En el caso Pelayo, PGJE da luz verde a desvío de recursos: Coparmex

FOTO: archivo.- Enrique Pelayo
 
Edición Impresa Lunes, 25 Abril, 2016 01:00 PM

Por desvíos de recursos del Ramo 33 que alcanzan los 211.5 millones de pesos, la Procuraduría de Justicia del Estado, concluyó que no hubo delito que perseguir. Empresarios no pueden aceptar que la PGJE haya desechado el caso por falta de pruebas, ya que “no se necesita mucha ‘ciencia’ para concluir que es un delito”

 

Ya en los primeros días del presente año, el ex presidente municipal de Ensenada, Enrique Pelayo Torres, se ufanaba en plática informal con este medio, sobre cómo las diferentes instancias de justicia habían desechado, por falta de pruebas, la denuncia penal en su contra por presunto desvío de recursos públicos y abuso de autoridad. Incluso prometió dar entrevista en exclusiva o convocar a rueda de prensa para tumbar la infamia en su contra.

El jueves 14 de abril, el empresariado aglutinado en la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) de Ensenada, hizo un posicionamiento público reprobando el Dictamen de la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) de archivar el expediente en contra del ex alcalde.

“Con un profundo desánimo recibimos la noticia del no ejercicio de la acción penal en contra del ex alcalde”, apuntó el organismo en voz de su presidente, electo apenas el 1 de abril pasado, Jorge Nava Jiménez, en referencia a la denuncia penal presentada el 7 de marzo de 2014 por Sindicatura Municipal, respaldada por el empresariado organizado.

Entonces, Iván Barbosa precisó que los delitos se derivan de presuntos desvíos de recursos del Ramo 33 por 211.5 millones de pesos, además de una observación por parte del Órgano de Fiscalización Superior y de la Sindicatura Municipal.

Diferentes partidas etiquetadas para el Ramo 33, que sumaban 211 millones de pesos, fueron destinadas a Gasto Corriente de los ejercicios 2012 y 2013, y aunque es una acción prohibida por el Código Penal del Estado, la PGJE concluyó que no hubo delito de desvío puesto que el dinero finalmente se regresó a la cuenta correspondiente y se destinó a su fin original.

La COPARMEX cita textualmente el Artículo 293 de dicha Ley donde se señala del delito “cuando teniendo a su cargo caudal del erario les da una aplicación distinta a aquella a la que estuvieron destinados”.

Si bien los préstamos a los que hubo de recurrir la administración municipal para salvar su manipulación de los recursos generó pago de intereses contra el erario público, para los empresarios ensenadenses eso queda en segundo plano: “No se requiere que se haya causado un daño patrimonial, sino que se trata de un delito de conducta”.

Insistieron en que se desobedeció un mandato de la autoridad, que se vuelve más reprobable al tratarse del Ramo 33, cuya esencia de la norma radica precisamente en la regulación estricta del recurso que está destinado al combate de la pobreza en México “y no podemos tocar ese dinero si no son para esas acciones, y se destinaron al gasto corriente del Ayuntamiento, eso es un delito, es un abuso de autoridad”.

No pueden aceptar, sentenció Nava Jiménez, que la PGJE haya desechado el caso por falta de pruebas, siendo que las hay suficientes, documentales y testimoniales “y no se necesita mucha ‘ciencia’ para concluir que es un delito”.

“Los razonamientos dados por la Procuraduría para no ejercitar la acción penal, lejos de abonar a tener confianza en una investigación robusta, centran a dicha Fiscalía en un defensor de oficio de los imputado, lo que no abona en nada a la actualización de un estado de derecho que todos anhelamos”, prosiguieron.

Hicieron dos exhortos puntuales a la autoridad competente: Primero, agotar todos los recursos legales que procedan para que el expediente no sea archivado definitivamente; y a que la PGJE retome sus funciones investigadoras y siente un precedente en la clase gobernante y entiendan que no es posible realizar conductas anti jurídicas sin recibir la sanción prevista por la Ley.

Validaron que Sindicatura Municipal en su momento hizo bien el papel que le correspondía, y adelantaron que pedirían a esa instancia encabezada por Iván Barboza, a tramitar el recurso de revisión, del que estarían muy atentos. Se negaron a darle un sesgo político al proceso, no obstante, tanto Pelayo como Sindicatura Municipal sean priistas, y tampoco afirmaron que pudiera haber complicidad por parte de la PGJE: “No quiero pensar absolutamente nada”, dijo el presidente de Coparmex. “Quisiera pensar que la autoridad debe actuar con legalidad y respeto a las normas”.

Por parte de Sindicatura Municipal del Gobierno de Ensenada se negaron a hablar sobre el caso y tampoco quisieron confirmar si ya habían recibido la solicitud formal de COPARMEX para canalizar el recurso de revisión del expediente: “Nuestros mismos abogados han sugerido que no hablemos del tema por estrategia legal”.

Mientras que el área de Comunicación Social de la PGJE confirmó a ZETA que el recurso de revisión ya había sido solicitado por Sindicatura Municipal así como la resolución que había emitido esa autoridad a la averiguación previa 1366/14/311 por los delitos de Abuso de Autoridad y Coalición de Servidores Públicos, donde el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal. “Esta resolución prevé un recurso de revisión que ya fue solicitado”, precisaron.

— ¿Está cerrado el caso o se reabrirá?

“Eso será determinado por el Juez Penal que reciba el expediente”.

— ¿Qué respuesta tienen respecto a la solicitud de COPARMEX que no se cierre el caso y a la aseveración que la PGJE actúa como defensora de oficio?

La Procuraduría General de Justicia del Estado es respetuosa de la postura del órgano empresarial y mantiene su disposición al trabajo en conjunto, sin embargo, es importante precisar que la resolución del Ministerio Público derivó del análisis de las probanzas, con estricto apego a la Ley salvaguardando los derechos de todas las partes involucradas”.

“Lo que ha hecho la Procuraduría es dar ‘luz verde’ a todos los funcionarios para que puedan desviar recursos a reserva de que después puedan reponerlo de alguna manera. La Procuraduría ha sentado un precedente muy negativo”, remató el presidente de COPARMEX.

 

Golpes bajos y fuego amigo: Pelayo

El ex alcalde priista Enrique Pelayo se mantiene “viendo los toros desde la barrera”, y ríe maliciosamente mientras se debaten la Procuraduría que lo perdona y el empresariado ensenadense que lo quiere en la cárcel.

Semanas atrás también vaticinaba que ningún recurso de revisión que se interponga procederá. “No pueden apelar concretamente al desvío porque ya está confirmadísimo por ellos mismos –Sindicatura Social– que sí se aplicaron los recursos”, puntualizó.

Se jactó cómo salió bien librado de la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Congreso Local, quienes desecharon su juicio político  o cualquier otra acción penal en su contra: “Está demostrado que jamás hubo nada, todo fueron golpes bajos de gente dizque amiga. Fuego amigo y pago enemigo; y ahí están los resultados”.

Cuestionado también por el desbarajuste de su Cuenta Pública del 2013, explicó: “Fíjate que con respecto a ese ejercicio sí hubo algunas observaciones, pero no de fondo sino de forma, jamás hubo observaciones que tuvieran implicaciones directas a malos manejos y pendejadas de ésas”.

Agregó: “Yo fui muy severo en cuanto a la exigencia con el personal de Finanzas de que todo estuviera en orden, que estuviera bien, y tuve un magnífico equipo, esa área estuvo muy bien manejada, manejada responsablemente, honestamente. No tengo la menor duda de que todo va a salir bien”.

Con su ex recaudador de rentas a un lado, Jorge Manuel Labastida Bonifant, quien falleciera semanas después – “fue un magnífico recaudador y lo quiero mucho, también fue muy responsable en su actuar”– Pelayo prometió y no ha cumplido reaparecer públicamente, con pruebas, y acompañado de los funcionarios de su gabinete y demostrar su inocencia.

De todo el meollo en torno a su administración concluye el ex edil: “Se ha politizado mucho la Cuenta Pública. La fracción panista dice: ‘apruébame la cuenta del gobernador Osuna’, los priistas dicen ‘apruébame la de los Ayuntamientos’, y traen ese conflicto y ahí estamos entrampados nosotros. A mí en particular me vale madre con todo respeto…”.

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