Actualmente, más de tres mil empleados de gobierno de Baja California que reúnen los requisitos, y a quienes les han retenido cuotas durante decenas de años, no han podido jubilarse. El motivo: por años, el gobierno estatal o los municipales, no han entregado el dinero descontado a los trabajadores, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California (ISSSTECALI). A los empleados les han sido robados impunemente los pocos recursos que ahorraron para mantenerse en su vejez, mientras los funcionarios que decidieron no pagar la seguridad social y meter el dinero a gasto corriente u otros gastos gubernamentales, han cometido el delito de peculado. Los artículos 223 del Código Penal Federal, y el 298 del Código Penal de Baja California, indican lo mismo, estos funcionarios cometen el delito de peculado: I.-Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado y la legislación federal”, agrega en el apartado IV, cuando “… les dé una aplicación distinta a la que se les destinó”. Pero nadie ha sido castigado. Por otro lado, el hecho de que las cuotas asignadas y pagadas por los trabajadores (el 7-8 por ciento de su salario) apenas cubra el 16.6% de lo que cobra de pensión, resulta insuficiente, y lo peor, mal administrado. De hecho, en 1997 el inminente colapso de las finanzas públicas nacionales provocado por el desbalance generador por el pago de pensiones del ISSSTE e IMSS, sirvió de pretexto para la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), con lo que se evitó el desastre financiero. Pero en 2010 la historia se repitió, y la misma alerta de desastre económico se ha anunciado durante los últimos cuatro años. Apenas en febrero de 2014, durante la Semana de la Seguridad, Sebastián Lerdo de Tejada, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y José Antonio González Anaya, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hablaron del enorme reto que representa el régimen de jubilaciones. A lo anterior sume Usted las pobres condiciones en que se encuentran los hospitales públicos, denunciadas por personal médico de las instituciones, como falta de insumos y equipamiento, además del desabasto de medicinas. En ese desastroso marco de pensiones, desde el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto tuvieron la flamante idea de pagar a los magistrados federales electorales el favor de haberse hecho de la vista gorda con el fraude de las tarjetas Soriana y Monex, con los gastos excesivos de campaña y la “dispersión” de 70 millones de pesos no reportados como gastos en el proceso electoral presidencial de 2012, donde precisamente, el PRI y Peña ganaron la elección nacional. Sin merecerlo, ni justificarlo, sin tener el país las condiciones financieras, incluyeron en la reforma electoral una pensión vitalicia para los magistrados electorales; según las cuentas, la propuesta era que después de diez años de trabajo, al jubilarse recibieran entre 4 y 5 millones de pesos al año hasta su muerte. Y los legisladores de todos los partidos lo aprobaron, como si los 4 millones 206 mil pesos anuales que reciben (2 millones 601 mil 900 pesos salarios, 737 mil 718 por pago de riesgos y 866 mil 353 en prestaciones) no fueran suficientes para que los señores ahorren para su retiro. O peor aún, como si estuvieran cumpliendo dignamente con su trabajo. Ahora algunos legisladores salen con que no se dieron cuenta, con que los chamaquearon, mientras otros reconocen que sabían y no le vieron problema. Pero ante el enfado popular han decidido reconsiderar, PRD y PAN proponen derogar la prerrogativa, mientras los del Partido Revolucionario Institucional pretenden limitar la pensión a los dos años siguientes de abandonar su encargo, porque es el tiempo que la Ley les prohíbe ejercer su profesión. Pero señores priistas, lo magistrados sabían de ese pequeño detalle y no les importó cuando se postularon. No se preocuparon porque hicieron las cuentas, 10 años a 4 y pico millones de pesos por año, seguramente les da para vivir cómodamente por mucho más de 24 meses después de dejar su encargo. Entonces, si no se trata de pagar los favores recibidos, o adelantar sobornos, no tienen por qué arreglar lo que no se ha descompuesto. En un país en recesión económica, no deberían buscar de qué manera abusar más de erario, sino la manera de ahorrar, y podrían empezar por dar reversa al Artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que concede a los ministros de la Corte Suprema, derecho a “un haber por retiro de carácter vitalicio”, equivalente al cien por ciento de su altísimo sueldo durante los dos primeros años, y al 80% durante el resto del tiempo. Los magistrados del Tribunal Electoral ganan más que el Presidente de la República, más de 4 millones de pesos al año con prestaciones adicionales de hasta 6 millones algunos, y pueden pagar un seguro de separación del cargo que al salir, les da hasta 4 millones. Pero en lugar de eliminar ese lastre para 2014, el Gobierno Federal firmó con ellos un convenio en el que se especifica que no se les podrá reducir el sueldo durante el tiempo que dure su encargo. Los cinco magistrados en retiro ya nos cuestan entre 202 mil y 212 mil pesos mensuales, más los sueldos de cinco trabajadores que cobran entre 65 mil y 90 mil pesos al mes, y gastos de alimentación que en algunos casos llegan a los 134 mil pesos por año, según información obtenida en Transparencia por algunos medios de comunicación. Otra carga injustificada que Enrique Peña Nieto y los diputados, podría ahorrarle al erario y a los ciudadanos, son los más de 200 mil pesos mensuales que se entregan a los ex presidentes -cifras del IFAI-, los más de 60 elementos de Ejército, Armada y Fuerza Aérea que tienen a su disposición, y los más de 70 mil pesos mensuales que reciben sus viudas; como Sasha Montenegro, ex actriz del cine de ficheras en México. Es mucho abuso para un país en crisis económica, y con más de la mitad de su población en la pobreza.
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