La noche del 14 de marzo, a cinco meses de iniciada su administración, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda prometió en entrevista que no habría impunidad ni protección a funcionarios del extinto mandato de Jaime Bonilla Valdez, pero también, que no habría imputaciones que no estuvieran justificadas.
El gobernador del Estado de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, anunció que tras concluir las auditorías realizadas después de la entrega-recepción de gobierno, preparan demandas contra quienes consideren implicados de la administración de su antecesor, Carlos Mendoza Davis.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones por mil 156 millones 105 mil 700 pesos por irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2020 de Baja California, primer año de la administración del ahora ex gobernador Jaime Bonilla Valdez.
En el podcast hablamos de los homicidas buscados en Baja California, de las irregularidades de la administración de Jaime Bonilla y de la muerte del Obispo de Mexicali: Isidro Guerrero.
“México requiere hoy una auditoría superior fuerte, autónoma, imparcial y comprometida con su labor y no sometida al poder del Ejecutivo”, señala diputado Iván Rodríguez Rivera, y cuestiona sobre una posible eliminación de dos auditorías a Pemex y a la SEP, por presiones del Ejecutivo federal
Gerardo Lozano Dubernard, director del área de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presentó su renuncia irrevocable por desacuerdos con las modificaciones al reglamento interior del órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
La democracia requiere, entre otros elementos, la existencia de un sistema de equilibrio entre los distintos poderes y la posibilidad de que la ciudadanía puede pedir cuentas a sus representantes.
En 2020, en Baja California se cometieron 85 mil 814 delitos, de los cuales 2 mil 627 fueron homicidios dolosos, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
