La CNBV y el IPAB encabezan el proceso de disolución de CIBanco tras la revocación de su licencia bancaria en octubre de 2025, como consecuencia de su señalamiento por vínculos con el lavado de dinero del narcotráfico.
La acción es la tercera de la OFAC contra el CDN en la actual administración Trump y expone a un abogado y a un presunto activista como operadores del cártel.
El proyecto del ministro Figueroa Mejía evita pronunciarse sobre el fondo del requerimiento de la UIF, dejando abierta la posibilidad de acciones legales futuras si se detectan operaciones irregulares.
