El tema de la violencia y la inseguridad ya no es parte de la agenda de Jaime Bonilla Valdez, al menos así lo manifestaron integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, quienes, ante el incremento de homicidios dolosos en la entidad, han solicitado audiencia con el mandatario de extracción morenista.
Al que traen mareado los mercadólogos, politólogos, publicistas y publirrelacionistas que contrató para que le llevaran la campaña, es al candidato al Gobierno del Estado por el partido Fuerza por México, el empresario Jorge Ojeda, a quien literal -si ya tuvo Usted oportunidad de ver su propaganda- traen de cabeza.
No lo dicen abiertamente, pero entre empresarios y representes de sectores ya no aguantan la actitud soberbia y engrandecida del alcalde ensenadense Armando Ayala Robles, a grado tal que, si bien no operan en su contra, ya no quieren que repita en el cargo.
El que logró que un Juez de Distrito con residencia en Mexicali, le concediera una suspensión definitiva en tanto se resuelva el fondo del asunto, es el ex dirigente estatal del PAN, José Luis
El gobierno de Jaime Bonilla entregó por adjudicación directa un contrato por 66 millones de pesos (sin IVA) a la empresa Gestión de Activos Circulantes SC, por asesoría jurídica, contable, financiera, fiduciaria, bursátil y de finanzas públicas a la Secretaría de Hacienda, con el fin de obtener “en el menor tiempo posible” uno o varios créditos por 3 mil millones de pesos.
Para que la Fiscalía General del Estado desista de la acción de la justicia en el proceso por la probable comisión de los delitos de coalición de servidores públicos y negociaciones ilícitas contra Brenda Lucila Ruacho Bernal, ex primera dama de Baja California, se acogió a la figura de reparación del daño, y entregará al Gobierno del Estado 6 millones 811 mil 505 pesos y un inmueble de 5 mil 121 metros cuadrados en la colonia Buena Vista en Tijuana.
Entre las primeras acciones de Vicenta Espinosa luego de retomar el cargo de secretaria de Honestidad, que sucedió el 12 de abril tras dejar la posición para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Tijuana y ser derrotada por la diputada con licencia Montserrat Caballero, acudió -acompañada de sus guaruras y en camioneta oficial- a Palacio Municipal para hacer una tarea extraoficial a sus funciones como servidora pública estatal: solicitar la renuncia a un colaborador de la alcaldesa Karla Ruiz Macfarland
Juan Francisco Ramos López, ex agente de la extinta Policía Estatal Preventiva y comisionado de la Fiscalía General del Estado -ahora director de Seguridad Pública en el Concejo Fundacional Municipal de San Quintín-, figura en dos averiguaciones previas por el delito de tortura. Se trata de los expedientes 910/16/311/AP y 1917/16/311/AP, ambos activos en la Unidad contra Tortura.
No le advirtieron que sucedería. Tampoco le pidieron opinión, mucho menos fue notificado. Quien lo invitó, no fue ni siquiera para correrle la cortesía. Así, sin más, en un albazo legislativo, Carlos Barboza Castillo, quien hasta hace un día era fiscal especializado en Atención de Delitos Electorales en Baja California, vio cómo en el Congreso del Estado, los diputados de Morena en los cuáles confió, le quitaron la autonomía a la fiscalía que presidía, para enviarla a formar parte de la estructura de la Fiscalía General del Estado que titula Guillermo Ruiz Hernández.
La que de entrada tampoco asistió al primer debate ciudadano organizado por Tijuana Innovadora, fue la candidata de Morena a la presidencia municipal de la fronteriza ciudad, Montserrat Caballero, diputada con licencia que, notificó a los organizadores del encuentro, no participaría por “agenda previa”.
