“México requiere hoy una auditoría superior fuerte, autónoma, imparcial y comprometida con su labor y no sometida al poder del Ejecutivo”, señala diputado Iván Rodríguez Rivera, y cuestiona sobre una posible eliminación de dos auditorías a Pemex y a la SEP, por presiones del Ejecutivo federal
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El auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, entregó el tercer informe de resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 en la que se hicieron 866 auditorías, con 5 mil 393 observaciones por un monto de 49 mil 765 millones 790 mil 200 pesos.
Entre las dependencias con más monto observado se encuentran las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), con 8 mil 920 millones 449.3 mil pesos; de Salud, con 2 mil 728 mil 575.5 mil pesos; de Bienestar, con mil 116 millones 996.6 mil pesos, y de Educación, con mil 086 millones 626.4 mil pesos
En la sesión de este domingo 20 de febrero en la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, Colmenares Páramo reiteró que hay una “fuerte dependencia” de los estados y municipios respecto a los recursos federales (que llega a hacer hasta del 90%), presentándose en ocasiones un manejo no tan cuidadoso del gasto público.
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Destacó que de los 2 mil 500 municipios del país, la ASF no revisa a 417 municipios de usos y costumbres del país, “que son electos con el sistema de partidos, son electos por las asambleas. Duran un año, los funcionarios municipales no cobran un centavo y la fiscalización la hace la propia comunidad”.
Con esta tercera entrega del Informe Individual de auditoría que completa mil 600 auditorias, incluidas 9 evaluaciones de políticas públicas y un estudio. Estos últimos no son propiamente actos de fiscalización correspondientes a la Cuenta Pública, por que los estudios y evaluaciones pueden ser “de largo aliento”. El número de auditorías es 6% más que las revisiones previstas en el PAF, añadió Colmenares Páramo.
Para la fiscalización de la Cuenta Pública 2021 se prevé realizar 2 mil 034 auditorías con un crecimiento promedio anual de 21.5%.
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Pablo Angulo Briseño resaltó que la ASF “debe actuar como institución modelo que inspire confianza y credibilidad realizando auditorías alejadas de la política y apegadas al Derecho”.
Señaló que México se encuentra en el lugar 124 de 180 en percepción de la corrupción, “es decir en el país no ha disminuido la percepción de la corrupción”.
Ningún servidor debe sentirse amenazado ante una correcta auditoría ante el uso de recursos públicos que manejan en el ejercicio de sus facultades, por lo que, dijo la Comisión de Vigilancia está comprometida a analizar la información presentada ese domingo 20 de febrero de 2022.
“Citaremos a comparecer al pleno de esta comisión a funcionarios públicos vinculados con los resultados de la fiscalización que presuntamente hayan cometido un mal uso de los recursos públicos federales asegurando el buen rumbo frente a errores y omisiones que no necesariamente son producto de la corrupción, pero que en caso de que lo sean vigilaremos que se garanticen acciones resarcitorias para dejar intacto el patrimonio de la nación”
El diputado del PAN, Iván Rodríguez Rivera, refirió que medios han reportado que pese a estar incluidos en el programa de fiscalización de la Cuenta 2020 una auditoría a Mexigas Internacional (empresa controlada por Pemex) y otra auditoría de la Evolución de la Política Educativa en el Desarrollo Económico de México a la SEP, habrían sido eliminadas por presiones del Ejecutivo federal.
“De ser cierto esto señor auditor y sepa que será lo primero que revisaremos podría actualizarse la causal de remoción prevista en la Ley de Fiscalización y Rendición de la Federación por conducirse con parcialidad en el proceso de revisión de la Cuenta Pública”
“México requiere hoy una auditoría superior fuerte, autónoma, imparcial y comprometida con su labor y no sometida al poder del Ejecutivo”, sentenció el legislador panista.
En su intervención, acusó que ante el “conflicto de interés y corrupción rampante de Pemex” la ASF han mostrado falta de capacidad y subordinación al no auditar los múltiples contratos y adjudicaciones directas que tienen todos los días siendo. “Los medios de comunicación los que hacen el trabajo que le corresponde por ley Eso es una vergüenza pública que tendrá que usted asumir”.
Reprochó que a más de tres años de haberse cancelado el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco se sigue sin saber el costo final y definitivo “330 mil millones de pesos fue lo primero que nos dijeron que costó la cancelación del aeropuerto, para que tras la presión del Ejecutivo federal de manera indigna y humillante para la institución que usted encabeza saliera a corregir esta cifra a 113 mil mdp.
Sin embargo, la auditoría de Desempeño del GAICM correspondiente a la Cuenta de 2019 señala que adicionalmente hay una estimación de obligaciones pendientes de casi 135 mil mdp, para un total de 475 mil mdp el costo real de la cancelación del aeropuerto”.
Desde el pódium en el que se encontraba el auditor Superior, el panista señaló “no se eligió al más capaz, sino a un incondicional desde hace más de tres décadas. Esto aunado a que al día de usted lleva gastados más de 50 millones de pesos en remodelaciones de lujo para sus oficinas privadas convirtiéndolas de un espacio al servicio público a un departamento habitacional”.
“Con esos 50 millones de pesos podría haber contratado los auditores suficientes para investigar todos los casos gravísimos de corrupción que se han denunciado. Mientras el ASF concentra facultades en sus amigos y más cercanos los titulares de los órganos de los estados se quejan de haber sido hechos a un lado y cancelados sus convenios de coordinación”.
Lleva más de 2 años señor auditor solicitando una reunión de trabajo con usted y siguen siendo ignorados. Le solicitaría que la apertura y el diálogo empiece con nuestros auditores estatales antes de andar pregonando apertura con países latinoamericanos.
Añadió que la facultad de la fiscalización presenta una “preocupante distorsión”, dado que 74% de las que se realizan están dirigidas a los estados y municipios y sólo 26% a las dependencias federales. “No es solamente lo que está dejando de hacer sino lo que parece está buscando esconder es lo que nos preocupa”.
Este punto fue respondido por Colmenares, quien sin aludir al legislador, indicó que esto se debía a que la mayor parte de la población del país vive y trabaja en los estados, en los municipios e inclusive en comunidades más apartadas “hasta donde hemos llevado el trabajo de fiscalización”. Aunado a que los entes del gobierno federal son menos que en los estados y municipios, tan sólo en este último orden de autoridad hay más de 2 mil 400 entes ejecutores.
