Ciertamente la puerta al juego de apuestas, remotas, cercanas, de números, de justas, y cualquier nombre que le pongan para evitar la palabra casinos, y así la bogante casinización de México, la abrieron gobiernos de la República emanados del Partido Revolucionario Institucional. Pero en los doce años que los del Partido Acción Nacional estuvieron en el poder federal, no desperdiciaron la ocasión para también repartir, más a diestra que a siniestra, cientos de autorizaciones para operar centros de apuestas remotas con sala de sorteo de números, o sea, casinos. Tanto en el sexenio de Vicente Fox como el de Felipe Calderón y ahora en el de Enrique Peña Nieto, hay personas beneficiadas con nuevas anuencias para abrir y operar casinos…siempre y cuando, cumplan con las leyes locales y los reglamentos municipales. Por eso hay estados que no tienen casinos, y hay aquellos donde abundan las casas de juego. En el insipiente gobierno de Peña Nieto se han revocado dos permisos en conjunto para la operación de 57 casinos, otorgadas las anuencias en el sexenio de Vicente Fox, pero se han entregado igualmente dos permisos para la operación de 11 casinos –raro, 10 de ellos para explotarse por un año, el otro por 10 años-. En total, ya sin considerar las dos concesiones revocadas a Entretenimiento de México S.A. de C.V. y Exciting Games S. de R.L. de C.V., una a nombre de Juan José Rojas Cardona y la otra ligada a éste el mal llamado “zar de los casinos” –es que ese está en Baja California, es priista, ha sido candidato a gobernador, ha estado en la cárcel y se le ha investigado por acopio de armas, contrabando y homicidio, o sea, Jorge Hank Rhon-, de acuerdo a información en la página de juegos y sorteos, hay 670 permisos para operar casinos, o como dicen, centros de apuestas remotas con sala de sorteo de números; 66 permisos para libros foráneos, 4 para frontón, 4 para galgódromos y 3 para hipódromos. Eso sin considerar el permiso para abrir un número ilimitado de casas de apuestas concedido a Jorge Hank Rhon para el territorio de Baja California. No todos los permisos están siendo operados; de esos 670, poco más de 300 sí están siendo utilizados y son casinos abiertos. Hace unos días, en Baja California se reveló que el ex alcalde priista de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo, tiene la intención y el camino legal y documental avanzado, para abrir un casino en su complejo de edificios conocidos en esta ciudad como Las Torres, por razones obvias. Bustamante, un priista muy cuestionado, no solo en su ideología pues lo mismo ha apoyado campañas del PAN que de su partido el PRI, sino por las muchas irregularidades que se han detectado en lo que fue su administración, y su ansia de poder al pretender –con todo y que dejó la ciudad en la ruina, en cuestión de prestación de servicios públicos y en términos financieros- primero aspiró a ser el Cónsul de México en Washington, en el PRI le dijeron que no, y quiso ser el Cónsul de México en San Diego, California, también le dijeron que no, y luego quiso ubicar a sus allegados en delegaciones federales y tampoco se lo concedieron. Acostumbrado a trabajar muy poco, y heredero de una vasta fortuna que le llegó de manos y esfuerzos de su padre, el habilidoso empresario ya fallecido, don Alfonso Bustamante Labastida, el ex alcalde de Tijuana incluso integró la lista de los perjudicados y luego beneficiados por el Fobaproa. Ahora pretende, de la mano del gobierno de Enrique Peña Nieto, una anuencia de la Secretaría de Gobernación para abrir y operar un casino en las icónicas Torres de Tijuana, al asociarse con un permisionario legal, Juegos y Sorteos de Jalisco S.A. de C.V., de Rodrigo David Galván Graf, a pesar que en una de sus últimas acciones, al ex Gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán le aprobaron en el Congreso de Baja California, una moratoria para la instalación de nuevos casinos en la entidad. Con la soberbia priista que caracteriza a algunos seguidores de Enrique Peña Nieto, Bustamante ha hecho legal e irregularmente de todo –como auto otorgarse permisos cuando fue alcalde de la ciudad, o pretender utilizar viejos- para abrir lo que cree será la culminación de sus negocios luego de haber quebrado varios: un casino. Habrá que esperar la reacción del Gobierno Federal, de la Secretaría de Gobernación, ver si favorecen que un tercero utilice el permiso de un primero para abrir un casino nuevo, donde hubo uno hace muchos años de la compañía de Jorge Hank, en un estado donde existe una moratoria, pero que vaya, es un “priista destacado” aunque haya concluido su gobierno en la ignominia política. Ciertamente la administración de Enrique Peña Nieto ha revocado concesiones, cerrado casinos, investigado a permisionarios, denunciado a jueces que otorgan amparos, pero falta ver qué hace cuando de los de casa se trata. Jorge Hank sigue intocable a pesar de la sospecha perenne sobre su actuar, y Carlos Bustamante está a punto de ser beneficiado… o no. ¿Será? Aunque una descanizinación a México no le vendría nada mal, así como el PRI concedió muchos permisos, el PAN se engolosinó con lo mismo, en un contexto de cruenta inseguridad, la prudencia apremia. ¿No?  

Ninguno de los panistas que desde 1989 han gobernado Baja California, había hecho lo que el último y actual, Francisco Vega de la Madrid.</span> Ni Ernesto Ruffo Appel, ni don Héctor Terán Terán –asegún líder moral de Vega de Lamadrid–, mucho menos Alejandro González Alcocer en su gobierno sustituto; vaya, ni el político empresario que es don Eugenio Elorduy Walther, y aunque esté por demás decirlo, ni José Guadalupe Osuna Millán. En efecto, ninguno de los antecesores de Francisco Vega, se sentó a compartir alimentos y bebidas con Jorge Hank Rhon, auto calificado como “soldado del PRI”, investigado por acopio de armas y homicidio, preso en penal del Hongo en el transcurso de esa investigación, depuesto candidato del PRI al Gobierno de Baja California, y sospechoso en el caso del asesinato de Héctor “El Gato” Félix Miranda. Las muchas sospechas que pesan en la vida de este hombre dedicado al juego, los casinos y las casas de apuestas, y su acendrada línea priista al haber sido su padre –no él– miembro influyente del Grupo Atlacomulco, fueron los dos más importantes factores para que los gobernadores del PAN no hicieran ligas con el de Caliente. Ernesto Ruffo lo ubicó en el crimen del periodista Héctor Félix Miranda al declarar que todos los caminos, armas, asesinos, vehículos, conducían al Hipódromo. Correspondió a don Héctor Terán mantener esa distancia política, social y administrativa, aunque fue durante su administración que la investigación del asesinato del Fundador de ZETA fue cerrada con dos autores materiales sentenciados. Alejandro González Alcocer no tuvo ni buscó la oportunidad de codearse con la encarnación de la sospecha criminal, mientras Eugenio Elorduy concedió un permiso a la Sociedad Interamericana de Prensa, para que revisaran el expediente de “El Gato”, y que en caso de encontrar algo que no se hubiese investigado correctamente, o que ligara al del Hipódromo, se abriría el caso. De José Guadalupe Osuna Millán, Hank no recibió. De hecho el panista fue quien lo derrotó en su intentona por ser Gobernador de Baja California; también la Procuraduría de Osuna, encabezada por Rommel Moreno, le abrió investigación por el caso del homicidio de la joven Angélica María Muñoz Cervantes, incluso solicitaron el arraigo dado que un testigo protegido lo acusaba de esa y otras muertes, pero el Poder Judicial no lo concedió. Antes de ganar la elección que lo hizo Gobernador, Francisco Vega rompió con la tradición panista de sus mandatarios. Aprovechando el odio que Hank le profesa a Fernando Castro Trenti, hoy Embajador de México en Argentina y antes candidato del PRI al Gobierno del Estado, panista y ex reo hicieron acuerdos. Lo denunciaron priistas y les pesó a muchos panistas. La dupla se formó para derrotar al PRI. Lograda la hazaña, no tardaría Francisco Vega en confirmar con sus acciones la promiscua relación política. Pagaría con posiciones que en la integración de su gabinete negó a panistas de toda la vida, neos y chambeadores. Incluso un hijo de Jorge Hank tiene membrete en el Instituto de Cultura de Baja California, y cobra dinero público. A sus allegados también los trató bien Vega. Hasta una Secretaría le tocó al priista grupo Hank. Y en la Procuraduría General de Justicia del Estado, nada se ha continuado en la investigación que contra Jorge Hank iniciaron en el sexenio pasado. El caso, prácticamente está congelado. Después de negar la insana relación. Francisco Vega hizo lo que incluso el Presidente Enrique Peña Nieto se negó a hacer cuando era candidato: ir al Hipódromo a un acto público y político. El Mandatario Peña, ordenó en 2012, no tener actos públicos con Hank. Pero Vega en 2014 y de otro partido, piensa lo contrario. Acudió el viernes 16 de mayo a las instalaciones de Caliente a una cena de gala que organizó y pagó el acusado de acopio de armas, para “ayudar” a la esposa de Francisco Vega, Brenda Ruacho, a recaudar dinero para su obsesión del sexenio, un centro de rehabilitación infantil Teletón, pues la fundación de Televisa requiere de un “adelanto” de 130 millones de pesos para administrar a nombre de los bajacalifornianos, el mentado CRIT, en caso de construirse. Vega comió y bebió del patrocinio de Jorge Hank, al igual que el resto de los que pagaron 600 dólares por entrar a la cena a beneficio del CRIT de Ruacho. Alejado de la gente que manda, y que con 600 dólares puede alimentarse durante varias semanas, Francisco Vega fue fotografiado cuando compartió mesa y saludo con el priista Hank. En medio la novia del también dueño del equipo de fútbol. Los dos políticos sonrientes. La gráfica, publicada en el portal noticioso Agencia Fronteriza de Noticias de Dora Elena Cortez, fue tomada por un comensal que prefirió quedar en el anonimato, pues la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado prohibió tomar fotografías del gobernador en el acto de su esposa, mientras el departamento de comunicación del grupo Caliente a cargo de Francisco Ramírez Guerrero, hizo lo mismo. Es decir, había la intención de ocultar la imagen. De negar una vez más lo que desde la campaña se sabe y se confirmó con los nombramientos de hankistas en el gabinete de Vega, y hoy con la generosidad del ex reo para con la Primera Dama: la dupla Hank-Vega. A ver qué sigue.

Aunque no lo expresaran los del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, ni lo afirmaran los del INEGI, ni lo confirmaran en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, o lo analizaran expertos académicos o empresarios, de todas maneras los mexicanos todos, lo sentimos. Lo palpamos en el día a día, lo vivimos y lo padecemos, que es lo peor. Realmente en México y en estos momentos, no hace falta que nos vengan a decir que el País está en una recesión económica. Se siente, se nota, se percibe y se vive; la falta de flujo de recursos, la carestía económica, la paupérrima situación del salario mínimo, la falta de inversión interna y la ausencia de inversión externa, y la errada inversión de los gobiernos, empezando por el Federal –de hecho la más importante en términos financieros y numéricos-, y siguiendo con la estatal y la municipal que están supeditadas a la federal en este centralismo puro que vivimos hoy día. Hay hogares, muchos (quizá el suyo sea el caso) donde se han tomado medidas de ahorro y previsión, ya no compras esto o aquello, prescindimos de lo otro y nos arreglamos con lo poco. En el mundo del comercio, las cosas no van bien. Siendo la pequeña y la mediana empresa las principales proveedoras para la economía en México, son las que más están padeciendo la recesión económica. De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en los primeros tres meses del año, en México cerraron 115 mil 470 negocios. Por entidad, los primeros cinco lugares en números rojos son, Estado de México con 23 786 bajas en negocios, Distrito Federal con 16 mil 341 inversiones menos, Jalisco con 10 mil 91 a la baja, Guanajuato 8 mil 934 negocios menos y Baja California (mi estado) con 5 mil 758 empresas medianas y pequeñas, menos. ¿A qué se debe la inapetencia para la inversión en nuestro país? Desde un punto de vista ciudadano y medianamente informado, a cuatro factores: las reformas estructurales del Presidente Enrique Peña Nieto, la Fiscal, la Energética y la Política, que si llegan a dar resultados será en el largo plazo; la recesión que está de salida en los Estados Unidos el país con el que mayor intercambio comercial tenemos y del cual depende de manera indirecta (realmente directa) nuestra economía; la poca y mala inversión gubernamental –invierten pero no donde se derrama el dinero, sino donde pocos se aprovechan-, y cuarta, la inseguridad cada vez más cruenta, más grave y más llamativa en el País, que inhibe la inyección de dinero extranjero y nacional (Luis Videgaray Caso, el Secretario de Hacienda lo dijo hace unos días, antes de anunciar que ajustaría el porcentaje programado de crecimiento económico para México, tasado en 3.1 por ciento). No hay dinero, la gente no compra, no invierte, los presupuestos se acortan y los ahorros, pocos, se guardan para ocasiones peores. La reforma financiera, fiscal, en mucho contribue a ello. Hostigar a la base contribuyente de siempre con trámites basados en la desconfianza y la persecución, como hacer que todos los negocios, absolutamente todos, incluyendo los taqueros, los abarroteros y los desayunadores, tengan que facturar electrónicamente, y de ahí para arriba, obligar a comprar programas de computadora para emitir facturas que antes de ser entregadas deben ser aprobadas por Hacienda. Siguiendo por los gobiernos estatales y municipales que no pueden invertir en obras que no sean parte del proyecto nacional de desarrollo y vayan acorde a las necesidades electoreras y de lucimiento propio del gobierno federal, con tesoreros y financieros y directores de finanzas y administradores que deben estar certificados por el gobierno central para asegurar que los dineros públicos se invertirán donde el Gobierno de Enrique Peña Nieto quiera que se inviertan, y no para satisfacer las necesidades reales de la sociedad. La economía está inhibida, está en recesión y todos lo padecemos. Los abarroteros que deben cerrar porque no alcanza la poca ganancia para adquirir un equipo computacional y un programa fiscal; los vendedores que deben hacer el doble de trabajo para ganar lo mismo, los inversionistas que cambian de estado en busca de mejores condiciones locales para desarrollar negocios transnacionales, los extranjeros que han dejado de invertir en México porque les cuesta más que en otros países del tercer mundo. Tan mal nos ha ido de entrada con las reformas estructurales que sacó adelante Enrique Peña Nieto con interesadas alianzas con los líderes del PAN y el PRI, que pactaron con sus comparsas representantes en las Cámaras Legislativas Federales, que el propio gobierno federal ha debido de invertir e inventar fondos, para inyectar los sectores del país. Este sexenio, sordo y ciego que no entiende lo que entidades locales, nacionales, internacionales, analizan y consigan, y lo que la sociedad mexicana está viviendo, y que es una recesión, negada por el Presidente de la República y repudiada por el Secretario de Hacienda, crea a costa de sus ciudadanos, inversiones para apoyar, en una estrategia paternalista, a quienes padecen en lo inmediato los efectos negativos de la toma de decisiones en términos financieros en México. Y para ello, crean fondos de recuperación. Así tenemos que se han creado fondos federales para “ayudar” a los sectores productivos a sobrellevar y sobrevivir las consecuencias de la administración priísta de Enrique Peña Nieto. Ahí tiene el Fondo Educativo de Peña por 950 millones de pesos para la ampliación en la oferta educativa de los Tecnológicos de México (luego se dará cuenta que las Universidades tampoco pueden con la carga y creará otro fondo); el Fondo para el sector Agropecuario, 120 millones de pesos de inversión para impulsar la productividad de los ganaderos del País. Luego está el Fondo para la zona fronteriza, que el presidente Enrique Peña Nieto “lo da” a partir de la reforma fiscal que incrementó el IVA del 11 al 16 por ciento en la franja fronteriza –estaba a una tasa menor para competir con los impuestos al valor agregado, que son menores en los países vecinos- que consiste en tres mil millones de pesos para apoyar a empresas a amortiguar el incremento de impuestos pero a través de programas asistencialistas de la Secretaría de Desarrollo Social que no llegan a los negocios, sino a las familias, hombres y mujeres, seleccionados por el sistema federal en base al voto y la necesidad, y no contemplando la inversión o el nivel de competitividad que requieren alcanzar. Otro fondo para la recuperación. Fondo para Jefas de Familia, para que…en serio, se compren una casa; lo hizo a través del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, en solo siete estados de la República Mexicana y para que las mujeres puedan adquirir una vivienda en pagos semanales menores a los 500 pesos, no importa las dimensiones del “hogar” que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari empezaron a reducir los metros cuadrados de construcción, para ir bajándolos cada vez más con Ernesto Zedillo, Vicente Fox, hasta llegar a condiciones de hacinamiento con Felipe Calderón y ahora con Enrique Peña Nieto. El último fondo que anunció el Gobierno de la República: para las empresas del sector energético, es decir, después de una súper reforma energética, de anunciar la panacea con la apertura a la inversión, la consolidación llega en una fondo privado de bancos y gobierno –ahí el detalle y el negocio- de 26 mil millones de pesos para “pequeñas y medianas empresas que decidan participar en el sector”, a partir de la dupla Nacional Financiera y el banco HSBC a través del gobierno de Enrique Peña Nieto. Demasiados fondos, demasiados desaciertos palpables, vivibles, y padecidos por los mexicanos, para un gobierno que ciego y sordo –más bien que se hace el ciego y sordo- no quiere ver, no reconoce, pero que todos sufrimos y que están plenamente documentados por organismo nacionales, privados, institucionales, extranjeros y de cooperación internacional. La economía mexicana está en recesión, y se siente, aunque el gobierno de Peña lo niegue, y los expertos lo confirmen.  

La impunidad aumentó con Felipe Calderón Hinojosa y sigue su crecimiento con Enrique Peña Nieto. No la pueden detener. De hecho, no ha habido un compromiso real ni se ha visto una voluntad férrea, para solucionar la acción madre de todos los conflictos de inseguridad en México. La impunidad. Aunque cuando el punto de arranque del narcotráfico es, efectivamente, la venta de droga y el tráfico de la misma por territorio mexicano hasta suelo estadounidense, lo que mantiene activa la maquinaria de las drogas, es la impunidad que se le provee a los delincuentes que se dedican al ilícito negocio pero que tienen legítimas empresas, casas, autos, residencias y gozan de lujos. De igual manera, mientras una mente criminal puede madurar en cabeza del crimen organizado, haciendo de la comisión del delito una empresa de secuestros, tráfico de personas, extorsiones, robo de vehículos, ejecuciones y también venta de drogas, el apócrifo imperio no se sostendría sin la ayuda del Estado. Ante la muy tímida acción del Gobierno Federal, fuero en el que se encuadran la mayoría de los delitos que afectan a las familias mexicanas en lo más profundo, desde hace tiempo, los mexicanos comenzaron a autodefenderse. Antes que aparecieran las autodefensas en Michoacán, ya lo hicieron por su cuenta personas que sufrieron la pérdida de un hijo, la desaparición de alguno, la ejecución de otros más, la privación de la libertad de migrantes. En los últimos años hemos transitado de la entonces ciudadana preocupada y alejada de la política Isabel Miranda de Wallace, al “si no pueden renuncien” de Alejandro Martí, hasta llegar a las marchas por la paz y la férrea crítica del sistema que provee impunidad, por parte del poeta Javier Sicilia, y la defensa a ultranza de los desprotegidos y abusados por el padre Alejandro Solalinde. Otros han perdido la vida en autodefenderse. Los trágicos casos de Marisela Escobedo en Chihuahua y Sandra Luz Hernández en Sinaloa, dan cuenta de ellos. A Escobedo le asesinaron una hija, y el presunto homicida burló a la justicia sistemáticamente, hasta que ella fue asesinada de tiros directos a la cabeza, y pocos se preocuparon del caso. El de Hernández no es un caso distinto. A ella le desaparecieron un hijo en febrero de 2012 y hace unos días, después de hablar con funcionarios de procuración de justicia sobre indicios que ella había encontrado en su intento por localizar vivo a su hijo, un asesino la mató. Disparos a la cabeza. El 11 de mayo, un día después del día de la madre, Sandra Hernández, una madre desesperada fue asesinada. Los peritos encontraron en la escena del crimen quince casquillos. Todos los impactos fueron a la cabeza. Autodefenderse no debería ser una necesidad de los mexicanos. El Estado debería defendernos de criminales, homicidas, secuestradores, extorsionistas, tratantes de blancas, traficantes de personas, ladrones, narcotraficantes. Tomar la justicia en mano propia y las armas para defenderse, es vulnerar la seguridad de cada persona que en su desesperación no encuentra otra salida, que la toma de las armas o la toma de la investigación. En Michoacán, desde que Alfredo Castillo llegó en calidad de Comisionado para la Seguridad, ha habido más señalamientos contra autodefensas que criminales aprehendidos. Castillo con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, hace y deshace reputaciones en Michoacán. Ya encarcela a un autodefensa como Hipólito Mora por autodefenderse, como le da armas e institucionaliza a otros como Estanislao Beltrán (tiene apodo y es “Papá Pitufo), o –atentando contra la estricta política que el gobierno de Peña instauró cuando se trata de investigaciones ministeriales- desprestigia a otro autodefensa, con lo que también podría considerarse una amenaza pública- al sugerir que el doctor José Mireles, también líder de autodefensas, es investigado en el caso de cinco asesinatos. Se filtra, cosa rara también dado que es imposible sacarle fotos al gobierno federal en el caso de investigaciones criminales, una fotografía precisamente de Mireles, sosteniendo un cadáver. El autodefensa se autodefiende con que el Ministerio Público que se encontraba en la escena del crimen le pidió sostener el cadáver para tomar unas fotografías, y el comisionado Castillo dice que lo que él dijo es que “…es una de las líneas de investigación porque nosotros no podemos descartar nada hasta que esté agotada y la investigación sigue su curso y tomará más curso hasta que se agarre al que ha sido reconocido como el autor material, una persona de apodo El Plátano”, pero arremete contra Mireles: “Hay unas declaraciones sobre gente que hace señalamientos… esos señalamientos no son suficiente para que tú puedas atribuir una responsabilidad”. La autodefensa que han emprendido muchos mexicanos, nos hace tener muchas organizaciones, donde activistas inician las investigaciones que las Procuradurías no hacen, y otras víctimas se acercan a ellos hasta crear una asociación, la asociación de desaparecidos, de hijos secuestrados, de familiares ejecutados, de hombres y mujeres, padres y madres, familiares desesperados. En la medida que estas organizaciones crecen, se multiplican, de acuerdo al incremento de autodefensas, así sean “institucionalizadas” como lo es la Fuerza Rural Estatal en Michoacán, un organismo compuesto por “civiles institucionalizados”, que los vistieron como Policías Federales, los armaron como a policías municipales y les dieron vehículos como de repartidores, que tanto el comisionado Castillo como autoridades del Gobierno del Estado de Michoacán y elementos del Ejército “capacitan” pero no evalúan, para hacer el trabajo que ellos, Policía Federal, Gobierno de Michoacán y Fuerzas Armadas del País, deberían estar haciendo. Las autodefensas no son nuevas pues, existen desde el momento en que no llegó la justicia ante un crimen. Pero ahora cobraron otros niveles, transitaron de la resistencia pacífica, de las marchas y las consignas, a la investigación, a las armas, y ahí, muchos que se autodefienden han perdido la libertad o la vida. La impunidad, debería saber el Presidente viajero de México, es el problema a atacar primero. Antes que termine por institucionalizarse, como las autodefensas.