El INE actuaría solo como enlace entre los partidos y las autoridades de inteligencia, sin facultades para investigar ni pronunciarse sobre candidaturas.
La presidenta del INE exigió que la ley deje en manos de la FGR, UIF, CNI y CNBV, y no del instituto, la determinación de "riesgo razonable" en candidaturas.
La iniciativa, derivada de los hallazgos de la Operación Enjambre, contempla la participación voluntaria de los partidos políticos en el mecanismo de verificación.
Con el pretexto de “acabar con las pensiones doradas” se aprobó la reforma el artículo 127 constitucional y se estableció como tope para el pago de pensiones “el 50% de los ingresos de la persona titular del poder ejecutivo federal”, porcentaje establecido de manera arbitraria y sin fundamento alguno, nomás porque pueden.
