En marzo de 2019, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resolvió que mi impugnación al proceso interno para elegir candidato a la Presidencia Municipal de Tijuana era fundada. El órgano partidista reconoció que el procedimiento había sido manipulado, opaco y violatorio de los principios más elementales de certeza y legalidad.
En Baja California está a toda máquina la precampaña política. De cerca y lejos están surgiendo los deseosos de seguir sacrificándose por el pueblo bueno y trabajador, de sabio ha demostrado poco. Revisemos nuestro alrededor, los resultados nos dicen que en las oficinas del estado y en los congresos estatal y nacional no están resultando todo lo bien que ofrecieron.
“No mentir, no robar, no traicionar”, fue la premisa con la que Morena, su fundador y seguidores llegaron hasta donde ahora están, se dicen ser “diferentes” pero cada vez se parecen más a los regímenes de los que fueron férrea oposición y blanco de sus más exigentes críticas.
La administración de justicia guarda una deuda de gratitud con la labor de la Lic. Dalila Dipmna Villegas Pérez. Como titular del Juzgado Primero de lo Familiar, no solo gestionó una de las cargas de trabajo más densas del estado, sino que transformó el rigor técnico en un servicio profundamente humano.
Para muchos cuando se presenta la disfunción eréctil por problemas psicológicos o ciertas enfermedades pudiera corregirse, pero por otras causas difícilmente se podrá corregir. Claro que hay que irles a todas para convencerse de si se puede o no.
Es una lástima grande que un banco como Ci Banco, al que se le veían “buenas espuelas de jinete” para subir a los niveles superiores de la banca, de pronto se tropiece y prácticamente tendrá que desaparecer o ser vendido.
Pero lo más lamentable es que la jerarquía del poder se hacen occisos y niegan todo, “presenten pruebas”, “se están investigando”, “son ataques de los comentólogos”, “de nuestros opositores” y especialmente de los “malos periodistas”.
El episcopado mexicano, a través de sus arzobispos y obispos ordenaron un 31 de julio de 1926 cerrar los templos y en la clandestinidad celebrar misas y sacramentos.
Aquellos que defienden la regulación, sostienen que la prohibición penal vulnera la autonomía de la persona y, desde luego, su derecho a la dignidad que debe de entenderse no solamente como una limitante a la existencia biológica, sino que abarca el inalienable que tiene el enfermo para decidir sobre su cuerpo y el final de la vida, especialmente cuando tiene que enfrentarse a un sufrimiento irreversible sin posibilidad alguna de cura.
El 4 de marzo de 2025, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución A/RES/79/269, mediante la cual se proclama el 28 de enero como Día Internacional de la Coexistencia Pacífica.
