El Distrito Gastronómico de Tijuana, donde se ubican los mejores y más caros restaurantes de la ciudad, se ha convertido en una extensión del Palacio Municipal. En los distintos restaurantes despacha, a partir de las dos de la tarde, el secretario general del Ayuntamiento, Carlos Mora Álvarez.
El alza mensual de la gasolina de bajo octanaje (4.59%), del gas LP (4.28%) y de la gasolina de alto octanaje Premium (5.08%), aceleraron la inflación en México durante febrero, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Las cuatro alcaldesas y el alcalde en funciones en Baja California, todos de Morena, decidieron apegarse y sacar provecho de la Ley Gandalla, aquella que promovió Jaime Bonilla para que quienes ostentan un cargo de elección popular y estén en capacidad de buscar la reelección, no tengan que solicitar licencia y realicen campaña en caso de ser electos candidatos de nueva cuenta, ejerciendo el cargo.
Cada día, el gobernador Jaime Bonilla Valdez pierde más y más poder dentro de la administración y de su partido. Su imagen se vuelve más opaca, y los desesperados por mantenerse vigentes en la vida política de Baja California, comienzan a brincar en cargos públicos con miras al futuro.
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) que se construiría en Texcoco, Estado de México, podrá tardar hasta 26 años, señaló Agustín Caso Raphael, auditor especial a cargo de fiscalizar el proceso.
“Cero Tolerancia” fracasó en Tijuana. Quiso y no pudo encaminarla Francisco Vega Lamadrid cuando fue Alcalde (1998-2001). Entonces, su Director de Seguridad Pública era Alfredo de la Torre. Hicieron harto alboroto. Mucha publicidad en la prensa. Telediarios y radionoticieros dedicaron notables espacios.
A un día de que entrara en vigor la Ley de la Industria Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, un juez federal otorgó dos suspensiones provisionales a Eoliatec del Pacífico y Zuma Energía, que la habían impugnado.
4 millones 42 mil 252 pesos, paga mensualmente la Fiscalía General del Estado por la renta delas oficinas en las cuales despachan su titular, Guillermo Ruiz Hernández, y algunos de sus más cercanos colaboradores.
