La esperanza se agotó para la familia Carrillo Jasso. Valeria Daylin, de 20 años de edad, fue encontrada sin vida en el interior de una fosa clandestina cavada en un paraje conocido como La Laguna, cerca del predio Zacatitos, cementerio clandestino del Cártel de Sinaloa.
Trascurría la media noche del martes 21 de junio cuando Miguel Adán Espinoza Lucero, de 47 años, se encontraba en la caseta de vigilancia de los condominios Vista Dorada, sobre el Kilómetro 16 de la carretera federal La Paz-Ciudad Constitución, en el poblado de El Centenario.
Desde la primera semana de febrero, oficialmente se confirmó actividad de una banda de extorsionadores que operaba en Puerto San Carlos, Ciudad Insurgentes y Ciudad Constitución, cobrando piso a los pescadores para vender su propio producto, pese a que el Gobierno del Estado, a través del secretario general, Homero Davis Castro y su titular Víctor Castro Cosío negaron que existieran casos de extorsión en las comunidades pesqueras.
48 horas después de que Víctor Castro Cosío, Gobernador de Baja California Sur, puso en marcha el programa “Tu Bienestar Nos Une”, en el municipio de Comondú se localizaron 14 fosas clandestinas en diversos poblados.
En los primeros meses del año se ha tenido mayor presencia de células criminales del narcotráfico, especialmente de aquellas dedicadas a la distribución de drogas al menudeo. Los municipios con mayor incidencia delictiva son La Paz, Los Cabos y Mulegé.
La Paz sigue en la mira de miembros de la delincuencia organizada. Los reacomodos han iniciado en la ciudad y poco a poco se presentan los brotes de violencia.
La Asamblea Feminista de Baja California Sur abrió un tendedero del acoso en redes sociales, en el que cientos de mujeres han compartido, denunciado y evidenciado casos de abuso que han sufrido por parte de hombres.
Aunque oficialmente las autoridades confirman cinco perpetrados en 2021, colectivos feministas exigen justicia para las mujeres de BCS
De acuerdo con diversos colectivos feministas en...
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de nuevo demostró cómo la justicia en Baja California Sur no es expedita. Apenas se logró recapturar a uno de los más peligrosos sicarios generadores de violencia en la entidad de 2014 a 2020.
Asociaciones, activistas y familiares de personas desaparecidas coinciden en que existen dos grandes pendientes en materia de justicia: la localización de sus seres queridos y la identificación de restos.
