Inicio y fin del muro de la intolerancia panista

Foto: Cristian Torres
 
Edición Impresa Lunes, 18 Diciembre, 2017 12:00 PM

Con una inversión de más de 200 mil pesos, diputados de Acción Nacional, con el visto bueno del presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Raúl Castañeda Pomposo, aprobaron la instalación de un muro de policarbonato transparente con el fin de evitar los “molestos” reclamos de la ciudadanía. Finalmente recularon

Desde la presidencia de la mesa directiva del priista Benjamín Gómez Covarrubias, el tema de la instalación de un muro de policarbonato ya se había planteado en el Congreso del Estado.

Originalmente se esperaba su construcción para la sesión donde se aprobaría el Dictamen 95 y otorgar el respaldo económico a las Asociaciones Público Privadas (APP) en la construcción de infraestructura hidráulica, con lo que se endeudó a Baja California por 93 mil millones de pesos en los siguientes años.

Personal cercano al área administrativa confirmó a ZETA que por diversas cuestiones, el muro se retrasó en su construcción; la primera debido a que originalmente se planeó para realizarse con material de aluminio, cuestión que finalmente se cambió por un material más resistente. Otra fue que al inicio sería de dos metros de altura y posteriormente decidieron que fuera hasta el techo.

Mediante madruguete, el presidente del Congreso, Raúl Castañeda Pomposo, decidió convocar a una sesión extraordinaria el primero de diciembre, a fin de poder aprobar el dictamen sin mayor contratiempo; el albazo y la hora les permitían evitar a los manifestantes.

Con la oposición relegada y los manifestantes sorprendidos, la votación les dio los números a los legisladores del Partido Acción Nacional para aprobar el dictamen con las dos terceras partes de los presentes, además, por la prontitud de la propia sesión, no hubo manifestantes presentes. Algunos llegaron, pero fueron interceptados en el estacionamiento del Congreso.

 

Contradicciones

Fue la diputada del PAN, Victoria Bentley, quien señaló que la decisión se había tomado en la Comisión de Administración, que se tomó el presupuesto más económico de tres empresas vidrieras para la instalación del muro, y justificó que en otros estados como Sonora tienen el propio.

“Ustedes han sido testigos de que no nada más han sido botellazos, deja tú los insultos, los insultos no pasa de más, pero el que se tenga que interrumpir una sesión y que yo tenga dictámenes importantes que tengan que ver en materia civil que ya fueron dictaminados y que no se pudieron leer en el pleno porque se truenan las sesiones, yo creo que esto es un paso de muchas formas que se tendrán que ver en materia de seguridad”, explicó.

Dijo que los diputados Catalino Zavala, Víctor Morán y Luis Moreno fueron los que se sintieron aludidos porque son a los únicos que no los insultan o agreden, y dejó entrever posibles acuerdos entre ellos y los manifestantes.

Indicó que ninguno de ellos es integrante de la Comisión de Administración, por lo que no se habían enterado de la decisión, y adicionalmente existe otra iniciativa que tiene que ver con temas de seguridad en todo el edificio.

“Es para que no avienten monedas, para que no avienten botellas, es para que dejen seguir trabajando al Congreso de Baja California en todos los temas que le interesan a los ciudadanos, porque un grupo de 20 o 30 no pueden detener las sesiones”, afirmó.

Según Bentley, en ningún momento se ha roto el diálogo, además, están abiertos a las manifestaciones, pero no de acuerdo con los empujones y ofensas. “Nos gritaron prostitutas, pedófilos a los diputados, una sarta de sandeces que yo creo que la propia Ley orgánica señala cuál debe ser la compostura que se debe guardar en un recinto oficial”.

En contraste, el diputado Benjamín Gómez justificó el muro desde otra perspectiva: que la propuesta viene desde el Congreso de la Unión en cuanto a diversas medidas de seguridad que se deben tomar en los recintos legislativos del país, “a raíz de este dictamen, de este proyecto que presenta la Comisión de Seguridad de San Lázaro, la Comisión de Administración y la mesa directiva en turno, habrán de ir viendo cuáles son las modificaciones, ampliaciones e instalaciones que se tengan que hacer con base a protección civil y seguridad que se debe tener en el recinto”.

Mencionó que en otros estados no hay acceso al salón del pleno y que son sesiones públicas con salas alternas, por lo que estas situaciones se manejaron en el proyecto, que se respalda en la Ley orgánica y su reglamento, que actualmente se analiza en la Comisión de Gobernación.

 

Muro de la ignominia

El 9 de septiembre de 2016, los 25 diputados de las nueve fuerzas políticas -entre ellas Acción Nacional- de la XXI Legislatura del Congreso de Baja California, declararon persona non grata al entonces candidato republicano de Estados Unidos, Donald Trump.

Los legisladores tomaron la medida luego de que el ahora mandatario fuera acusado por la prensa estadounidense de xenofóbico por su propuesta de construir un muro entre ambas naciones, obligando a los mexicanos a pagar el costo.

En ese entonces se le acusó de intolerante, además de que ningún muro iba a detener la migración de miles de mexicanos que solo buscan mejores condiciones de vida.

Tales principios parecen olvidados por los integrantes de la nueva legislatura que, sin consultar a la Junta de Coordinación Política o al pleno del Congreso, decidieron contratar a la empresa Vidriería del Valle para la instalación de un muro de policarbonato cristalino, el cual es más resistente que un acrílico común.

El costo final no se dio a conocer oficialmente, sin embargo, un legislador de Acción Nacional afirmó fuera de libreta que fue de alrededor de 200 mil pesos.

La construcción del muro inició el viernes 8 de diciembre, justo a la salida de los empleados del Congreso, para ello se retiró una hilera de sillas, posteriormente se instaló la estructura de metal de tres metros de alto y una longitud cercana a los 15.

Tanto diputados de Acción Nacional como del Partido Revolucionario Institucional estuvieron al tanto de la instalación del muro, por otro lado, fue en una rueda de prensa convocada por los legisladores de Movimiento Regeneración Nacional y el Partido de Baja California que se dijeron sorprendidos y llamarían a cuentas.

Fue en la Junta de Coordinación Política donde estuvieron reunidas las distintas fuerzas políticas que plantearon retirar el muro, para ese entonces aún seguía su construcción.

Legisladores del PBC, de Encuentro Social, Morena y Partido del Trabajo, y aunque no acudió el legislador del PRI, mandó su postura contra el muro, la reunión se suspendió alrededor de las cinco de la tarde  para reanudarse dos horas después. El diputado Ignacio García Dworak pidió cabildear la propuesta al interior del PAN.

En el seno de los diputados panistas no todos estuvieron de acuerdo con el muro, solo la diputada Triny Vaca dio públicamente su versión de estar contra la instalación, a regañadientes Castañeda Pomposo tuvo que aceptar la decisión de dar marcha atrás.

“De tanto monedazo finalmente me alcanzó uno (en la última sesión) y se siente muy feo, no el golpe porque uno genera adrenalina, sino la agresión y en relación con el muro no estoy de acuerdo, no son las mejores formas ni las más ortodoxas, pero sí es una medida de seguridad que se debe tomar, respetando la Ley orgánica”, indicó Vaca.

Una vez consensuado con los panistas, García Dworak  informó a la Junta que darían marcha atrás, finalmente los diputados del PAN tuvieron la última palabra en el tema.

 

Un mensaje erróneo

El abogado constitucionalista Daniel Solorio calificó de “ridícula” la construcción del muro en la Sala de Sesiones “Benito Juárez”. Entrevistado horas antes de que se diera a conocer que los legisladores darían marcha atrás, comentó: “Lo que debieran hacer es retirarlo sin demora alguna y pedirle disculpas a la población, pedir perdón, es lo que deberían estar haciendo ya, porque es verdaderamente penoso encontrar que los representantes del pueblo hagan eso, su alejamiento, su ajenidad a los intereses generales de la población y al dolor de la población se hace patente”.

Afirmó que la instalación se trató de un chiste de mal gusto y, aunque desde el punto de vista legal no existe ningún impedimento para construirlo, ya que la Ley solo prevé reglas de comportamiento humano imaginables que pueden llegar a ocurrir, “supongo que a nadie se le había ocurrido que un grupo de diputados podrían hacer eso, es tanto como asumir que dentro de poco vendrán los diputados sin rostro, así como hubo en Colombia años atrás jueces sin rostro, a la vuelta de poco tiempo, si siguen por esa ruta, tendremos diputados sin rostro”, opinó el especialista.

Por su parte, el abogado Fernando Rosales, catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California, dijo que se trató de una señal equivocada que demuestra la falta de diálogo y madurez política de un buen gobierno con rostro humano frente a la sociedad.

“Los representantes populares que algunos que ganaron con el voto y otros por cuestiones ser plurinominales están mal representando a los ciudadanos, están mandando un mensaje equivocado a las nuevas generaciones, a los jóvenes que va permeando a los adultos mayores de una insensibilidad de un mal gobierno” explicó.

En la anterior Legislatura no ocurría este tipo de situaciones, pese a que también estaba Francisco Vega de Lamadrid, y agregó, el gasto desproporcionado de 200 mil pesos es un insulto a los ciudadanos.

“Cuando un buen diputado o un buen gobernante hace las cosas correctamente como el (ex) Presidente de Uruguay, es bien querido, es buscado; cuando un diputado hace actos contrarios a la Ley, contrario a lo que es su función de diputado, obviamente los ciudadanos actúan en consecuencia”, expuso.

León Fierro, integrante del colectivo Mexicali Resiste, reflexionó que la forma en que el PAN colocó el muro de manera unilateral habla de su actuar, de cómo interpretan la democracia: “No piensan en democracia, piensan en imponer decisiones en base a que ellos creen  que una vez que votan por ellos, pueden hacer y deshacer, ellos prácticamente ven que tienen un poder fáctico, es un acto bastante autoritario que deja muy en claro su falta de apertura y sobre todo una separación a la población que supuestamente representan”.

Para concluir, declaró que la gran presión hizo que Castañeda Pomposo tuviera que recular su decisión, debido a la cara que tuvo la opinión pública.

“Algo que queda en la ciudadanía es el gasto inútil, el qué va a pasar con ese dinero, nosotros como Mexicali Resiste exigimos que lo pague el mismo diputado (Castañeda) Pomposo y quienes lo hayan respaldado por parte del Congreso y de Acción Nacional, porque es una irresponsabilidad hacer las cosas de manera unilateral”.

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