Robles Aguirre no teme por solicitud de orden de aprehensión en su contra

FOTO: Ramon T Blanco V.- El ex alcalde de Rosarito
 
Ezenario Lunes, 21 Marzo, 2016 01:00 PM

Javier Robles Aguirre, ex presidente municipal priista de Playas de Rosarito, acumuló, al terminar su trienio, 14 investigaciones penales en su contra por un mal manejo de su administración, enarboladas por el actual alcalde, el panista Silvano Abarca.

Por abuso de confianza, desvíos, utilizar inapropiadamente presupuesto y servicios municipales, nepotismo. Más observaciones fueron puntualizadas con montos y fechas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis).

A lo largo de casi tres años, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), archivó nueve por falta de elementos, otras dos investigaciones aún están en integración, una fue enviada a la Procuraduría General de la República (PGR) y dos más fueron consignadas.

Una consignación cuya solicitud de orden de aprehensión no ha sido negada por el Poder Judicial, corresponde al delito de Abuso de Confianza, y además del ex alcalde Robles Aguirre, como indiciados aparecen el ex oficial mayor, Emilio Rodríguez, y el ex tesorero, Manuel Zermeño.

La denuncia (acta 84/14/504/AP) se basa en el adeudo por concepto de cuotas y aportaciones –al Issstecali– que previamente debieron descontárseles a los trabajadores con base en el Ayuntamiento. “…ya que fueron omitidos los pagos obligatorios, no obstante que dichas aportaciones fueron descontadas de los sueldos de los trabajadores”, informó la subprocuraduría del quinto municipio.

Según dio a conocer el ex tesorero Zermeño en su momento a ZETA, la deuda con  el Issstecali ascendió a 30 millones de pesos, cantidad que se intentó reducir mediante un trato con el Gobierno del Estado, que en términos simples fue: venderle el terreno del Hospital General por 13 millones de pesos, y así abonar lo que representaría un 20 por ciento de la deuda. Con un convenio se cubriría lo restante. El trato no se consolidó.

Cuando se dio a conocer el pedimento de orden de aprehensión de la PGJE al Poder Judicial en su contra el martes 15 de marzo, Javier Robles buscó espacios con los medios de comunicación, para según su dicho, “aclarar las cosas”, y señalar que la información salió a flote por motivos personales y políticos. Su hermana, Mayra Robles, es aspirante a una diputación por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que los cobija a ambos.

Sobre los 14 procesos penales iniciados en su contra, dijo que “es muy fácil señalar, y sobre todo cuando una persona tiene una deficiencia mental como el actual alcalde (Silvano Abarca)”.

“El señor es un pésimo abogado y ahora no puede hablar con esa desfachatez del tema de finanzas. No me atrevo a hablar de las finanzas que tengo por ahí una especialidad, pues este señor no sé con qué cara puede abrir la boca tan grande que tiene y decir esa sarta de tonterías”.

Aseguró que las cuotas que faltan no se pagaron porque el dinero no existía. De acuerdo a su lógica: “en papel se retienen, pero no se pagó”. El ex alcalde sostuvo que solo se alcanzaba a pagar el sueldo de los “basificados” y que lo correspondiente a la retención por Issstecali se dejaba pendiente para el pago mediante convenio.

Las complicaciones financieras, dijo, surgieron por la deuda que heredaron, misma que aseguró no se incrementó en su gobierno, a pesar de que las cifras indicaron en su tiempo que de 97 millones de pesos, por gasto corriente y pago de proveedores los pasivos aumentaron a 120 millones.

En cambio, declaró que al Banco de Desarrollo de América del Norte se le pagaron 100 millones de pesos, y que pese a la situación financiera del quinto municipio, el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, no lo apoyó.

Entonces, justifica que hubo conceptos que tuvieron que ser sacrificados para pagar otros, como el gasto corriente.

Además de las investigaciones que ponen en duda su administración, se le suman las observaciones hechas por el Orfis sobre su último año como presidente municipal. Entre las más destacables se encuentra el contrato hecho para la sustitución de luminarias con la empresa Cook Lite.

La empresa solo instaló 492 lámparas de las 6 mil 092 acordadas, de diferente modelo. 27 de ellas no funcionario correctamente, no existió ahorro como se prometió, y se descubrió el malgasto de millones de pesos. A pesar de que existía garantía, el Ayuntamiento volvió a pagar mediante otro contrato para repararlas.

En el documento del Orfis, cuya información fue dada a conocer por este semanario, también se refiere el uso de recursos federales para el pago de nómina, así como inconsistencias en el inventario de diversos bienes.

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