Córdova Ochoa también fue regidor de La Concordia, además de diputado plurinominal local. También fungió como titular de la Secretaría de Participación Ciudadana, durante el Gobierno Estatal de Juan José Sabines Guerrero.
"Pero lo de Fox es una reverenda mentira. Pero es muy hipócrita, y el problema es que no está exacto […] Y ahora este caradura, es que así son, no olviden la doctrina de la derecha, la verdadera doctrina de la derecha, como dicen una cosa dicen otra", finalizó el mandatario nacional.
El político tabasqueño detalló que dicho censo lo estaban realizando los gobiernos y fiscalías estatales, así como la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuyos titulares son Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y Rosa Icela Rodríguez Velázquez, respectivamente.
Con ocho votos a favor y tres sufragios en contra -de Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea-, el Pleno del máximo tribunal constitucional determinó que se cometieron múltiples violaciones al proceso legislativo, tanto en el Senado de la República, como en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
“Nosotros no somos elegidos democráticamente, de tal suerte que el sustento de nuestras decisiones tiene que estar en la Constitución, y solamente cuando se afecta el debate democrático o las leyes esenciales del procedimiento, me parece que nos es viable invalidar un procedimiento legislativo”, argumentó Zaldívar Lelo de Larrea.
Sin embargo, en un posicionamiento posterior a lo dicho por la ministra de la SCJN, la Universidad Nacional Autónoma de México dijo desconocer el juicio del que hicieron alusión los abogados defensores de Esquivel Mossa, por lo que minimizó los alcances de dicha sentencia.
Además, las ONG’s insistieron que el Estado mexicano debía regular el uso de la fuerza por parte de estas instituciones. Ambas organizaciones no gubernamentales, cada una por su parte, también recordaron otros casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Nuevo Laredo y en otras partes del territorio mexicano.
Según la titular del Juzgado Noveno de lo Civil de Proceso Escrito del TSJCDMX, se acreditó que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación era la legítima titular de los derechos morales y patrimoniales de su tesis de Licenciatura y que el proceso ante el Comité Universitario de Ética (CUÉTICA), de la UNAM, debía quedar sin materia.