La privaron de la libertad el 9 de agosto 2013 y, la noche del sábado 24, su cuerpo sin vida fue localizado en el fraccionamiento San Pedro Mártir de Tijuana. Era Paulina Vega y la habían estrangulado, tenía los pies y manos atadas con cinta adhesiva gris, la misma que cubría su rostro. Durante los 15 días que estuvo secuestrada, en determinado momento la familia de la víctima se acercó a la Procuraduría de Justicia del Estado no para denunciar, pero sí pedían apoyo para hacer la entrega de un paquete, del cual se negaban a explicar el contenido o el motivo. Ante la insistente petición de información de los funcionarios, decidieron “mejor vamos con los militares”, y se fueron. Obligados a dar seguimiento por tener conocimiento de los hechos, en la Procuraduría se continuó con la indagatoria. Tuvieron percepción inmediata de la privación de Vega y de la presunta implicación de uno de sus cuñados en la venta de droga al menudeo, sin embargo, la lentitud del trabajo no alcanzó para salvarle la vida.
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