El reconocimiento de los derechos humanos en las normas vigentes ha implicado un cambio de paradigma en las relaciones de poder entre gobernantes y gobernados, para constituir una garantía legal que asegura la dignidad de las personas.
De acuerdo con las estadísticas de las Naciones Unidas, mundialmente, los niños, niñas y adolescentes representan menos del 15 por ciento de la población migrante; sin embargo, constituyen el 25 por ciento de las personas en movimiento en América Latina y el Caribe.
Las mujeres rurales juegan un rol central en la movilización comunitaria en temas como la preservación de las tierras, la defensa de los recursos naturales y el cambio climático. Este trabajo de organización comunitaria se suma al trabajo productivo y reproductivo como una triple carga.
Con el objetivo general de concienciar sobre los problemas relacionados con la salud mental y movilizar esfuerzos para ayudar a mejorarla, cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, con el compromiso global para crear conciencia sobre la salud mental y defenderla como un derecho humano universal.
El movimiento en favor de los derechos de las personas con discapacidad en los Estados Unidos para que naciera la Ley de Rehabilitación, fue impulsado, prioritariamente, entre otras personas, por Judy Heumann y Kitty Cone.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de marzo como el Día para la Cero Discriminación, para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena con dignidad.
La familia es un elemento natural y fundamental de la sociedad. Las familias son organizaciones dinámicas que se agrupan para formar estructuras capaces de enfrentar los desafíos de cada tiempo y lugar, con el objetivo principal de asegurar su bienestar y seguridad.
La educación es un derecho humano que proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse, y da herramientas para conocer y ejercer el resto de los derechos. Este es de los primeros derechos reconocidos constitucionalmente.
Es importante que el consumo de las sustancias psicoactivas deje de verse desde el paradigma punitivo, para atenderse como un problema de salud pública y seguridad social desde el enfoque de derechos humanos.
