Con fecha del martes 2 de febrero Gregorio Martínez recibió un aviso de despido desde la Dirección General del Cecyte, en el que textualmente le argumentaron: “…existen indicios suficientes para asumir que usted estuvo incitando a otros trabajadores de confianza a que se sumaran a una demanda en contra de Cecyte”.
Además, lo acusaron de haber usado documentos bajo su custodia para fundamentar la demanda en contra del Colegio.
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El documento aludido es el convenio 2015 entre el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipio del Estado (Issstecali), para la prestación del servicio médico a los empleados de esa institución educativa, y contra el cual Gregorio Martínez requirió un amparo.
Días después recibió el aviso de que el amparo que había interpuesto contra la aplicación de ese convenio había salido a su favor, pero ya estaba despedido.
El Cecyte es una descentralizada estatal del área educativa –preparatoria–, fundada hace 17 años, pero en cuanto a prestaciones maneja un híbrido dado que sus empleados –catalogados como Apartado A, aunque sean del sector público– tienen derecho a Seguro Social, pero históricamente se optó por concederles servicios médicos de Issstecali, aunque solo esa prestación, excluyendo toda la parte de pensiones y jubilaciones.
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“Ni somos burócratas ni somos magisterio”, explica Martínez, quien laboraba en el área de Recursos Humanos. Pero con Enrique Peña Nieto se emitió un decreto presidencial donde se acota que con cinco años de antigüedad laboral –cotizando– calificaban para el sistema de pensiones y jubilaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Con la nueva administración estatal se implementó la medida de registrarlo en Issstecali, haciéndoles válido solo un año de antigüedad –dado que de otra forma hubieran tenido que pagar más ante el instituto–, pero manejando públicamente que requerían cinco años de antigüedad como mínimo para cotizar.
El problema, abunda Martínez, es que con esta medida a los empleados les aumentó la cuota de aportación, 11 por ciento para pensión y 3 por ciento para servicios médicos, que suma 14 por ciento del sueldo; a la par que el patrón paga el 20 por ciento.
En esta condición se encuentran los 2 mil 300 trabajadores distribuidos en los 27 planteles en todo el estado. Para completar el raro híbrido laboral, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (Infonavit) había aceptado cubrir a esos trabajadores, aun cuando no tuvieran registro del IMSS.
Con el nuevo acuerdo con Issstecali, implicó, en su caso particular las cuotas catorcenales se dispararían de 350 a 2 mil 500 por catorcena, por lo que no estuvo de acuerdo, como tampoco lo estuvieron muchos empleados.
Fue por ello que un grupo de 14 empleados, entre ellos Gregorio Martínez, se ampararon contra la medida. Por eso lo despidieron y ahora tuvo que demandar laboralmente por su reinstalación, mientras que a otros de los inconformes los han cambiado de plantel o de horario.
Luis Alfonso Vargas, abogado especializado en el tema comenta que con la reforma a la Ley de Issstecali, la cuota para los trabajadores –para servicios médicos–, subió del 3 al 4 por ciento y para el Fondo de Pensiones subió del 9 a 12 por ciento. Eso implica que les corresponde cotizar un 16 por ciento de su salario y el patrón paga el 30 por ciento.
Consideró esto válido, y explicó que aunque los trabajadores tienen derecho al IMSS, el patrón otorga la prestación médica vía Issstecali. “Es una obligación patronal y el patrón está cumpliendo con ella”, sostuvo.
“Lo legal o no de este convenio está íntimamente ligado al decreto de creación del Cecyte y a los términos en los que el Cecyte convino con Issstecali la prestación de esos servicios”, refiere el abogado.
