Hace unos días, la Jueza Blanca Evelia Parra, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal, otorgó un amparo a uno de los hijos del sentenciado, asesino de Héctor Félix, Jorge Vera Palestina, para dejar sin efecto una orden de aprehensión dictada en Guadalajara, Jalisco, por delincuencia organizada contra Jorge Mario Vera Ayala. En 2011, la misma juzgadora dejó en libertad a Jorge Hank Rhon y sus escoltas que fueron detenidos por acopio de armas, y en 2012 concedió un amparo a Irasema López, acusada de narcotráfico y esposa de Carlos Olivas Castillo “La Rana”, señalado integrante de Los Zetas que puso a la mujer en libertad. Aparte se amparó para que el Ayuntamiento de Tijuana le regresara el pago del impuesto predial
Varias de las resoluciones de la Jueza Federal Blanca Evelia Parra Meza, ex titular del Juzgado Noveno de Distrito y actualmente en el Juzgado Tercero de Amparo en Materia de Juicios Federales en Tijuana, quien falló un juicio de garantías en favor de Jorge Mario Vera Ayala contra una orden de aprehensión por delincuencia organizada, han estado en el centro de la polémica.
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Ningún asunto tan controvertido como la liberación de Jorge Hank Rhon, al que dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar aquel 13 de junio de 2011, días después que el político y empresario del juego y la apuesta fue detenido en su casa, dentro del hipódromo, donde fueron localizadas 88 armas de fuego.
La jueza estimó que durante la etapa de preinstrucción, Hank y sus coacusados lograron acreditar su versión exculpatoria y decretó su detención como ilegal. Con videos presuntamente editados que proporcionó la defensa del casinero e inconsistencias en los horarios, distancias y lugares referidos por los militares aprehensores, Parra Meza consideró “claras, suficientes y contundentes”, las pruebas para desvirtuar la denuncia de los hechos.
También se cuestionó el actuar de la funcionaria judicial, cuando en agosto de 2012 obsequió un amparo a Irasema López, pareja sentimental de Carlos Oliva Castillo “La Rana”, jefe de sicarios de Los Zetas y presunto autor material del incendio del Casino Royale en Monterrey, Nuevo León, donde murieron 52 personas. La mujer, aunque no estaba involucrada con la tragedia, fue detenida el 13 de octubre de 2011 en Saltillo, Coahuila, en poder de paquetes de marihuana y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
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Debido a que Irasema fue trasladada a finales de diciembre de 2011 al Cereso de La Mesa, en Tijuana, su defensa presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito en Baja California. La entonces titular, Blanca Evelia Parra concedió el amparo al considerar que se violó el debido proceso de la inculpada, a quien se le tomó su declaración preparatoria hasta el 16 de enero de 2012.
El fallo facultaba la excarcelación de la presunta narcotraficante.
Otro asunto denunciado en este Semanario a principios de 2017, fue el sobreseimiento de un juicio de amparo promovido por los dueños de una considerable porción de terreno en la zona conocida como El Monumento, despojada por autoridades municipales de Tijuana y el “Fideicomiso Promotora Municipal Tijuana”. La jueza estableció que los actos de privación del derecho de propiedad y posesión de predios señalados por el quejoso, no existían, pese a las pruebas que se ofertaron para acreditarlos.
El afectado aseguró que si bien la impartidora de justicia no puso en duda la propiedad de los predios a su favor, por todas las documentales exhibidas que así lo acreditaban, sí consideró que no comprobó que el Fideicomiso se encontrara en posesión de los mismos. El quejoso interpuso el recurso de revisión y en el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, los magistrados le dieron la razón y revocaron la resolución de Parra Meza para concederle el amparo.
“Las pruebas allegadas al juicio de amparo desvirtúan la negativa de actos vertida por las autoridades responsables y acreditan que la titularidad de los derechos reales sobre el predio en cuestión, corresponde al quejoso. Asimismo se evidencia que las responsables se encuentran realizando actividades de urbanización y lotificación, sin título que respalde tales actos ni consentimiento del accionante, por lo que se pone de manifiesto la vulneración en la esfera constitucional del quejoso. El fideicomiso señalado como autoridad responsable sí es tal para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5, fracción II de la Ley de la materia”, resolvieron los magistrados. Todo lo contrario a la jueza.
La misma Blanca Evelia Parra se convirtió en usuaria de la justicia federal en febrero de 2016, cuando solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión para luchar jurídicamente contra las autoridades municipales de Tijuana, por lo que consideró como un cobro excesivo del impuesto predial y reclamó la devolución del dinero que ya había pagado.
Su colega, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, le favoreció en la sentencia y concedió el amparo a la jueza para que la comuna tijuanense le devolviera la cantidad de nueve mil 125 pesos, dinero que había desembolsado como pago de predial de unos terrenos en el Fraccionamiento Compuertas, con un valor de casi un millón de pesos (999 mil 997, en 2009) con una superficie de 872 metros cuadrados.
