En una de las iniciativas más trascendentes, pero menos analizadas de la actual XXIII Legislatura, el Congreso del Estado aprobó con 13 votos -apenas el mínimo para validarla- una serie de reformas: a la Ley para Reglamentar el Uso de Agua Potable del Estado; y a la de Administración Pública de Baja California, para delegar la operación del vital líquido a los ayuntamientos.
Aunque aún no hay una estrategia consolidada para hacerla cumplir, una reforma aprobada por el Congreso del Estado prohíbe que las autoridades escolares condicionen la educación básica a la adquisición de útiles y uniformes con distintivos especiales o exclusivos en establecimientos específicos. El diputado que puso a consideración la reforma a la Ley de Educación […]
