Recién se celebró el 101 aniversario de la Constitución de 1917. Pretendo demostrar que el sistema de reformas de la Constitución actual está tan descompuesto que huele a podrido.
En principio, de acuerdo a la clasificación de Bryce, quien considera que las constituciones se dividen en rígidas y flexibles; las primeras se denominan así porque tiene un procedimiento especial y complicado para su reforma; las segundas porque se reforman tan fácil, como se aprueban las leyes federales, sin ningún quórum de votación especial y sin participación de los congresos estatales.
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La mexicana sería rígida, tiene un procedimiento especial y teóricamente es difícil reformarla porque se requieren las dos terceras partes de los legisladores en ambas cámaras y que voten favorablemente la mitad, más uno, de las legislaturas estatales. Al menos 18 congresos estatales la deben aprobar.
Hasta el momento, la Carta Magna mexicana tiene 706 reformas, 693 en artículos sustantivos y 13 en artículos transitorios. De la original, solo 22 artículos no han sido reformados. ¿Quiere decir entonces que no es una constitución rígida? Teóricamente sí, pero en términos reales no.
La Constitución norteamericana, de donde copiamos el sistema de reformar la Constitución, en 231 años solo se ha reformado 27 veces y la última, la 27, tardó 183 años en ratificarse. En todos los sentidos, la Constitución americana es difícil de modificarse. ¿Qué hace diferente a las dos constituciones, si tienen el mismo procedimiento de reformas? El sistema de partidos, entre otros. Mientras el sistema americano es bipartidista, México es pluripartidista. Mientras en EE.UU., los legisladores son reelectos y no dependen para postularse de la voluntad del Presidente en turno o de las cúpulas partidistas; en nuestro país es totalmente a la inversa. Antes no había reelección, ahora que la hay, muy pocos se reelegirán, pues en el caso del PRI, el Presidente impuso a sus incondicionales. De tal modo que el Presidente o de las cúpulas partidistas los designan.
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Tenemos un sistema podrido, en el cual, en los últimos años, el voto se compra con dinero o con canonjías. Voy a poner un ejemplo: las famosas reformas estructurales fueron negociadas y aprobadas en primera instancia por un minúsculo número de dirigentes de todos los partidos, quienes una vez que obtuvieron lo que buscaban, aceptaron las reformas y luego solo instruyeron a las Cámaras su aprobación. Para la aprobación de las legislaturas locales, la Secretaría de Gobernación los reunió y les dio un plazo para su aprobación, mismas que, previa consulta con cada gobernador, fueron aprobadas sin discusión.
¿Qué ganó cada quién? Se dice que a todos legisladores dinero. El PAN pidió mantener Baja California, en donde el gobierno panista había abiertamente apoyado a su candidato, lo que era motivo suficiente para anular la elección. Además, en los últimos días previos a la elección, un periódico nacional fue ayudado por el gobierno para que atacara por dos días seguidos, en ocho columnas, al candidato del PRI. ¿Quién pudo haber impulsado dicho ataque? ¿Quién tenía tanto poder para que el periódico le hiciera caso? El secretario de Gobernación.
Para cerrar el círculo, al candidato del PRI, para evitar que impugnara la elección, lo nombraron embajador. Además, el PAN siempre quiso que nuestro petróleo fuera entregado a los capitales privados, así que la reforma energética le cayó como anillo al dedo.
Otra canonjía al PAN fue aprobarle su iniciativa electoral, que es la ley vigente. Una pequeña digresión: fueron el presidente del PRI y el presidente de la Fundación Colosio a ver a Aurelio Nuño, en su calidad de jefe de la oficina del Presidente, para entregarle su contrapropuesta electoral, pero de manera tajante los paró: “No, César, ni le busques. Nos vamos a ir con la propuesta del PAN sin revisarla”; dicen que remató con gran soberbia, y el PRI, por supuesto, acató.
Por su parte, el PRD, para dar sus votos a favor, demandó la permanencia y aumento del fondo metropolitano en el presupuesto, que es algo así como alrededor de 10 mil millones de pesos, pensando que, con tan grandiosa cantidad de dinero adicional, podrían tener un financiamiento político para sus actividades partidistas y así mantener en su poder la ciudad de México.
Por eso es un sistema de reforma constitucional pervertido, porque unos cuantos se han apoderado de la capacidad de reformar la Constitución y las leyes. Mientras este sistema viciado se mantenga, la Constitución se reformará de acuerdo a los intereses de las élites y no los del pueblo. Esa es la razón por la cual digo que es un sistema podrido.
Amador Rodríguez Lozano, es tijuanense. Ha sido dos veces diputado federal y senador de la República por Baja California; fue también ministro de Justicia en Chiapas. Actualmente es consultor político electoral independiente y vive en Tijuana. Correo:amador_rodriguezlozano@yahoo.com
