El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, denunció que el Gobierno de Enrique Peña Nieto pretende cambiar a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez -ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), Número 9, en Ciudad Juárez, para así ponerlo en libertad condicional.
“Desde Monterrey, advierto de la treta que el Gob. Federal @PGR_mx ha puesto en marcha para tratar de poner en libertad condicional a Alejandro Gutiérrez Gtz. 1.- Cambiarlo a un penal federal para tenerlo bajo su control; 2.- Luego atraer caso “por tortura”, con nueva Fiscalía”, denunció Corral Jurado en su cuenta de la red social Twitter, donde agregó que este domingo ofrecerá una conferencia de prensa sobre la supuesta estrategia del Gobierno de Peña Nieto.
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Gutiérrez Gutiérrez se encuentra preso en el Centro de Readaptación Social (Cereso) estatal, Número 1, en Aquiles Serdán, en Chihuahua, y fue detenido en Saltillo, Coahuila, el 20 de diciembre del año pasado. Se encuentra recluido por dos procesos penales de presunto peculado agravado, uno por 250 millones de pesos, 246 de los cuales se triangularon, supuestamente, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacia la administración del ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez.
Todo ello a través de empresas fantasma, y después entregados al PRI para las campañas estatales del 2016, en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. Por esta investigación, Gutiérrez Gutiérrez recibió seis meses de prisión preventiva. Mientras que el segundo proceso es porque una empresa propiedad del también ex senador, supuestamente recibió un millón 740 mil por servicios que nunca prestó, por lo que se le dictó la medida cautelar de un año de prisión preventiva.
El diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje en el que afirmó que Gutiérrez Gutiérrez era un “aliado” del presidente Enrique Peña Nieto. Además, citó documentos a los que tuvo amplio acceso en los que se vincula a Manlio Fabio Beltrones Rivera, ex presidente nacional priista, como la cabeza de un amplio plan para saquear el dinero público y destinarlo a las campañas estatales del PRI en 2016.
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Por ello, el gobernador Javier Corral Jurado acusó de forma directa al Gobierno Federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, de una represión contra su estado, por las investigaciones que lleva a cabo sobre probables delitos de corrupción del ex mandatario estatal, César Horacio Duarte Jáquez, y de posible desvío de recursos al PRI.
El gobernador chihuahuense acusó que el Gobierno de Peña Nieto no quiere detener a César Duarte, pero si detiene los recursos para el estado, ya que hay “una evidente intención” de “estrangular” a Chihuahua, además de que se está utilizando a la SHCP, como “instrumento de control político” contra los mandatarios estatales que investigan hechos de corrupción.
Corral Jurado narró que el pasado 4 de enero sostuvo una reunión con el titular de la SHCP, José Antonio González Anaya, y con otros altos funcionarios de Hacienda Federal, y que en ella se le comunicó que no le serían depositados 900 millones de pesos de participaciones federales que le corresponden a Chihuahua.
“Nos deben 900 millones de pesos, 700 del convenio firmado el 4 de diciembre para el saneamiento financiero, más 120 del programa de saneamiento financiero para enero, más 80 de otros tres convenios”, afirmó Corral Jurado.
El pasado 20 de enero, el gobernador inició junto a ciudadanos y líderes políticos de Chihuahua, una marcha, de la fronteriza Ciudad Juárez, a la Ciudad de México, que denominó: “Caravana por la Dignidad Unidos con Valor contra la Corrupción”, y que tiene como objetivo central, combatir la corrupción y el pacto de impunidad que “han detenido el desarrollo social y económico de México”.
LA FISCALÍA ANTITORTURA DE LA PGR
Corral Jurado también denunció que la Procuraduría General de la República (PGR) quiere atraer el caso de Gutiérrez Gutiérrez por la supuesta tortura que han venido cometiendo contra el ex secretario general adjunto del PRI, tal como lo ha venido denunciando su abogado, Antonio Collado Mocelo.
Ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que solicitó al Gobierno del estado de Chihuahua, implementar medidas de protección a favor de Gutiérrez, ante las probables violaciones cometidas en su agravio por servidores públicos del Centro de Readaptación Social (Cereso) estatal, No. 1, en Aquiles Serdán, Chihuahua.
Collado Mocedo denunció que se está cometiendo un acto de tortura sistemático contra su cliente, una “tortura psicológica” al privarle de sus derechos, restringiéndole las visitas de sus familiares y prohibiendo el acceso al equipo legal.
Además, que el litigante aseguró que elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua han presionado a Gutiérrez Gutiérrez para que acceda a ser testigo protegido, y denuncie al ex titular de la SHCP, Luis Videgaray Caso, así como al ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera.
Le han dicho “que ya coopere, que mencione que Beltrones y Videgaray fueron los que organizaron todo [presunto desvío de recursos], que si no lo hace lo van a tener ahí guardado por años, que piense en su familia, ya que lo pueden mandar al área de población general donde se encuentran personas muy peligrosas de diferentes bandas delictivas”.
La PGR anunció el viernes 26, la creación de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura (FEIDT), que sustituirá a la Unidad Especializada que funcionaba desde el 2015 para perseguir este delito a nivel federal.
El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, publicó ese mismo día, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo de creación del nuevo organismo, el cual estará adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
La Fiscalía empezó a funcionar a partir de ayer sábado, en relevo de la Unidad Especial en Investigación del Delito de Tortura (UEIDT), creada el 27 de octubre de 2015. La constitución de la nueva área investigadora responde a las obligaciones previstas en el Artículo 55 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El apartado señala que las Procuradurías deberán crear Fiscalías Especiales con plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución dichos delitos, con agentes del Ministerio Público, policías, servicios periciales y técnicos especializados.
Según el acuerdo suscrito por el encargado de despacho de la PGR, el titular de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura (UEIDT) permanecerá como titular de la FEIDT, hasta en tanto la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia establezca el perfil que deberá cubrir para ser titular de la Fiscalía, en cuyo caso se evaluará su continuidad en el cargo.
Al mismo tiempo, las investigaciones por tortura que se hayan iniciado en la UEIDT y la Visitaduría General de la PGR deberán ser remitidas a la nueva Fiscalía en un plazo de 120 veinte días, previa validación de la información que señale que existen indicios mínimos para investigar este delito, señala el documento.
-Con información de Reforma, Diario de Juárez, Vanguardia de Saltillo.
