Roberto Gallegos Gil “El Papaya” recibió de la Fiscalía General del Estado una medida en su contra, a propósito de una denuncia presentada por el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, por amenazas. La FGE apercibió a Gallegos a “la prohibición al imputado de realizar conductas de intimidación o molestia a las víctimas” por un plazo de 45 días.
Se trata de las dos mujeres más cercanas a la alcaldesa suplente de Tijuana, Karla Ruiz Macfarland, quienes prácticamente manejan la oficina de la presidencia municipal, la agenda oficial, lo mismo que revisan cuentas, estados financieros, documentos de Cabildo, integración del informe y deciden quién entra a ver a su jefa y quién no.
El 21 de febrero de 2022, la licenciada Perla del Socorro Ibarra llegará a los 70 años de edad. Por ello, en el Consejo de la Judicatura ya preparan la convocatoria que emitirán a finales de este agosto para concursar la plaza que por edad de retiro deberá dejar la magistrada.
Roberto Gallegos Gil “El Papaya” recibió de la Fiscalía General del Estado una medida en su contra, a propósito de una denuncia presentada por el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, por amenazas. La FGE apercibió a Gallegos a “la prohibición al imputado de realizar conductas de intimidación o molestia a las víctimas” por un plazo de 45 días.
En la semana que termina, la secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Tijuana, Melba Adriana Olvera Rodríguez, tuvo una buena noticia y una mala experiencia. La primera, fue que la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, la designó en su equipo de transición para recibir la administración estatal que aún encabeza Jaime Bonilla Valdez.
Quien ya rentó departamento en Ciudad de México y sostiene reuniones con autoridades federales de seguridad, es el diputado electo Isaías Bertín, quien, con su partido Morena, espera encabezar la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados que tomará posesión el próximo 1 de septiembre.
Eva María Viridiana Soria Amador, directora general del recién creado Servicio de Administración Tributaria de Baja California (SAT BC), fue denunciada penalmente por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República por estar presuntamente coludida en una red de corrupción aduanal, cuando fungía como administradora de la Aduana de Tijuana.
El Cabildo de Tijuana no tiene la menor intención en convocar a una sesión para abordar el préstamo que el gobierno de Jaime Bonilla Valdez solicita a la ciudad por 380 millones de pesos, recurso que sería retirado de las participaciones federales para ser entregado a la administración estatal.
Si por algo se ha distinguido la XXIII Legislatura local, es por la mayoría morenista, por aprobarle cuanta iniciativa envía el gobernador, y por cerrar el Congreso del Estado durante más de un año, pretextando la pandemia por el nuevo coronavirus.
