Como ha ocurrido durante prácticamente toda la gestión, el Congreso bajacaliforniano aprobó la iniciativa presentada por el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, para terminar con la autonomía de las fiscalías anticorrupción y contra los delitos electorales, y hacerlas estructuras subordinadas a la Fiscalía General del Estado que preside Guillermo Ruiz Hernández.
