éste no pudo hacer un diagnóstico sobre la crisis financiera que atraviesa la entidad.
Cabe señalar que el Consejo Consultivo Financiero, acordado el 19 de diciembre de 2018 por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y empresarios, pretendía analizar y proponer estrategias que resolvieran la crisis financiera del Gobierno del Estado.
