De tener un sólo contrato en el bienio de Jaime Bonilla Valdez, pasaron a firmar 15; y con Secretaría de Salud e Issstecali, en dos años del gobierno de Marina Ávila Olmeda
Monterrey Asistencia S.A. de C.V., cuyo nombre comercial es IEV Ambulance, está directamente vinculada con José Jesús González Yescas, hermano del presidente municipal
La aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, centra su estrategia en López Obrador; interpone denuncia por exhibición de contratos
A pesar de presunta corrupción, Seguritech Privada, SA de CV es protegida por el gobierno de Marina Ávila Olmeda. Al igual que “Kiko” Vega, el Estado declaró “reservada” la información por cinco años
El delegado federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, destinó una rueda de prensa de casi una hora para responder a ZETA el reportaje donde se reveló la contratación y compra de manera directa, a una empresa donde una de sus dueñas fue contratada por la coordinación federal de Becas Benito Juárez en el estado.
Desde hace ocho días, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) se encuentra acéfala, y hasta el cierre de edición (jueves 17 de febrero) no había fecha para que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda designe a un nuevo titular del organismo.
Ante la falta de acciones concretas, pareciera que la administración encabezada por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no tiene interés suficiente en responsabilizar a los funcionarios del bienio del ex mandatario y compañero morenista, Jaime Bonilla Valdez, de las irregularidades perpetradas, las cuales dejaron el erario mermado.
El juez William Thomas, de la Corte del Décimo Primer Circuito Judicial en Miami-Dade, en Estados Unidos, fijó para el 8 de mayo del 2023, el inicio del juicio por la demanda civil presentada por el Gobierno de México el pasado 21 de septiembre, contra Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante la Administración de Felipe Calderón Hinojosa, así como más de 40 entidades físicas y morales.
Lejos de reducir el adeudo que el Gobierno del Estado sostiene con proveedores de obra en Baja California, el mandatario Jaime Bonilla Valdez ha incrementado los compromisos con constructoras y empresas especializadas en el estudio de proyectos.
