El gobernador Jaime Bonilla Valdez es el primero de Baja California en no contar con una corporación policiaca. La cedió a la Fiscalía General del Estado, y en temas de seguridad, su palabra es solo eso. No puede reforzar con acciones si no cuenta con una estructura preventiva, de investigación o inteligencia, como solía ser cuando en el organigrama de gobierno se encontraba la Procuraduría General de Justicia del Estado o la Secretaría de Seguridad Pública.
Pero nada. No tiene ninguna responsabilidad en materia de seguridad que le haga controlar la violencia, prevenir la inseguridad y combatir a los criminales. Simplemente se deshizo de esa tarea y la delegó a la fiscalía, que aun encabezada por su compadre, es una dependencia con autonomía y no es, aunque a veces el mandatario no lo comprenda del todo, parte del organigrama del Gobierno del Estado.
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Sin embargo, Bonilla es, de acuerdo a la Constitución, el responsable de lo que sucede en el Estado, y tiene la obligación de velar por los intereses todos, de los bajacalifornianos, sean en cuestión de desarrollo, economía o seguridad.
En las últimas semanas, la violencia ha arreciado en municipios como Ensenada, Tecate y Tijuana, aunque Mexicali y Rosarito no están muy lejos. A proporción, los homicidios violentos y ahora los secuestros, han aumentado.
A pesar de ser, también por reglamento, el coordinador de la Mesa de Seguridad, el gobernador sin corporación policiaca, a veces la atiende, a veces no. Los militares le escuchan, pero no tienen que responderle. Especialmente en las Fuerzas Armadas, jerarquía mata política, y lo del Comandante de Zona, es el Comandante de Región, y en su caso, el General Secretario de la Defensa Nacional.
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Y a lo mejor, conociendo ahora la conducta vengadora de Bonilla, resulta que es favorable que no maneje una corporación policiaca, aunque para detener e investigar a quienes considera sus adversarios, ahí tiene a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial, como ha sido el caso de extraños y de propios. Como ejemplo, la andanada de investigaciones y vinculaciones a proceso a la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams, y las investigaciones contra Arturo González Cruz. A la primera la quiere meter a la cárcel, al segundo también, hasta que este solicitó licencia y mejor ahí les dejó la presidencia municipal.
Total, que Bonilla no cuenta, porque no puede, en la estructuración de una estrategia para prevenir o combatir a la criminalidad organizada, que comete delitos del fuero común como narcomenudeo, homicidio doloso o secuestro, por mencionar algunos. Entonces esa responsabilidad recae, aparte de en la Fiscalía General del Estado, en los ayuntamientos. Los cinco encargados de la seguridad en cada uno de los cinco municipios de Baja California, tienen la enorme responsabilidad de elaborar estrategias y políticas públicas para combatir y prevenir la inseguridad, y llevar tranquilidad a la sociedad en que se desarrollan y a la que sirven.
Pero resulta que no. La mayoría de ellos, si no es que todos, cuando son entrevistados sobre sus planes, lo primero que hacen es deslindarse de la persecución de las células criminales, que inician de roba autos, continúan con el secuestro y la extorsión y terminan en el narcotráfico.
En Tijuana, Pedro Cruz Camarena dijo que no iría tras los números cuando se le pidió su opinión sobre el incremento en los homicidios. Desconoce, quien sabe si a conciencia o premeditadamente, quiénes son los objetivos a seguir en las células criminales que, se insiste, cometen delitos del fuero común. Lo suyo -ha reiterado- es la cultura, la educación y el deporte, cuando esas ramas deberían ser parte de una estrategia integral de seguridad, acompañadas de los operativos y el combate a la criminalidad, y no el todo de una política pública.
Lo mismo sucede en Tecate, donde el Coronel Ramón Márquez, expresó llanamente: “Mi lucha no es contra el narcotráfico”, cuando ese fenómeno es el origen de todos los problemas de inseguridad que se viven en el Pueblo Mágico. Una lucha insana entre miembros de un cártel contra otro, y que, como ya se sabe, cometen delitos del fuero común. Pero vaya, resulta que esa no es chamba del director de Seguridad Pública de Tecate.
En Ensenada, ni hablar. El Cártel de Sinaloa ha tomado el puerto, el Valle, la serranía y la ciudad, sin que autoridad local, estatal o federal, lo detenga en su paso. Armando Ayala será el alcalde que encabezó el ayuntamiento durante el periodo más violento, ni sabe, ni le entra al tema de la violencia que ha escalado hasta llegar a los terrenos vinícolas, uno de los principales atractivos no solo de aquel municipio, sino de Baja California.
A los directores o secretarios de Seguridad de los ayuntamientos, los palomeó el fiscal general Guillermo Ruiz Hernández, con la venia de su compadre, el gobernador Jaime Bonilla, que no hace nada, pero no deja hacer en materia de seguridad y protección.
Hernández viaja constantemente a Ciudad de México, donde espera que de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le den ayuda, o de la Guardia Nacional, solo para regresar al Estado cargado de promesas, pero con pocos resultados.
En el gobierno de Bonilla, al que le faltan pocos meses, BC perdió la Secretaría de Seguridad y ganó un incremento en homicidios y violencia en municipios como Ensenada y Tecate, en los cuales el ingeniero en el poder responsabiliza a la alcaldesa Adams, pero no toca al alcalde Ayala.
Los bajacalifornianos que escuchan los disparos, ven pasar los convoyes, se enteran de los secuestros y las extorsiones, están abandonados ante la inseguridad porque, quien los gobierna, no tiene capacidad ni estructura, y en los ayuntamientos, los directores o secretarios se concentran en todo, menos en combatir a la criminalidad porque, dicen, no es lo suyo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la sociedad, otra vez, llegue al hartazgo.
Feo nuestro caso.
