El homicidio contra la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido en Tijuana el domingo 23 de enero de 2022, fue ejecutado por criminales organizados. Lo planearon, la esperaron afuera de la privada en la cual residía, aprovecharon cuando la comunicadora abrió con su control la puerta de acceso y usaron el tiempo que tarda en cerrar, para entrar, matarla, salir y huir.
¡¿Qué carajos?! ¡¿Qué demonios?! ¡¿Qué jodidos pasa?!, es la versión sublimada de las palabras que vinieron a la cabeza de los periodistas de Tijuana, de Baja California, de México y del mundo, cuando la tarde del domingo 23 de enero corroboramos la increíble información del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, el segundo representante de la prensa asesinado en esta ciudad en menos de una semana, y el tercero en el país en lo que va de enero.
La pistola calibre 9 milímetros, usada el lunes 17 de enero para quitarle la vida en Tijuana al fotoperiodista Alfonso Margarito Martínez Esquivel, estuvo 18 meses inactiva. Pero durante el verano de 2020, fue utilizada por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante 36 días, para asesinar a dos mujeres y tres hombres.
Alfonso Margarito Martínez Esquivel fue el fotoperiodista de Tijuana más publicado de Baja California. Firmó contrato con algunos medios locales, pero colaboró prácticamente con todos, incluidos nacionales y extranjeros. En ZETA empezó a apoyar de manera esporádica en 2012, y sus imágenes se convirtieron en permanentes alrededor de 2015.
Con 30 mil 671 casos positivos sólo el 8 de enero, México también rompió su récord de contagios diarios. Lo mismo sucedió antes, el 7 de enero Baja California, con mil 058 casos que dieron positivo.
Mientras que en México y sus estados fingen, proclaman y legislaron para sus fiscalías una independencia de papel y de mentira, que se ha ridiculizado en los últimos dos meses, a partir de las remociones de seis fiscales supuestamente “autónomos” por los gobernadores electos que tomaron posesión en noviembre.
Ante la falta de acciones concretas, pareciera que la administración encabezada por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no tiene interés suficiente en responsabilizar a los funcionarios del bienio del ex mandatario y compañero morenista, Jaime Bonilla Valdez, de las irregularidades perpetradas, las cuales dejaron el erario mermado.
Vincular a proceso al ex gobernador Francisco Vega y a sus funcionarios por el quebranto financiero que generaron, descongelar el caso de los moches...
