Luego de que el Congreso del estado aprobara un exhorto donde se le pide a la mandataria estatal la destitución del secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, la gobernadora de Baja California descartó dicho movimiento, argumentando que la salida del funcionario no resolverá el problema
Después de que se asegurara un hangar, una avioneta, droga y un sujeto con orden de aprehensión en el estado de Sonora, todo esto en el Valle de Mexicali, se informó que dicho operativo fue contra la célula criminal conocida como Los Rusos, mismo que sigue activo con la presencia de los tres niveles de gobierno en la zona ejidal.
La senadora Julieta Ramírez realizó su segundo informe de actividades en el Auditorio PSF de Mexicali, donde destacó las ocho reformas constitucionales que se implementaron durante el segundo año de su gestión.
Residentes de San Quintín se dieron cita en el Congreso local para exigir a los diputados que el recurso ahorrado del Legislativo se destine en su totalidad a su municipio, así como para externar las necesidades que continúan en esta ciudad de la zona costa.
Autoridades de Baja California iniciaron la construcción de una base de la FESC en el Valle de Guadalupe, con inversión de 30 millones de pesos para fortalecer la seguridad.
La gobernadora Marina Ávila Olmeda tuvo un pésimo “timing” político o acaba de demostrar un respaldo terrible para el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), Armando Carrazco López, cuya honorabilidad se ha visto impactada a causa de su meteórica movilidad social, que le ha permitido adquirir una vivienda en una zona de alta plusvalía en Mexicali y de manera simultánea un costoso condominio en La Jolla, San Diego.
Productores del Valle de Mexicali liberaron la carretera hacia San Luis Río Colorado, pero mantendrán el campamento y advierten que retomarán el bloqueo si no obtienen una propuesta favorable.
Vocero de MORENA respalda aplicación del Estado de derecho en caso Bonilla y pide transparencia en deuda municipal de Ensenada, subrayando que ningún actor político debe estar por encima de la ley.
Autoridades estatales y federales realizaron la destrucción de 1,762 armas de fuego para reducir riesgos a la población y fortalecer la seguridad en Baja California.
