Es preocupante pero es un hecho: los mexicanos cada vez estamos más acostumbrados a la impunidad. Sabemos por ejemplo que un funcionario es corrupto y nos repetimos que no pasará nada. Que nunca será juzgado, que no acabará en prisión o mínimo regresando lo que hurtó a las arcas, sean federales, estatales o municipales.
Lo mismo sucede cuando estamos frente a crímenes de alto impacto. El caso del abogado Rodolfo Gallardo, cuando llegaba a su casa y donde también fueron asesinados su hijo, su esposa y un guardia de seguridad. Aquel talentoso abogado Joaquín Báez que fue acribillado en Tijuana en 2002, tres semanas después que fue abatido a balazos el licenciado Rodolfo Carrillo Barragán. El atentado a don Jesús Blancornelas en 1997 y el asesinato el mismo día de su escolta Luis Valero. Todos crímenes sin resolver.
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Cientos, miles de asesinatos que ocurren cada año en Baja California quedan en la impunidad. La Procuraduría General de Justicia del Estado tiene 15 por ciento de eficiencia en la solución de homicidios. Y normalmente resuelven aquellos pasionales, de afrentas entre vecinos o de violencia doméstica, cuando los atacantes no son ni profesionales, ni semiprofesionales ni mercenarios, y no saben cometer el crimen perfecto. Esos resuelven en un momento dado, aunque no todos, en la Procuraduría de Baja California.
Cuando se trata de crímenes con clara evidencia de estar ligados al narcotráfico o a la mafia organizada, resulta que no serán resueltos. Las posibilidades de que los asesinos terminen en prisión se reducen al 5%.
La impunidad en toda su expresión y en la máxima deficiencia de las autoridades ministeriales, investigadoras y procuradoras de Baja California.
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Con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, la situación se agrava. Hará falta que la Policía detenga al ladrón, al ratero, al asaltante, al extorsionador, al secuestrador, al asesino, en plena comisión del delito para esperar que éste sea juzgado, procesado y encarcelado.
El funcionario que cobra el 20% de comisión sobre todos los contratos de compra de insumos que realiza para el Gobierno del Estado, o el que abre empresas en otros Estados de la República con prestanombres o con amigos para venderle servicios al gobierno. Incluso el secretario que controla todas las compras de la administración pública y tiene tasada en un 20-30% la entrega de convenios, contratos o licitaciones millonarias. Nos decimos una y otra vez mientras conocemos de sus casos, que nunca terminarán en prisión. Que lo único que queda es aguantarlos unos años más, que afortunadamente ya van de salida.
La impunidad es la madre de todos los problemas de este país, la causante de la pérdida de confianza de la ciudadanía en las autoridades. La impunidad a la que se llega vía la corrupción, también no investigada. No castigada.
Todos esos sentimientos de frustración, de coraje, al observar que en México, que en Baja California no hay justicia, se agolpan cuando se sabe que la niña Memffis, a sus diez años de edad, no estuvo segura en las calles de Tijuana. Que una tarde cualquiera, al salir de la escuela y dirigirse a su casa, fue atacada por alguien. Que esa persona abusó sexualmente de ella. Que la mató utilizando dos métodos. Que ningún vecino vio algo. Que la autoridad no encontró elementos en las primeras 72 horas posteriores a su desaparición.
La niña fue abandonada cerca de donde se le vio con vida por última vez. Cerca de su escuela, del puesto de flores donde la apoyaron, cerca de su casa. En su zona segura encontró la muerte.
Lo más increíble es que en 81 días, transcurridos desde el 14 de noviembre de 2016, cuando “desapareció”, y el 3 de febrero, cuando encontraron su cuerpo, la autoridad, los elementos que laboran en la PGJE, no hayan obtenido un solo indicio, uno solo, que los llevara a investigar para conocer el trágico destino de Memffis, o haberlo evitado.
Increíble que de todas las entrevistas que han realizado, no hayan obtenido líneas de sospecha o de investigación para conocer a su verdugo. Increíble que no la hubiesen buscado con ahínco, profesionalismo científico y ético.
Hoy se cumplirán siete días del hallazgo de su cadáver, y en la Procuraduría continúan sin tener una sola línea de investigación sobre quién pudo ser el o los responsables. Recuerdo que en el sexenio de José Guadalupe Osuna Millán, el entonces procurador Rommel Moreno Manjarrez presumía que el Estado tenía el mejor equipo de periciales. No solo en equipo de última tecnología, sino en recurso humano. Hombres y mujeres que le han costado al Estado en capacitación y adiestramiento en el uso de la tecnología y la ciencia para llegar a la verdad a partir de hechos comprobables, para la solución de crímenes.
Pero nada de eso ha servido en Baja California para atrapar a los asesinos de gente común y corriente, a los matones de narcomenudistas, a los ejecutores de actores sociales, políticos, económicos de la sociedad bajacaliforniana. A los asesinos de niños y niñas, de mujeres y adolescentes. La mayoría de los crímenes que suceden en la entidad, permanecen en la impunidad.
Impunidad producto de la corrupción, de la ineficacia de un gobierno que no responde a sus gobernados.
