No es la primera ocasión que un funcionario, municipal o estatal, comete una irregularidad, se aprovecha de su cargo para transar con los dineros públicos, y es mantenido en el cargo. Ahí están los casos de secretarios del Gobierno del Estado, que incluyen en la nómina a parientes, amigas y amigos, compadres; o los secretarios que conceden millonarios contratos a sus compas, ignorando a empresas tradicionales que concursan para ganar una licitación. O los municipales que eligen a hijos de periodistas o de cuates de otros partidos para cargos de alto nivel, sin tener la experiencia. Los casos de corrupción policíaca que abundan. Normalmente las irregularidades que afectan los dineros públicos, no son detectadas por los departamentos de Contraloría o Sindicatura, sino que son denunciados por los afectados, o por empleados de gobierno honestos que son testigos de las transas de otros. Recientes hay muchos casos. Antonio Valladolid entregando un millonario contrato a una empresa para la elaboración de placas, que ni tiene experiencia, ni tenía la maquinaria, mucho menos la infraestructura para cumplir con la encomienda, pero que fue favorecida por el titular de Finanzas del Estado. Luego también, las contrataciones del secretario de Desarrollo Social, Héctor Magaña, la no entrega de recursos a organizaciones de la sociedad civil por parte de este mismo panista, y la discrecional entrega de despensas también en esa dependencia. De la Comisión Estatal de Servicios Públicos han surgido muchas irregularidades. Dos, las más peligrosas. La infestación de mejillones en la Potabilizadora El Florido, que el director Alfonso Álvarez Juan intenta cubrir en lugar de erradicar, y la denuncia de un abogado de cómo el jurídico de esa Comisión, el ex subprocurador Fermín Gómez, le pidió el 50 por ciento del monto de una licitación que solicitó, a cambio de otorgársela a él. También los 40 millones de pesos que la administración de Francisco Vega de Lamadrid destinó en los primeros meses de 2014 para pagar por servicios profesionales a hombres y mujeres mayormente afiliados al PAN, por hacer análisis, trámites, manejo de expedientes, supervisión de obras. Como si no hubiese en el gobierno personal calificado, y en la nómina para desempeñar esas labores. En este caso, dentro del marco legal, pero cerca del contexto del abuso. En el XXI Ayuntamiento de Tijuana,  otro abogado denunció durante la semana anterior. David Rincón Rey, director de lo Contencioso de la Consejería Jurídica, que dirige Gerardo Herrera, cometió actos que causaron un daño económico a la ciudad, y beneficio a terceros. Contó el abogado Edmar Pérez, cómo Rincón se acercó a sus clientes, ex trabajadores que la emprendieron contra el Ayuntamiento, de donde los despidieron, y ganaron el juicio. Rincón debía pagar a los ex trabajadores una compensación, incluidos salarios caídos, por poco más de 300 mil pesos. Pero en lugar de ello, le explicó a uno de los trabajadores que tramitaría rápido su cheque si el procedimiento lo hacía con otro abogado, obvio uno recomendado por el propio Rincón, el cual le cobró el 40% de lo que la administración le entregaría. Le explicaron: 30% para el abogado, 10%  para Rincón y los funcionarios de la Consejería -eso le dijeron-. Cuando salió el cheque, el ex trabajador fue el único sorprendido. Un millón 600 mil pesos le dieron, del cual, le cobraron el 40% cuando lo acompañaron al banco a cambiar el documento. De esto se dio cuenta en un reportaje de ZETA, publicado el viernes 11 de julio. Al jueves 17 de julio, David Rincón Rey sigue laborando en el Ayuntamiento de Tijuana que encabeza el doctor Jorge Astiazarán. ¿Por qué una administración que se asume y se ha mantenido en la honestidad, la franqueza pública y el trabajo de calle, mantiene a un funcionario que a todas luces cometió ilícitos? No se sabe, lo que sí, es que en la Sindicatura Municipal que titula Arturo Ledesma, sí se está investigando. Por lo pronto, por delitos cometidos por servidores públicos: Cohecho.- “El servidor público, que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente dinero o cualquier otra dádiva, o acepte promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones”. Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos.- “Al servidor público que por sí o por interpósita persona sustraiga, destruya u oculte información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso…”. También por enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. A como van los investigadores de Sindicatura, lo dela inhabilitación a David Rincón (aunque también son sujetos de investigación Gerardo Herrera y Leonardo Vicente Salas Guerrero) será el menor de sus problemas, pues se interpondrá una denuncia penal y una demanda civil por los daños causados al Ayuntamiento. Quizá el doctor Astiazarán no lo sabe, pero no es la primera ocasión que el abogado David Rincón comete una irregularidad, siendo el titular de la Consejería Jurídica el abogado Raúl Corona Sesma, en la administración de Jorge Ramos Hernández, despidió a Rincón, a quien había contratado como titular de lo Contencioso Administrativo de la Consejería, cuando se dieron cuenta que éste falsificó la firma de uno de sus superiores para favorecer a otro abogado, con una resolución en la cual le daban beneficios fiscales. Corona Sesma detectó el intento de fraude y, antes que Rincón lo cometiera, lo despidió para “acabar con la impunidad”. No es, pues, la primera vez que comete un ilícito “sin darse cuenta”. De hecho unos años después de ser despedido por el intento de fraude, Rincón concursó para magistrado supernumerario del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, y en su currículo anotó que había trabajado para la Consejería del 1 de diciembre de 2007 al 30 de noviembre de 2010, cuando Corona Sesma lo despidió tras falsificar la firma en junio de 2009. Todo un reincidente que sigue laborando para una nueva administración pública. Acabar con la impunidad, gobernador, alcaldes, solo se logra si se empieza desde dentro. De lo contrario, mantener a secretarios transas, aprovechados, funcionarios abusivos y defraudadores, los convierte en cómplices. Están a tiempo.

No son una novedad. Los cazadores de criminales, los sicarios que se creen vigilantes o los narcos que hacen justicia por su propia cuenta, son de lo más común. Lo nuevo es que utilicen las tan a la mano nuevas tecnologías y medios de comunicación sociales, para darse a conocer. Tradicionalmente daban cuenta de su presencia y acciones “contra el crimen” de otros delincuentes, a partir primero de cartulinas dejadas en las escenas de violencia. Un decapitado con un cartón que decía, “esto le va a pasar a todos los que trabajen para…”; o unos cuerpos tirados a la orilla de la carretera con un mensaje similar. Ni hablar de las cabezas que en alguna ocasión se dejaron en la pista de baile de una discoteca de Michoacán con su respectiva leyenda. De las cartulinas y los letreros hechizos, pasaron a las mantas, luego conocidas en el ambiente popular como “narcomantas”. Más elaborado el mensaje, a veces con pintura de aerosol a veces de plano con técnica de moldes o incluso con serigrafía, los narcotraficantes daban cuenta a los ciudadanos y a sus enemigos, de sus actos. Montadas sobre puentes, puestas en bardas, a la orilla de carreteras y en edificios, las “narcomantas” tenían la misma intención de las cartulinas y letreros. Justificar sus crímenes, las ejecuciones, la violencia y amenazar. Mantas para reclutar criminales también fueron atribuidas a Los Zetas; mantas explicando que todos los muertos eran producto de una racha de venganza, o que las ejecuciones eran para limpiar la ciudad y favorecer a los ciudadanos. Los criminales justicieros no son pues una novedad. Son producto de un sistema de procuración de justicia que no funciona en México. Son el resultado de la impunidad en la comisión de homicidios, de la descarada venta de droga en calles y avenidas de la República; también reflejan la corrupción en las corporaciones policíacas mexicanas, pues muchos de los integrantes de las mafias, fueron parte de esas instituciones, o compran voluntades de deshonestos policías. Vaya, la novedad en los justicieros criminales no es la impunidad con la que se exhiben, sino que se den categoría de corporación, hagan una página en redes sociales, y anuncien su plan criminal aniquilatorio, y lo único que suceda sea una atracción social mediática por conocer y saber más de los autodenominados Fuerzas Especiales Dragón –los últimos en aparecer-, y sus públicas intenciones de matar a integrantes de otros cárteles que concluyen impunemente en Guerrero, de dónde se asumen los impunes vigilantes. Aparte de matar y “limpiar la ciudad de delincuentes”, hay vigilantes que utilizan su impunidad para hacer otro tipo de “justicia”. Recuerdo el caso del asesinato en los primeros meses del año 2000, del Director de la Policía Municipal de Tijuana, Alfredo de La Torre. Lo cazaron sus verdugos cuando iba a trabajar. Le metieron muchos disparos. En principio la investigación periodística de ZETA, se inclinó por la participación de policías municipales para asesinar a su jefe. El móvil, que el grupo de agentes estaba corrompido por una organización criminal distinta a la que delinquía en Tijuana. En efecto desde un sector del cártel de Sinaloa ordenaron el asesinato del Jefe de la Policía. Y también resultó que sí habían participado policías. Increíblemente, la Policía Ministerial de Baja California, “detuvo” a la mayoría de quienes emboscaron a De la Torre. Las comillas son porque en realidad, los ministeriales no detuvieron a los asesinos, sino que los recibieron de las manos del cártel contrario –cártel Arellano Félix-, donde los criminales se dieron a la búsqueda de los asesinos, dolidos porque de alguna manera, intentaban proteger a De la Torre, y sacar a los sinaloenses de “la plaza”. La Procuraduría de Justicia de Baja California no lo reconoció, pero nosotros como periodistas fuimos enterados, además que en la investigación para confirmar los hechos, se demostró que incluso algunos de los criminales “detenidos”, no estaban en la ciudad cuando los apresaron los narcotraficantes del cártel Arellano Félix, y luego los trasladaron para ser entregados a las puertas de la Procuraduría. Hace unos días sucedió otra vez. En la oscuridad la madrugada del 9 de julio, criminales entraron a la casa de una pequeña familia en una zona marginada de Tijuana. Hombre, mujer e hijo dormían juntos. Al hombre lo hirieron, a la mujer la mataron y al bebé de dos años, en pañales aún, le dieron un tiro en la nariz y otro en la cabeza. La víctima sobreviviente salió desnuda y con la sangre hilando por su cuerpo. Ante los investigadores ministeriales delató a sus verdugos pero en la corporación policíaca solo se quedaron con los nombres para después averiguar. Pero mire, hubo justicia. No por parte del Estado Mexicano, ni la Procuraduría General de la República, por tratarse de un asunto presuntamente del crimen organizado, ni la Procuraduría General de Justicia de Baja California, emprendieron acciones de investigación y análisis científico para solucionar el caso y castigar a los responsables. No. De hecho, fueron miembros del narcotráfico quienes hicieron esa labor. Asumen ciertos criminales los códigos –si se puede aplicar el término- de las mafias de novelas y películas, ya sabe, donde hay palabra de honor y no asesinan ni a niños ni a mujeres. Una célula que piensa de esa manera, se escandalizó con el terrible, descarnado y violento crimen contra el bebé de dos años. Investigaron los narcotraficantes entre sus células, y éstas entre sus redes, y éstos entre sus narcomenudistas, hasta que dieron con los asesinos de la mujer y su hijo. 30 horas después de llevado a cabo el doble homicidio,  los criminales dieron con los asesinos. Los detuvieron, los hicieron que confesaran… y los entregaron a la Procuraduría General de Justicia de Baja California, donde sin más ni más, redactaron un boletín de prensa para informar que habían capturado a los asesinos y resuelto el crimen. Ni siquiera se dieron a la tarea de confirmar a partir de una investigación, que, efectivamente fuesen los culpables. Los presentaron y asunto resuelto. Entonces, los vigilantes criminales, los justicieros de la mafia, los delincuentes sociales, no son novedad, lo nuevo es el medio por el que se dan a conocer, la mercadotecnia que utilizan, y la impavidez del Gobierno Federal (y muchos estatales) para permitir que criminales hagan campañas de justificación a la comisión de delitos, y –como lo hizo el grupo de Guerrero hace unos días- se den el lujo de alertar a las policías, que el asunto no es con ellos ni contra ellos, y que por lo tanto –una vez más- permanezcan al margen. ¿Hasta cuándo?  

Cuando la cooperación entre Estados Unidos y México tiene como fin detener a delincuentes, criminales o narcotraficantes mexicanos que inciden violentamente en territorio norteamericano, la comunicación y las acciones, son las ideales. Ningún gobierno tan cooperador como el de la Unión Americana para aprehender, por ejemplo a dos, Joaquín Guzmán Loera, o Fernando Sánchez Arellano en suelo mexicano, a pesar que en muchos de los casos, los criminales cruzan impunemente la frontera hacia los Estados Unidos. Pero cuando se trata de un norteamericano que comete delito en México, como es el actual caso de Andrew Tahmooressi, quien es juzgado en este país por introducir, contrabandear armas a la nación, dado que no tenía permiso diplomático, de la defensa, de alguna corporación policíaca o presidencial para trasladarlas, además de ser armas que en México son de uso exclusivo del Ejército Mexicano, entonces los otrora defensores estadounidenses de la cooperación entre los dos países, critican el sistema ministerial, judicial y mediático mexicano. No solo el secretario de Estado de la Unión Americana, John Kerry, refirió el tema en su última visita al país, sino hay congresistas que incluso han contemplado la posibilidad de rescatar al soldado Tahmooressi de la prisión mexicana en la que se encuentra, debido a los delitos que cometió al introducir armas al país. Hace unos días la propia Hillary Clinton, ex primera dama, senadora y ex jefa de Estado, refirió que al gobierno de su país le hace falta elevar los esfuerzos para sacar de la cárcel mexicana al marino. Inés García Ramos es editora de la sección Ezenario en ZETA. Desde que los hechos del marino se dieron a conocer, ha seguido la investigación de cerca para reportar a nuestros lectores. Fue ella quien escribió las condiciones en que el soldado norteamericano fue detenido en las instalaciones de la Aduana en El Chaparral, la no violación de sus derechos humanos, y las armas que portaba sin seguro, cargadas y a la mano. Un reportaje de este Semanario también reveló cómo la hipótesis jurídica de la defensa de Tahmooressi, de que había entrado por accidente a México cuando se confundió en el Freeway 5 e intentó regresar a los Estados Unidos con sus armas, era poco creíble, dado que unas horas antes, el marino había estado en Tijuana, reservado y pagado en efectivo una habitación en el hotel Nelson, y tenía la costumbre de visitar esta ciudad por cuestiones sentimentales, por lo que entrar “por accidente” al país, no parece ser una opción viable. En ZETA hemos realizado la investigación sobre el caso, por ser éste de interés general. Incluso porque podría ser fuente de un conflicto diplomático, ante la impunidad que autoridades de los Estados Unidos  presumen, debe concederle a un soldado de su país. Mi compañera reportera acudió el miércoles 9 de julio a la audiencia del soldado. Observó y le fueron platicados por sus contactos, los privilegios que las autoridades mexicanas ofrecen a la familia Tahmooressi. Por ejemplo, en pleno Juzgado dejaron a la madre a solas con su hijo por 20 minutos. Hacía su trabajo cuando personal de la defensa del soldado, que encabeza en Tijuana el abogado Fernando Benítez, y en defensa de la familia, Phil Dunn de la asociación norteamericana Serving California (Sirviendo a California), molestaron a Inés García Ramos. Se trata de norteamericanos que entraron al país como turistas, pero llegaron a cumplir con un trabajo y una encomienda. Es el caso de quien se promueve en California, Estados Unidos, como detective privado, Len Newcomb, su escolta Antonio Pérez y quien se dice pastor en Tijuana, Luis Benito Juárez. Este último, sentado con los dos primeros, identificó a la reportera. “¿Tú eres reportera de ZETA, verdad?”,  cuando Inés responde afirmativamente, el pastor sentenció: “Ustedes trataron muy mal a nuestro muchacho”; luego le presenta a Len Newcomb, quien informa ser colaborador del abogado Phil Dunn, quien ingresó a la audiencia de Tahmooressi como parte de su defensa. García Ramos accede a platicar con ellos porque le dicen que tienen información del caso y de la audiencia en proceso. Pero los hombres empiezan a beber, mientras la reportera pide un vaso con agua. Cuando concluye de tomar información, Inés García se retira del lugar. Más tarde, narra la reportera: “A las seis de la tarde, mientras caminaba por la banqueta hacia mi carro, vi a Newcomb con el pastor Benito en las escaleras del restaurante. Me hablaron para preguntarme si la audiencia ya había terminado y cuando me acerqué, Newcomb me sujetó con su mano izquierda de la cabeza, mientras me apretaba y jalaba hacia él. Comenzó a preguntarme si quería tomar con ellos, que él pagaba mis bebidas. Luego me vio a la cara y me dijo, ‘¿tienes suficiente edad para tomar?’. “Aunque me moví, no me soltaba, en uno de mis intentos por zafarme, Newcomb, ya ebrio, casi cae del escalón, pero fue sujetado por el pastor Benito, quien estuvo presente durante la escena. Finalmente, Benito logró quitarle la mano de mi cabeza y yo caminé hacia la banqueta, Newcomb me gritaba por mi nombre, mientras caminaba apresurado, pero tambaleándose, detrás de mí. “Me oculté entre los reporteros y le pedí a una colega de San Diego Union Tribune, así como a mi fotógrafo, que no permitieran que se me acercara Newcomb, ya que me estaba siguiendo y tenía aliento alcohólico. Minutos después, llegó su escolta, Antonio Pérez, y me jaló de la pierna derecha hacia él, mientras me pedía que regresara al restaurante para tomar con ellos. “Caminé hacia atrás y le pedí que me permitiera continuar trabajando. Mientras conversaba con una reportera de Milenio, tanto Newcomb como Pérez, quienes se encontraban frente a mí, en la banqueta entre el estacionamiento y los Juzgados, comenzaron a gritarme para que me acercara a ellos. Ante mi negativa, el escolta caminó hasta mí, y frente a la reportera que me acompañaba, me ordenó que fuera con su jefe. ‘Quiere hacerte una pregunta’, me repitió tres veces. Le pedí que me dejara en paz y comenzó a preguntarme en tono molesto, ‘¿qué es lo que te preocupa?’, le respondí que nada, y de mala gana, remató: ‘Look, it’s not my fucking problem, he wants to talk to you, not me, so just go’. “En ese momento, Newcomb se levantó de su asiento -un hidrante- y comenzó a seguirme mientras gritaba mi nombre. Cuando me alcanzó, yo me encontraba a un costado de una camarógrafa y un reportero de Frontera, me golpeó con su mano en el brazo y se siguió de paso… el investigador seguía caminando detrás de mí, mientras intentaba alcanzarme de la cintura con una de sus manos y gritaba mi nombre. Entonces, me acerqué a los dos policías municipales que estaban en el estacionamiento de los Juzgados, Newcomb se detuvo a un lado mío, mientras yo hablaba con los oficiales y frente a ellos me propinó dos golpes más en el brazo, luego dio media vuelta y regresó a sentarse en el hidrante”. Los policías municipales presentes en el acto hicieron poco o nada. Una llamada de quien esto escribe a la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, fue necesaria para que actuaran. Desde la oficina de Alejandro Lares, se dio la orden y llegaron a atender la denuncia de Inés García. Llegaron tarde. Un poco. Len Newcomb ya se había retirado del lugar, manejando un vehículo en estado de ebriedad. Su escolta fue detenido y presentado ante la autoridad, a pesar de los lamentos del pastor Benito, quien incluso informó que tanto Newcomb como Pérez, pertenecen a una unidad especial de investigación de Estados Unidos, y que son policías.  Ante el Juez Calificador, Pérez admitió haber consumido cuatro cervezas mientras se encontraba en servicio. Y cambió su versión sobre para quién trabajaba: aseguró ser agente de seguridad para Jill Tahmooressi. El pastor también se encontraba en la delegación de la Zona Centro y, al ser interrogado como testigo por el juez, “admitió que Newcomb me había sujetado de la cabeza, pero en su opinión, ‘en un tono juguetón y de burla’. Mientras me encontraba esperando que concluyera la integración del documento, Benito se me acercó y me preguntó: ‘¿No crees que este pobre hombre ya sufrió demasiado?’, refiriéndose al escolta, a quien le estaban levantando un certificado médico”, expone la reportera. Los abogados de ZETA iniciarán el procedimiento jurídico que corresponda para denunciar formalmente a quienes agredieron física y verbalmente a Inés García Ramos. Lo mismo, organizaciones de defensa y protección de los derechos de los periodistas que han sido solidarios. Como reporteros en México, no podemos consentir casos como éste, donde norteamericanos que buscan que un soldado estadounidense que cometió delitos en nuestro país, salga impunemente, agreden a la periodista Inés García Ramos, y buscan salir igualmente impunes. Hacemos un llamado a las autoridades mexicanas, municipales, estatales y federales, a hacer justicia y no permitir que los norteamericanos no respeten La ley. Ya el Instituto Nacional de Migración en Baja California investiga el estatus legal de los estadounidenses referidos, mientras que el Consulado de los Estados Unidos en Tijuana, se quedó “sin comentarios”.

El manejo, la distribución y el tratamiento del agua es un asunto que en México mayormente corresponde al Gobierno Federal y a los Gobiernos Estatales. Pocos son los casos pero existen, donde los ayuntamientos son los responsables de la potabilización y la distribución del agua. Siendo un líquido vital, el traslado y manejo debe ser más que óptimo, rápido y saludable. Ello no sucede en Baja California. Tijuana, la sexta ciudad más poblada del país, tiene una de las peores aguas de México. No porque de la cuenca del Río Colorado así salga, sino por el manejo que le da el Gobierno del Estado bajo la supervisión del Gobierno Federal. Vaya, son dos dependencias estatales, Comisión Estatal de Agua y Comisión de Servicios Públicos, y uno federal, Comisión Nacional del Agua, las que incurren en un crimen contra la sociedad. Hace una semana develamos como dos de los tres procesos de una planta potabilizadora en Tijuana, que abastece al 98 por ciento de la población de dos municipios, están infestados de mejillones, almejas, langostinos y una que otra trucha. La imagen es simplemente de asco, y peor lo es el olor que las conchas de los moluscos retirados por el gobierno del estado y apilados en los terrenos de la potabilizadora, despiden. Es decir, un gobierno estatal y una delegación federal son los responsables de abastecer de agua a dos municipios, y les están entregando agua sucia. Agua sin calidad para su distribución, y con infesta de plaga en el proceso de potabilización. El Gobernador del Estado, el panista Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid (fue de los graciositos que ganó un juicio para incluir su apodo en la boleta electoral) no se ha pronunciado al respecto que su director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, es buenísimo para la producción de mejillón, pero malísimo para la potabilización del agua. De hecho “Kiko” ignora el problema que abastase a los más de un millón 600 habitantes (oficialmente, extraoficialmente más de dos millones) de Tijuana. Del Gobierno Federal también ha habido silencio sepulcral. El verdecologista que pusieron de coordinador de la Conagua en Baja California, no ha dicho de esta agua no beberé… comparsa del Gobierno del Estado ha callado ante el crimen de hacer llegar agua a una importante población, agua cargada de heces y parásitos de los mejillones, las almejas, los langostinos y la una que otra trucha. El estudio de la contaminación del agua en la potabilizadora El Florido –así se llama- fechado el 2 de junio en la Ciudad de México por la Subdirección General Técnica Gerencia del Consultivo Técnico, dice a la letra: “Los comisionados concluyen que, la presa y la planta potabilizadora, están infestadas de mejillones en sus diferentes etapas del ciclo de desarrollo, por lo que para su prevención y saneamiento , se requerirá de medidas de mitigación y control y de procedimientos de tratamientos físicos y químicos”. Vaya, el mejillón cebra, la clase de mejillón que ha infestado un Presa y una potabilizadora en Tijuana, es hermafrodita y tiene la capacidad increíble de reproducirse al año, en un millón por cada uno. No es broma, chequen sus presas y sus potabilizadoras, porque los gobiernos tanto el Federal como el Estatal, están ocultando esta contaminación y distribuyendo agua de pobre calidad. En total, aparte de la fumigación acuífera (¿se le podrá llamar así?) solucionar el problema de La Presa El Carrizo y la potabilizadora El Florido, dice el gobierno federal a través de la Conagua, cuesta algo así como 38 millones de pesos, pero ningún gobierno a la fecha, ha tomado la decisión de hacerlo. Mientras, cientos de miles de familias reciben agua contaminada. De la Conagua no hay declaración, el Gobernador “Kiko” ya se va a Londres a buscar inversionistas –para venderles agua contaminada- del Gobierno Federal no hay ni una mirada, mientras el director Alfonso Álvarez –un panista perdedor de elecciones- se ha convertido en el principal colaborador de la primera dama de Baja California que busca reunir 126 millones de pesos para entregarlos a Televisa, a su fundación, para que le hagan un CRIT acá… ya sabe todos mirando hacia otro lado. Un caso más de gobiernos omisos… hasta que las consecuencias en la salud de los humanos ante la utilización de agua contaminada, no generen una epidemia o una denuncia civil.