Maestros estafados por Vivienda Magisterial son desalojados, mientras el coordinador del programa es funcionario del SEE

Fotos: Cortesía.- Los sacan de sus viviendas
 
Ezenario Lunes, 11 Diciembre, 2017 12:00 PM

Maestros de la Sección 37 -adherentes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)- fueron desalojados de las viviendas en las que iniciaron procesos de compra -inconclusos-, hace más de 20 años, a través de un proyecto que llevó a cabo la asociación civil Vivienda Magisterial, programa coordinado por Eduardo Álvarez, quien labora en el Sistema Educativo Estatal -SEE- .

Fue a principios de los noventa cuando Vivienda Magisterial, en conjunto con la empresa Tecno Casas y Bancrecer, pactaron la construcción de 256 viviendas que, mediante créditos, serían asignadas a maestros estatales que se integraran a este proyecto.

El pago de los créditos lo recibía la asociación civil, la cual se encargaría de realizar los depósitos a la empresa constructora y al banco, lo cual no cumplió, por lo que los profesores acreditados fueron demandados y embargados por Tecno Casas.

Demandar a la asociación por estafa, recomiendan

Mientras la problemática legal continuaba, Vivienda Magisterial continuó otorgando cartas de asignación de las casas a los maestros que estaban en la lista de espera, quienes pagaron 50 mil pesos para su asignación. Al mismo tiempo, Tecno Casas vendió la cartera vencida a otra empresa, NPL Inversiones.

El abogado Carlos Enrique Gómez Preciado, representante de NPL Inversiones, detalló a ZETA que para no perjudicar a todos los maestros, seleccionaron al azar un total de 56, con quienes se comprometieron liberarles sus casas a cambio de una suma promedio de 300 mil pesos. La idea era recuperar solamente lo que la empresa había invertido en la compra de esa cartera vencida.

Refirió que fue hasta 2001 cuando comenzaron a hacer convenios con varios maestros que se encontraban en esta situación -los maestros solo habían hecho pagos iniciales por las casas-, empezaron por notificarles que Vivienda Magisterial les había fraguado una estafa, al no haber pagado lo que había convenido con Tecno Casas y Bancrecer. Pero los afectados lejos de protegerse legalmente, ignoraron el hecho y continuaron en sus viviendas sin pagar.

Entre 2001 y 2016, NPL Inversiones inició con algunos desalojos por la negativa de pago o acuerdo convenido por parte de los maestros, lo cual, aseguró Gómez Preciado, fue todo un proceso “fidedigno” en el que “no se le está cometiendo ninguna injusticia a nadie”.

En 2016, NPL vendió la cartera vencida a Easy House, empresa que en 2017 ha efectuado dos desalojos, uno de ellos en contra de Elizabeth Cazessús González, quien acusó haber sido despojada violentamente de su vivienda el pasado 18 de octubre de 2017. Aseguró que ella tenía documentación en regla, como una carta de otorgamiento de la vivienda, un juicio de prescripción y un amparo para, precisamente, no ser desalojada por la empresa.

ZETA consultó al Doctor en Derecho Penal y Constitucional, Benigno Licea González, quien al analizar la documentación de Cazessús González, dijo que “desgraciadamente” la carta de otorgamiento de vivienda que le proporcionaron a la maestra no tenía ninguna validez oficial. Respecto a la prescripción y al amparo, encontró que estos habían sido rechazados por carecer de documentación que avalara la titularidad y propiedad de dicha vivienda.

Es decir, aunque se había apegado a estos recursos legales, el hecho de que desde 1997 no hubiera realizado ningún pago correspondiente para cubrir la cuota de su vivienda, la despojaba de cualquier derecho sobre la misma.

Los fraudes suelen ser frecuentes por organismos y sindicatos de cualquier índole, principalmente cuando de vivienda o patrimonio se trata, en contra de sus propios agremiados, señaló.

Para el abogado es inexplicable cómo es que una empresa constructora pudo realizar un convenio de ese tipo con una asociación civil, cuando éstas no tienen jurisdicción para realizar proyectos con fines de lucro, primer punto que los maestros debieron haber tomado en cuenta.

En segunda, continuó, si sabían que había un embargo por parte de la empresa, debieron haberse asesorado para continuar con el pago de sus cuotas y así poder realizar un juicio de prescripción.

Recomendó que quienes estén en esta situación, realicen una denuncia, pero en contra de los que representan a la asociación Vivienda Magisterial, ya que todo apunta a que el origen de la problemática es un fraude en el que timaron a todos estos maestros.

Este Semanario buscó de manera reiterada a Eduardo Álvarez, quien fue coordinador de la asociación Vivienda Magisterial y quien hasta hace unas semanas se desempeñaba como jefe del Departamento de Educación Primaria del Sistema Educativo Estatal (SEE), pero su respuesta lacónica la hizo llegar a través del departamento de Comunicación Social del propio SEE: “Desde hace doce años que ya no lleva el tema… que no está al tanto y no puede dar entrevista por eso”.

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