El gobernador Francisco Vega ya decidió que va imponer su voluntad respecto el Sistema Integral de Infraestructura e Interconexión Tecnológica para la Seguridad Pública (C5i), así como en las obras para el abastecimiento de agua, a través de Asociaciones Público Privadas (APP), incluidas en los dictámenes 94 y 95. Se van hacer le pese a quien le pese.
Ante esa actitud, lo que queda para los ciudadanos es demandar transparencia, evitar las licitaciones a modo y exigir participación en las convocatorias, así como en el comité de seguimiento de obras de las APP, explicaron abogados consultados por ZETA; otros especialistas en derechos aún analizan la posibilidad de promover un amparo para evitar la aprobación y ejecución de los mencionados proyectos.
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En los últimos 10 días, el gobernador de Baja California y el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda, lo han declarado cuántas veces se los han preguntado, que en el gabinete ya se partieron el seso durante dos años, y como no hay dinero, no hay más opción -para resolver la escasez de agua y modernizar la atención a la inseguridad- que endeudar a los gobiernos que lleguen al poder en los próximos 37 años…sin importar quien se oponga, esta parte no la dijeron de viva voz, pero está implícito.
Más allá de que existan otras posibilidades, legalmente, esta decisión es una facultad del ejecutivo porque la aplicación de contratos multianuales y las APP están incluidas y aprobadas en la Constitución. En ese esquema, el eslogan de campaña “La gente manda” puede hacerlo confeti y lanzarlo al aire.
En ese contexto, los proyectos que se concretarán son:
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* C5i, contrato por aproximadamente 800 millones de pesos, a pagar en 10 años, a una empresa aún no definida. En APP se lo habían dado a Seguritech, pero ahora concursarán de nuevo. Cercanos al Gobierno han informado que la nueva licitación ya se está “trabajando” para entregar el proyecto a una nueva empresa llamada WTech.
* Desalinizadora de Rosarito, contrato por 9 mil 072 millones 882 mil 279 pesos, a pagar en 37 años a las empresas: NSC Agua S.A. de C.V., NUWATER, SAPI S.A. de C.V y Degremont S.A. de C.V.
* Desalinizadora San Quintín, acuerdo por 568 millones de pesos, a pagar en 30 años a las empresas: Libra Ingenieros Civiles S.A. de C.V., RJ Ingenieros S.A. de C.V. y RWL Water LLC.
* Operación y mantenimiento de pluviales de Mexicali, estipulado en 254 millones 703 mil, en un plazo de 20 años a las empresas: Futura Industrial S.A. de C.V.; Obras y Servicios S.A. de C.V., y la controversial, incumplida y abusiva del erario, Constructora Makro S.A. de C.V., la cual lleva un año de retraso en la entrega del nodo 20 de Noviembre, en Tijuana, y duplicó el precio de la obra, de 94 a 180 millones de pesos.
Con estos datos, la sociedad organizada puede empezar a revisar los antecedentes de las empresa beneficiadas y reclamar al gobierno estatal que abra la puerta de la información a los ciudadanos, de modo que tengan acceso a los contratos -que no los escondan, como en Tijuana-; las propuestas, direcciones, instalaciones de las empresas y su capacidad operativa; ¿con quién están asociados?, ¿cuáles son sus resultados fiscales? Al final, una empresa que supuestamente va a invertir millones de dólares debe tener ingresos.
Todo esto para evitar que empresas fachadas, esas creadas por funcionarios y sus amigos, con historial laboral y declaraciones de impuestos muy pobres, que subcontratan a terceros para que presten el servicio, sean favorecidas sin tener el capital para respaldar la obra.
Para bloquear la corrupta confección de licitaciones a modo, en las que se incluye lo que llaman “un punto de engranaje”, una sola característica, esa que únicamente tiene la empresa a la que los funcionarios quieren -a cambio de una comisión o no- favorecer.
La sugerencia de los abogados consultados es que los grupos organizados pidan al gobernador Vega que -aunque sea su facultad y la de sus funcionarios- les permitan participar, por lo menos inspeccionar las bases de las convocatorias antes de que se emitan, y que la primera a revisar sea la del proyecto del C5i.
Además de examinar de qué manera se puede incluir la participación ciudadana en el comité que existe para dar seguimiento a las obras de las APP, donde obviamente está representado el Estado. Si bien, está inclusión no está legislada, los abogados refirieron que tampoco está prohibida y se puede explorar.
La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental (Encrige) reveló que el 74.2% de la empresarios bajacalifornianos detectaron corrupción en los trámite de Gobierno. Y la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía enfatizó que Baja California ocupa el sexto lugar en corrupción, de 32 estados; además, solo el 6.5 por ciento de los residentes de Tijuana y el 14.6 por ciento de los que viven en Mexicali, creen que sus autoridades son eficientes.
Básicamente, los bajacalifornianos consideran que sus autoridades son corruptas e ineficientes, por lo que éste sería un buen momento para demostrar madurez política, disposición a la transparencia, abriéndose voluntariamente a la participación ciudadana que tanto pregonan.
