A Vicenta Espinosa Martínez, titular de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de Baja California, Jaime Bonilla Valdez primero la consideró idónea y la designó para el puesto. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y contadora pública por el Instituto Tecnológico de Mexicali, como funcionaria auditó cuentas públicas del Estado y ayuntamientos bajacalifornianos de 2004 a 2010, y como ciudadana dirigió el movimiento El Barzón.
Quienes la conocen, afirman a ZETA que Espinosa es “decidida y entrona”.
Publicidad
Apenas empezando la administración en noviembre, el gobernador Bonilla la llamó a su oficina y le pidió que investigara una denuncia de moches: 20 o 24 millones de pesos que miembros del equipo del morenista habían solicitado a empresarios locales, previo a la toma de posesión, a cambio de favorecerlos con contratos y licitaciones una vez que fueran gobierno.
Dinero que integrantes del equipo de transición, corruptos favorecidos, regresaron un porcentaje al saber de la investigación, ya como secretarios y secretarias, lo que deja claro que el presunto delito, como sus acciones, se extendió al momento en que ya eran funcionarios públicos.
Los que hablan todo los días de transparencia, trataron de mantener el tema en secreto, y cuando se hizo público, las reacciones, acciones y mensajes del Ejecutivo estatal fueron invasivos e irrespetuosos con las funciones y obligaciones de su secretaria de la Honestidad y la Función Pública.
Publicidad
Cuando Vicenta Espinosa Martínez declaró a la periodista Mireya Cuellar que si los secretarios Amador Rodríguez Lozano (de Gobierno) y Mario Escobedo Carignan (de Economía Sustentable y Turismo), mencionados en dos denuncias, no solicitaban licencia para no obstruir la investigación, ella en algún momento del proceso tendría que hacerlo. Jaime Bonilla reaccionó declarando que no los removería, restándole con ello autoridad a la secretaría que encabeza Espinosa.
No terminaba la semana cuando desde el gobierno resolvieron quitar el foco de Vicenta y dejar claro que el peso de la investigación quedaría en la Fiscalía General del Estado, encabezada por Guillermo Ruiz, con el argumento que los posibles delitos se habrían cometido antes que los investigados fueran funcionarios.
Recordaron que la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública solo investiga responsabilidades administrativas y, de encontrar cualquier delito o falta, Espinosa tendría que remitir a la Fiscalía General o al Tribunal de Justicia Administrativa, los casos de moches que involucran a cuatro colaboradores de Jaime Bonilla Valdez.
Al mismo tiempo, a través de columnistas y publicaciones, los secretarios involucrados le hicieron saber a Espinosa su molestia por la forma en que llevaba la indagatoria, sugiriéndole que debía hacerlo con más sigilo, “apegada a Derecho”, léase sin mencionar a los implicados.
El jaloneo interno continuaba en la administración bonillista cuando el 17 de diciembre, el gobernador decidió cumplir con un procedimiento legislativo que llevaba retrasando unas tres semanas el envío de la terna para elegir al fiscal Anticorrupción, y lo hizo dando una bofetada, de nuevo, a la honestidad que tanto pregona en sus discursos, remitiendo al Congreso del Estado para el nombramiento del fiscal especializado en Combate a la Corrupción, al abogado Humberto Valdez Ramos, conocido -porque lo dice y no se esconde- como abogado de narcotraficantes, particularmente del Cártel de Sinaloa, quien además, a su paso como asesor de los gobiernos panistas en 2007, protagonizó dos escándalos como resultado de la publicación de dos videos. Uno en el que, previo a ser asesinado el Comandante José Ramón Vázquez Molina, declaró servir de contacto a la procuraduría entonces encabezada por Antonio Martínez con Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán. Y el segundo, planeando operativos contra delincuentes del Cártel Arellano Félix.
En la lista de candidatos también incluyeron a la abogada Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, quien ha servido en el círculo cercano de Amador Rodríguez Lozano, a quien, en caso de ser designada, deberá investigar
En ese contexto resulta difícil visualizar el compromiso de esta administración para “… consolidar las instituciones responsables de combatir la corrupción en Baja California”, como expusieron en su boletín de prensa.
En estas condiciones, lo mejor que se puede esperar es que fiscal Guillermo Ruiz Hernández se plante, que asuma su autonomía y haga efectivo el compromiso de “no hay intocables”, realizado por el gobernador. Y que por la credibilidad, honestidad y transparencia del Gobierno del Estado de Baja California, lleve la investigación a sus consecuencias últimas. Que no se quede solo en los particulares y “facilitadores”, en los Einares Hernández y Rosendos Colorado.
Que más allá de las opiniones y declaraciones de Jaime Bonilla Valdez, la investigación ministerial determine sin lugar a dudas la inocencia o responsabilidad de los secretarios, pero no solo de Cinthya Gissel García Soberanes y el ex oficial Demián Núñez, ya retirados del servicio. También la de Amador Rodríguez Lozano y Mario Escobedo Carignan, quienes desde sus actuales y poderosos puestos, pueden interferir en la indagatoria y obstruir la justicia.
