Con una votación de 196 votos a favor -del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza-, 146 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó este lunes, en lo particular, la Ley General de Comunicación Social, con la que se cumplió la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de legislar en materia de publicidad oficial.
Previo a la aprobación, diputados del Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano (MC) subieron a la tribuna para manifestarse en contra de la legislación, al acusar que la misma no atiende los lineamientos dictados por la SCJN en la materia, además de que “institucionaliza la práctica del ‘chayote’” entre medios de comunicación y los gobiernos.
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El Congreso de la Unión tenía hasta el 30 de abril para expedir la Ley que regule la publicidad oficial, por orden de la SCJN, que falló en ese sentido en noviembre pasado y que activistas indicaron que se debió tomar en cuenta a la sociedad, para que se regulara debidamente el gasto en comunicación social de los gobiernos.
Organizaciones, medios de comunicación independientes, periodistas y personas, unidas a través del colectivo #MediosLibres, acusaron que el PRI, PVEM y PANAL simularon discutir la Ley en busca de cumplir con un formalismo, para no caer en el desacato ante la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
#MediosLibres acusó que el dictamen no atiende los problemas que supone la publicidad oficial, como ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales en México, la asignación discrecional de recursos públicos millonarios y la utilización para fines proselitistas o electoreros, entre otros.
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Según Fundar, los diez medios y empresas que han ganado más dinero por concepto de Publicidad Oficial durante el Gobierno Peña Nieto hasta 2017 son: Televisa, con 6 mil 680 millones de pesos; Estudios Azteca, que ha obtenido 3 mil 939 millones; la estadounidense Starcom Worldwide, con mil 298 millones de pesos.
Además de Estudios Churrusco Azteca, que recibió mil 270 millones; Grupo Fórmula, con mil 045 millones; El Universal, con mil 007 millones; Excélsior, al que le dieron 989 millones 969 mil pesos; la subsidiaria mexicana de Starcom Worldwide, que ha recibido 815 millones 811 mil pesos; Organización Editorial Mexicana (OEM), 802 millones; y SPR del Estado Mexicano, con 693 millones 344 mil.
Ante ello, organizaciones y defensores de derechos humanos exigieron a través de una petición en la plataforma Change.org, que se detuviera la aprobación de la llamada #LeyChayote en la Cámara de Diputados, porque perpetúa, aseguraron, todas las malas prácticas en los pagos de publicidad de los gobiernos a los medios de comunicación.
Los firmantes señalaron que los diputados federales “piensan mantener la discrecionalidad con la que los gobiernos y dependencias otorgan dinero público a un puñado de medios de comunicación a cambio de que se cuente lo bueno que casi no se cuenta”.
La petición, dirigida a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, iniciada por el activista Alfredo Lecona Martínez, señalaba que las diputadas y diputados “piensan mantener la discrecionalidad con la que los gobiernos y dependencias otorgan dinero público a un puñado de medios de comunicación”.
En la petición, los firmantes acusaron que los funcionarios simularían cumplir con la sentencia realizada por la Suprema Corte de Justicia de Nación, por la cuál deberían generar una Ley que combata y regule el problema de la publicidad oficial.
“Enrique Peña Nieto prometió en campaña acabar con la discrecionalidad de la publicidad oficial y muy contrario a ello, terminará su sexenio erogando casi 65 mil millones de pesos en propaganda”, cantidad de dinero pudo servir para construir 380 clínicas para tratar el cáncer de mama, señaló la petición.
“De ese tamaño es el agravio y de ese tamaño es nuestra responsabilidad para exigir que se detenga la aprobación de la #LeyChayote y que los legisladores escuchen a las organizaciones de la sociedad civil y a los periodistas”, agregaron los firmantes.
Ayer, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se refirió al dictamen aprobado por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados en materia de propaganda gubernamental, como un “golpe a la libertad de expresión”
El SNA rechazó el dictamen debido a que no cumple con los criterios de “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez a los que obliga la Constitución”, y agregó que debe modificarse antes de someterse a votación en el pleno de los legisladores, lo que no sucedió.
