Desde hace meses, en el refugio Embajadores de Jesús en la “Pequeña Haití” en Tijuana y en el campamento El Chaparral en la Garita de San Ysidro, viven decenas de familias procedentes de Michoacán, Guerrero, Jalisco y Colima, a quienes les han asesinado a dos a seis miembros de su progenie.
Lo hemos dicho antes: su capacidad de análisis y su profesión como abogado, convirtieron al editor de 48 años, Francisco Javier Ortiz Franco, en la voz de la justicia y la razón en ZETA… y esa voz fue arteramente apagada a balazos hace 17 años.
Los números de los que hablaremos corresponden al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2021, así que serán porcentajes promedio, porque la cantidad de diputados de cada partido en los Congresos aún se está definiendo.
Hay esperanza, incluso para los fatalistas, quienes llenos de razón ante una la larga lista de candidatos sin mérito en Baja California, consideran que todo está perdido. También para los anti oficialistas que opinan que la jornada electoral está de sobra, porque es evidente que Morena triunfará o que al Estado le irá mal sin importar el partido que gane, porque de todos los aspirantes no se hace uno.
A una semana del día de la elección, de siete candidatos a la gubernatura en Baja California, solo una ha hecho pública su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, ante la organización ciudadana de consulta pública ObserBC.
Eran militares en retiro que sirvieron en la Secretaría de la Defensa Nacional y el 18 de mayo los asesinaron como a cualquier delincuente, a balazos en una calle oscura de tierra en Tijuana.
Un mes antes de su toma de posesión, el 26 de septiembre de 2019, durante una incineración de droga en el Campo de Entrenamiento Aguaje de la Tuna, Jaime Bonilla Valdez declaró: “La responsabilidad de la seguridad en el Estado es del gobernador”.
De una terna enviada por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, por unanimidad del Congreso, el 23 de noviembre de 2020, el hankista-priista Carlos Barboza Castillo fue designado como el primer fiscal autónomo especializado de Atención de Delitos Electorales en Baja California; el 21 de abril del año en curso, 46 días antes del día de la elección, el Poder Legislativo decidió quitarle la autonomía que le había dado a la fiscalía, e integrarla al cuerpo de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Carlos Atilano Peña reflexiona sobre lo ocurrido en Baja California en los últimos seis años: “‘Kiko’ Vega nos robaba, riéndose con sus ojos azules, y Bonilla nos roba dándonos un latigazo”.
A los diputados de la XXIII Legislatura por Baja California se les puede acusar de todo, menos de falta de ambición; violentaron la Constitución y los procesos parlamentarios en varias ocasiones, solo para pisotear su autonomía, rendirle pleitesía y cumplir la voluntad del gobernador, y, aun así, buscan el favor de la ciudadanía.
