Cuando la cooperación entre Estados Unidos y México tiene como fin detener a delincuentes, criminales o narcotraficantes mexicanos que inciden violentamente en territorio norteamericano, la comunicación y las acciones, son las ideales. Ningún gobierno tan cooperador como el de la Unión Americana para aprehender, por ejemplo a dos, Joaquín Guzmán Loera, o Fernando Sánchez Arellano en suelo mexicano, a pesar que en muchos de los casos, los criminales cruzan impunemente la frontera hacia los Estados Unidos. Pero cuando se trata de un norteamericano que comete delito en México, como es el actual caso de Andrew Tahmooressi, quien es juzgado en este país por introducir, contrabandear armas a la nación, dado que no tenía permiso diplomático, de la defensa, de alguna corporación policíaca o presidencial para trasladarlas, además de ser armas que en México son de uso exclusivo del Ejército Mexicano, entonces los otrora defensores estadounidenses de la cooperación entre los dos países, critican el sistema ministerial, judicial y mediático mexicano. No solo el secretario de Estado de la Unión Americana, John Kerry, refirió el tema en su última visita al país, sino hay congresistas que incluso han contemplado la posibilidad de rescatar al soldado Tahmooressi de la prisión mexicana en la que se encuentra, debido a los delitos que cometió al introducir armas al país. Hace unos días la propia Hillary Clinton, ex primera dama, senadora y ex jefa de Estado, refirió que al gobierno de su país le hace falta elevar los esfuerzos para sacar de la cárcel mexicana al marino. Inés García Ramos es editora de la sección Ezenario en ZETA. Desde que los hechos del marino se dieron a conocer, ha seguido la investigación de cerca para reportar a nuestros lectores. Fue ella quien escribió las condiciones en que el soldado norteamericano fue detenido en las instalaciones de la Aduana en El Chaparral, la no violación de sus derechos humanos, y las armas que portaba sin seguro, cargadas y a la mano. Un reportaje de este Semanario también reveló cómo la hipótesis jurídica de la defensa de Tahmooressi, de que había entrado por accidente a México cuando se confundió en el Freeway 5 e intentó regresar a los Estados Unidos con sus armas, era poco creíble, dado que unas horas antes, el marino había estado en Tijuana, reservado y pagado en efectivo una habitación en el hotel Nelson, y tenía la costumbre de visitar esta ciudad por cuestiones sentimentales, por lo que entrar “por accidente” al país, no parece ser una opción viable. En ZETA hemos realizado la investigación sobre el caso, por ser éste de interés general. Incluso porque podría ser fuente de un conflicto diplomático, ante la impunidad que autoridades de los Estados Unidos presumen, debe concederle a un soldado de su país. Mi compañera reportera acudió el miércoles 9 de julio a la audiencia del soldado. Observó y le fueron platicados por sus contactos, los privilegios que las autoridades mexicanas ofrecen a la familia Tahmooressi. Por ejemplo, en pleno Juzgado dejaron a la madre a solas con su hijo por 20 minutos. Hacía su trabajo cuando personal de la defensa del soldado, que encabeza en Tijuana el abogado Fernando Benítez, y en defensa de la familia, Phil Dunn de la asociación norteamericana Serving California (Sirviendo a California), molestaron a Inés García Ramos. Se trata de norteamericanos que entraron al país como turistas, pero llegaron a cumplir con un trabajo y una encomienda. Es el caso de quien se promueve en California, Estados Unidos, como detective privado, Len Newcomb, su escolta Antonio Pérez y quien se dice pastor en Tijuana, Luis Benito Juárez. Este último, sentado con los dos primeros, identificó a la reportera. “¿Tú eres reportera de ZETA, verdad?”, cuando Inés responde afirmativamente, el pastor sentenció: “Ustedes trataron muy mal a nuestro muchacho”; luego le presenta a Len Newcomb, quien informa ser colaborador del abogado Phil Dunn, quien ingresó a la audiencia de Tahmooressi como parte de su defensa. García Ramos accede a platicar con ellos porque le dicen que tienen información del caso y de la audiencia en proceso. Pero los hombres empiezan a beber, mientras la reportera pide un vaso con agua. Cuando concluye de tomar información, Inés García se retira del lugar. Más tarde, narra la reportera: “A las seis de la tarde, mientras caminaba por la banqueta hacia mi carro, vi a Newcomb con el pastor Benito en las escaleras del restaurante. Me hablaron para preguntarme si la audiencia ya había terminado y cuando me acerqué, Newcomb me sujetó con su mano izquierda de la cabeza, mientras me apretaba y jalaba hacia él. Comenzó a preguntarme si quería tomar con ellos, que él pagaba mis bebidas. Luego me vio a la cara y me dijo, ‘¿tienes suficiente edad para tomar?’. “Aunque me moví, no me soltaba, en uno de mis intentos por zafarme, Newcomb, ya ebrio, casi cae del escalón, pero fue sujetado por el pastor Benito, quien estuvo presente durante la escena. Finalmente, Benito logró quitarle la mano de mi cabeza y yo caminé hacia la banqueta, Newcomb me gritaba por mi nombre, mientras caminaba apresurado, pero tambaleándose, detrás de mí. “Me oculté entre los reporteros y le pedí a una colega de San Diego Union Tribune, así como a mi fotógrafo, que no permitieran que se me acercara Newcomb, ya que me estaba siguiendo y tenía aliento alcohólico. Minutos después, llegó su escolta, Antonio Pérez, y me jaló de la pierna derecha hacia él, mientras me pedía que regresara al restaurante para tomar con ellos. “Caminé hacia atrás y le pedí que me permitiera continuar trabajando. Mientras conversaba con una reportera de Milenio, tanto Newcomb como Pérez, quienes se encontraban frente a mí, en la banqueta entre el estacionamiento y los Juzgados, comenzaron a gritarme para que me acercara a ellos. Ante mi negativa, el escolta caminó hasta mí, y frente a la reportera que me acompañaba, me ordenó que fuera con su jefe. ‘Quiere hacerte una pregunta’, me repitió tres veces. Le pedí que me dejara en paz y comenzó a preguntarme en tono molesto, ‘¿qué es lo que te preocupa?’, le respondí que nada, y de mala gana, remató: ‘Look, it’s not my fucking problem, he wants to talk to you, not me, so just go’. “En ese momento, Newcomb se levantó de su asiento -un hidrante- y comenzó a seguirme mientras gritaba mi nombre. Cuando me alcanzó, yo me encontraba a un costado de una camarógrafa y un reportero de Frontera, me golpeó con su mano en el brazo y se siguió de paso… el investigador seguía caminando detrás de mí, mientras intentaba alcanzarme de la cintura con una de sus manos y gritaba mi nombre. Entonces, me acerqué a los dos policías municipales que estaban en el estacionamiento de los Juzgados, Newcomb se detuvo a un lado mío, mientras yo hablaba con los oficiales y frente a ellos me propinó dos golpes más en el brazo, luego dio media vuelta y regresó a sentarse en el hidrante”. Los policías municipales presentes en el acto hicieron poco o nada. Una llamada de quien esto escribe a la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, fue necesaria para que actuaran. Desde la oficina de Alejandro Lares, se dio la orden y llegaron a atender la denuncia de Inés García. Llegaron tarde. Un poco. Len Newcomb ya se había retirado del lugar, manejando un vehículo en estado de ebriedad. Su escolta fue detenido y presentado ante la autoridad, a pesar de los lamentos del pastor Benito, quien incluso informó que tanto Newcomb como Pérez, pertenecen a una unidad especial de investigación de Estados Unidos, y que son policías. Ante el Juez Calificador, Pérez admitió haber consumido cuatro cervezas mientras se encontraba en servicio. Y cambió su versión sobre para quién trabajaba: aseguró ser agente de seguridad para Jill Tahmooressi. El pastor también se encontraba en la delegación de la Zona Centro y, al ser interrogado como testigo por el juez, “admitió que Newcomb me había sujetado de la cabeza, pero en su opinión, ‘en un tono juguetón y de burla’. Mientras me encontraba esperando que concluyera la integración del documento, Benito se me acercó y me preguntó: ‘¿No crees que este pobre hombre ya sufrió demasiado?’, refiriéndose al escolta, a quien le estaban levantando un certificado médico”, expone la reportera. Los abogados de ZETA iniciarán el procedimiento jurídico que corresponda para denunciar formalmente a quienes agredieron física y verbalmente a Inés García Ramos. Lo mismo, organizaciones de defensa y protección de los derechos de los periodistas que han sido solidarios. Como reporteros en México, no podemos consentir casos como éste, donde norteamericanos que buscan que un soldado estadounidense que cometió delitos en nuestro país, salga impunemente, agreden a la periodista Inés García Ramos, y buscan salir igualmente impunes. Hacemos un llamado a las autoridades mexicanas, municipales, estatales y federales, a hacer justicia y no permitir que los norteamericanos no respeten La ley. Ya el Instituto Nacional de Migración en Baja California investiga el estatus legal de los estadounidenses referidos, mientras que el Consulado de los Estados Unidos en Tijuana, se quedó “sin comentarios”.
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