Lo primero que le detectaron fue la infidelidad. Estableció relaciones pasionales con una mujer de la oficina de Presidencia Municipal. Se enviaron hartos mensajes que de lo amoroso, pasaron a la transgresión de las leyes y la buena administración pública. Después, investigando los ilícitos ya encontrados, se reveló que había utilizado a cercanísimos familiares para otorgar en concesión contratos de obras a sus amigos, compadres y conocidos, siempre a cambio -por supuesto- de una comisión de los millonarios convenios. Siguiendo el hilo de la mala administración, el alcalde malversó fondos públicos, y hubo quien desde la Iniciativa Privada y en la tramitación de permisos, lo denunció por extorsión. Para colmo, también le detectaron fraude fiscal en las cuentas y contratos firmados por el Municipio. Si la historia le suena conocida, es probable que Usted sea residente de Tijuana y haya leído los periódicos en los últimos tres años -particularmente en el último mes-, que dan cuenta de ese tipo de excesos en la administración municipal del XX Ayuntamiento de Tijuana -finalmente y gracias a la Ley, concluye el 30 de noviembre-, a cargo de Carlos Bustamante Anchondo. Pero no, la historia que relato al inicio de esta columna, es la de Kwame Kilpatrick, quien como alcalde de la ciudad de Detroit, cometió esos delitos, por los que hace unos meses fue condenado a 28 años de prisión. La primera ocasión que me enteré del final de proceso legal de Kwame, fue en Reno, Nevada, donde me encontraba invitada por la Universidad de Nevada en Reno, y la Escuela Reynolds de Periodismo. En uno de los actos organizados, mis anfitriones invitaron a uno de los periodistas que develó el affair del alcalde de Detroit, Michigan. Cuando comenzó su plática, enumerando las acciones consideradas ilícitas por parte del ex funcionario norteamericano, la historia también me sonó conocida. Compartí con el periodista los hechos que sucedieron en Tijuana durante los últimos tres años: los contratos del alcalde para sus compadres en obras públicas, más asfalto que cemento en manos de sus amigos, las comisiones que le dio a otros amigos por “conseguirle” fondos federales, los 19 millones de pesos que pagó para endeudar más a la ciudad con un cuestionado refinanciamiento de la deuda pública municipal; las jóvenes que metió en la nómina y posteriormente basificó, las juntas de gabinete donde funcionarios atestiguaron la presencia del hijo del alcalde en la toma de decisiones, el millonario y fallido convenio para cambiar todas las luminarias que hoy están a oscuras. Sorprendido, por las similitudes entre las acciones de un alcalde y otro, el periodista de Detroit lo estuvo más cuando supo que en México, no se lleva a juicio a los funcionarios por abusar del poder, de la nómina y de los recursos públicos. Después de todo, el ex alcalde de Detroit lo pagará con 28 años de cárcel, mientras lo más seguro es que en Tijuana, a Bustamante solo le esperan tres años de ignominia. Hace unos días, en su derecho y fundamentados en la Ley, regidores del Partido Acción Nacional en lo que ha sido el XX Ayuntamiento, demandaron al Órgano Fiscal Superior investigar a fondo las tropelías de las que acusan a Bustamante, como las aquí señaladas. Sin embargo, ese mismo ORFIS trucó documentos para aprobarle las cuentas públicas que no pasan una auditoría privada al saliente alcalde. Hoy, dicen que es intención del Gobierno del Estado de Francisco Vega de Lamadrid, y del Congreso del Estado, resarcir esos errores y reanalizar esas cuentas públicas, que dicha acción, si se hace correctamente -aseguran-, sentaría las bases para enjuiciar por lo menos en términos políticos a Carlos Bustamante. De igual manera, la futura Sindicatura Municipal del XXI Ayuntamiento, está dispuesta a investigar las irregularidades señaladas públicamente durante los últimos tres años en Tijuana; por eso no extraña que en los últimos momentos de su administración, Bustamante quiso meter gol a la siguiente administración, restándole facultades al síndico, entre ellas, la de iniciar investigaciones. Son cosas de los sistemas políticos, mientras en Detroit un presidente municipal que cometió excesos y abusos del erario con amigos, familiares, es llamado alcalde corrupto y paga con 28 años de cárcel, en México, los ex alcaldes, como es el caso, quieren ser representantes diplomáticos… y en tiempos del PRI, cualquier cosa puede suceder. Hasta eso. Es una pena lo que sucede en el país.

Exceso: “Cosa que sale en cualquier línea de los límites de lo ordinario o de lo lícito”.   Es curioso, Jorge Hank Rhon no defiende la inocencia de quien siendo su jefe de seguridad en el Hipódromo Agua Caliente, asesinó al periodista y codirector de ZETA, Héctor “El Gato” Félix Miranda, en abril de 1988. Hace unos días, en evidente respuesta a pregunta expresa de un reportero, quien pasó diez días en prisión en 2011, dijo sobre la última petición de amparo de la justicia de Antonio Vera Palestina para salir de prisión antes de 2015, fecha hasta la que fue sentenciado a prisión por matar al columnista: “Yo sigo sosteniendo que con él cometieron un error. Quiso salir un poquito antes y no, normalmente la pena a la mitad se conmuta, y a él le faltan dos de 25 o 27; se me hace un exceso. Yo sí siento que ahí es una forma un poquito dura de aplicar la ley…la apelación se pone, se hace lo que se tiene que hacer en el juzgado, y saliendo del juzgado, es aquí donde siempre lo han regresado”, esto lo expresó Hank, según una publicación de Grupo Milenio. Aparte, confió a los comunicadores que durante el tiempo que Vera Palestina ha estado preso, ha mantenido contacto con él, y que cuando sea liberado, lo recibirá “con los brazos abiertos”. Ya antes había declarado, cuando compitió por el gobierno de Baja California y fue derrotado por José Guadalupe Osuna Millán, en 2007, que de salir su compadre de prisión, le daría trabajo en el Poder Ejecutivo. Jorge Hank llama “exceso” a la aplicación de la justicia. Sostiene que los funcionarios en la Dirección Estatal de Sentencias de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que le practicaron los exámenes evaluativos a Vera para determinar si era o no una persona lista para reintegrarse a la sociedad, actuaron de manera personal, al negar el beneficio de la prelibertad. Sostiene quien fue alcalde de Tijuana de 2004 a 2007, que la resolución que califica al sentenciado asesinado de “El Gato” como un reo peligroso y no apto para recibir la libertad anticipada, fue injusta, además de que se trató de un asunto personal contra Vera, por ser una persona cercana a él. Durante muchos años, antes que en el gobierno de Don Héctor Terán Terán, la investigación del asesinato del periodista fuera cerrada sin detener al autor intelectual y solo con la sentencia de dos de los asesinos materiales -Victoriano Medina a 27 años de prisión, Antonio Vera Palestina a 25-, tanto los policías investigadores como abogados, sociedad y autoridades, sospecharon que la orden de matar al periodista salió del Hipódromo Agua Caliente. Ernesto Ruffo Appel como gobernador de Baja California acuñaría una de las frases más célebres de la criminalidad en el estado y el atentado a la prensa libre con la muerte de Héctor Félix: “Todos los caminos conducen al Hipódromo Agua Caliente”, dijo en referencia a la investigación sobre el autor intelectual. Sin embargo, a pesar de la relación en términos de apoyo para subsistir que Jorge Hank tuvo con Antonio Vera Palestina después del crimen, durante su periodo de fuga y cuando su captura, juicio y encarcelamiento, no fue investigado como sospechoso intelectual. Aquí en ZETA, cada semana publicamos una página negra, recordando que la justicia no se materializó en el asesinato del periodista. Desde el 1 de noviembre de 2013, un nombre se sumó a la página negra, el de Francisco Arturo Vega de Lamadrid. De la redacción de Don Jesús Blancornelas, nuestro otro codirector fundador, se lee: “Esta plana aparecerá cada semana hasta que se aclare y detenga a los autores intelectuales de Héctor Félix Miranda. “Jorge Hank Rhon: ¿Por qué me asesinó tu guardaespaldas Antonio Vera Palestina? Lic. Francisco Arturo Vega de Lamadrid: Los ex gobernadores Lic. Xicoténcatl Leyva Mortera, Ing. Oscar Baylón Chacón, Lic. Héctor Terán Terán, Lic. Eugenio Elorduy Walther y Lic. José Guadalupe Osuna Millán, no quisieron ordenar la captura de los que planearon asesinarme. ¿Podrá su gobierno capturar a los que ordenaron mi crimen? El Lic. Ernesto Ruffo Appel sí pudo encarcelar al que me mató, y dijo que en este caso ‘todos los caminos conducen al Hipódromo Agua Caliente’”. Hablando de excesos, las declaraciones de Jorge Hank, quien fue preso y después liberado por acopio de armas, las cuales encontraron en su domicilio la madrugada del 4 de junio de 2011, resultan un exceso de soberbia ante la justicia mexicana que ha sido laxa para encerrar a quien ordenó asesinar al periodista. Es un exceso de soberbia, que un hombre ex reo de un penal estatal, hable de exceso de la justicia hacia un asesino que arrebató la vida a escopetazos a una persona, en este caso, a Félix Miranda. Aparte, resulta un exceso que confíe en que algún gobierno de los que ha apoyado, pueda también recibir con los brazos abiertos en Baja California al sentenciado asesino de “El Gato”, Antonio Vera Palestina, si éste sale de prisión de manera anticipada, dado que recientemente le fue otorgado un amparo para que sea un juez -del Estado de México- quien determine si puede recuperar la libertad el matón, y no la Dirección de Sentencias, como venía sucediendo. Hablando de excesos, pues, la declaración de Jorge Hank en estos momentos de transición gubernamental en Baja California, y de estar a punto de celebrar un año de la Presidencia de la República en manos de un priista del Estado de México, se lee como un exceso de confianza del ex reo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, para que en este contexto se le otorgue la libertad a quien asesinó a un periodista, lo cual sería un exceso de impunidad. P.D. Total, en este gobierno, apenas en septiembre de 2013, un juez liberó a Antonio Zorrilla Pérez, sentenciado por ordenar, en 1984, el asesinato del periodista Manuel Buendía Tellezgirón.    

Los diputados que de mayoría priista dominaron la anterior Legislatura de Baja California, iniciaron su año fiscal en 2010 con un presupuesto de 249 millones de pesos. Tres años después, concluyen su labor gastando 661 millones de pesos al año. Un Congreso carísimo el de Baja California, sobre todo considerando que la economía no está para tales despilfarros. Golpeados los bolsillos de los bajacalifornianos y temerosos de lo que será 2014 ya con el incremento al 16 por ciento del IVA, entre otras medidas impositivas del Gobierno Federal, se esperaría que la clase política que maneja los Poderes del Estado, se ajustara el cinturón en una muestra de solidaridad, además de ponderar un gasto eficiente y no excesivo. En el actual Congreso de Baja California, en estos momentos se discute en la Comisión de Administración, lo que será el presupuesto de la Cámara que integran 25 diputados. Fue promesa de campaña de la alianza panista y del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, disminuir el presupuesto de los legisladores. Realmente 661 millones de pesos, más 200 millones que se le otorgan al Órgano Fiscal Superior, dan cuenta que tan solo en el Poder Legislativo se destinan casi 900 millones de pesos, y eso considerando que no es un ente ejecutivo, sino precisamente legislativo, por lo que no gasta en obras, servicios para la comunidad o estrategias de combate. En estas condiciones, desde el Partido Acción Nacional, sus aliados proponen una disminución al presupuesto de los diputados de 271 millones de pesos, es decir, que en justo derecho y en responsable actitud, desempeñen sus labores con el 1 por ciento del presupuesto estatal, que le otorgaría al Congreso, 390 millones de pesos para funcionar al año. Pero algunos priistas -y también algunos azules o de presunta corriente izquierdista- se niegan a dejar ir el dinero que les permite gastar a manos llenas sin tener que justificar. Hasta el cierre de edición de ZETA, el más generoso en el ahorro había resultado el priista René Mendívil, quien proponía efectivamente disminuir el presupuesto, pero no en 271 millones, sino en 150. La negociación continuará. Mientras el PAN y el gobernador se comprometieron a bajar los billetes asignados a la Cámara, el PRI no puede desaprovechar la oportunidad de ser solidario en la disminución del gasto con los bajacalifornianos, sobre todo considerando que en días recientes dieron la espalda a la zona fronteriza al aprobar, sin cortapisas, el aumento al 16 por ciento de IVA. Por ello, disminuir el presupuesto en 271 millones a la Cámara, les representa la ocasión para congraciarse con el electorado. La realidad es que los diputados, empujados por sus antecesores de mayoría priista, traspasaron sus responsabilidades legislativas para intentar ser ejecutivos, pero no en el conjunto del Poder Legislativo, sino en lo particular cada uno de ellos. Donde mayor incremento hubo en el presupuesto anual, fue precisamente en los dineros que se les asignan a los legisladores para que se luzcan con el dinero del pueblo. Cada uno de los 25 legisladores se llevó 8.2 millones de pesos por año, entre salario, mantenimiento de personal, presupuesto para dádivas, para estudios, por apoyos y demás. Por ejemplo, solo para “gestión social”, es decir, para dar poquito aquí, poquito por allá en ayudantías a la sociedad necesitada, a cada diputado le asignan 250 mil pesos al mes. Otros 250 mil pesos al mes por concepto de apoyo a Comisión, y dado que todos los diputados están en alguna comisión, todos lo reciben. También 44 mil pesos mensuales para que abran un módulo de atención en su distrito, y 66 mil pesos al mes para pagar los sueldos de su personal en módulo. Solo este presupuesto que poco se transparenta o se justifica fiscalmente, asciende a 610 mil pesos por mes por diputado, lo que por los 25, suman 15 millones 250 mil pesos por mes, lo que resulta en 183 millones de pesos al año. Considerando que entregar dinero no es una labor legislativa, pero suponiendo que hay bajacalifornianos que se benefician de esa dádiva, podría disminuirse el presupuesto de “gestión social” de los 250 mil, digamos a 150 mil pesos por mes, lo que al año traería un ahorro de 30 millones de pesos. En el caso de la ayuda a comisiones, también valuada en 250 mil pesos, podrían dejar en 100 mil, rebajarle 150 mil pesos al mes por diputado significa otro respiro de 45 millones de pesos al año, y los diputados todos, tendrían dinero mes con mes para actuar de dadivosos. ¿Dinero para módulo y persona? Actualmente cada uno recibe 110 mil pesos al mes para este concepto, rebajarlo a 60 mil pesos ahorraría a las arcas estatales 15 millones de pesos. O sea, si los diputados en un dejo de sensatez, honestidad, espíritu de servicio, solidaridad con los bajacalifornianos y responsabilidad con el manejo de los recursos, disminuyen en un 40 por ciento en promedio la ayuda que se dan aparte del salario, bajarían en 80 millones de pesos el presupuesto. Y ése, es un buen inicio si se suma a los 150 millones de pesos que propone el PRI disminuir, así, entre todos le ahorrarían al Estado 230 millones de pesos por año. ¿No es tan mala idea, no?  Ojalá que los diputados que en la Comisión de Administración analicen la disminución del presupuesto del Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2014, saquen buenas cuentas y acaben con los excesos heredados de la anterior administración legislativa. ¿Va?

Entre la derrota electoral en el Estado, del 7 de julio de 2013, la ausencia de su líder, el futuro Embajador, Fernando Castro Trenti, y su posición de acompañar al Presidente de la República, lo que significó –en la aprobación de la homologación del IVA al 16 por ciento en la frontera– dar la espalda a los bajacalifornianos, los priistas como que se han hecho invisibles. Sin liderazgo, cada quien anda por su lado. Las distintas corrientes cada vez son más evidentes, y la falta de una representación política destacada en el estado, los hace ver dispersos, perdidos, desorientados. En esa circunstancia es evidente la ausencia política, ideológica y de mando, de Fernando Castro Trenti. Durante más de 20 años, este priista aglutinó los esfuerzos tricolores para lograr, aun en la derrota, posiciones en ayuntamientos, gobiernos, estado, congreso, paraestatales, y donde se pudiera, a base de la negociación en términos de acompañamiento político. Antes que el presidente Peña Nieto, Castro hizo en esta entidad, lo mismo con Eugenio Elorduy que con Guadalupe Osuna, su pacto por Baja California. Poder tras el Congreso del Estado, compró la voluntad política de petistas, pebecistas, panalistas y uno que otro panista y perredista, para inclinar las votaciones, y negociar posiciones para los suyos. Antes y durante la campaña en la que salió derrotado este 2013, Castro fue quien palomeó y dio la línea priista para cuanta cosa se hiciera pública. Sin este acompañamiento, los liderazgos priistas ni se ven, ni se sienten, ni se escuchan. Los alcaldes salientes no hayan la puerta. Con el Congreso anterior, negociaron sus cuentas y apoyos a cambio de declinar a sus aspiraciones en favor del finalmente derrotado. Los diputados que hoy llegaron a la Cámara local, no encuentran a quién seguir. Se dividen entre aquellos convencidos que René Mendívil es el sucesor de Castro en Baja California, y quienes corresponden a los intereses de Jorge Hank Rhon, por eso el PRI, por primera vez en 18, 24, años, no tiene una bancada tricolor unida, y ha debido echar mano de las minorías, para llegar a los 9 votos, y romper los autoritarios 17 sufragios que el PAN requiere para tener la mayoría. Los dirigentes de los partidos en cada uno de los cinco municipios, están igual de apagados. No dan la cara, poco salen, con tal de no tener que justificar a los diputados federales priistas, que por estos días son harto repudiados por grupos organizados de empresarios, ciudadanos, separatistas, sociales y políticos, por haber votado, seis de ellos, a favor de la reforma fiscal del Presidente Enrique Peña Nieto. A excepción de Nancy Sánchez, la dirigente estatal que medianamente ha dado la cara, y fijado postura, y José Luis Hernández Silerio, el líder en Tijuana, el resto de los priistas anda bastante opacado. Por ejemplo, tan perdidos se la han pasado, que ni uno solo de los liderazgos tricolores, ni siquiera Mendívil, ni siquiera Castro, mucho menos Sánchez, supieron con anterioridad, que Juanita Pérez Floriano, la hankista más aguerrida, la cetemista más madura y la priista más roja, dejaría sus compromisos priistas para irse a trabajar con el gobierno panista de Kiko Vega; al igual que los bajacalifornianos, los del PRI se enteraron del movimiento el día que el Gobernador lo anunció. No es bueno, en términos de la democracia y la transición, que el PRI esté descabezado y desorientado en Baja California. Independientemente que se pierden espacios de representación que deben ser un equilibrio hacia el partido en el gobierno, la diversidad política es necesaria para el desarrollo del estado. Fernando Castro Trenti está a días de ser confirmado en el Senado de la República como Embajador de México en Argentina, su encomienda será otra, y estará a prácticamente once mil kilómetros de distancia de Baja California; no podrá, aunque así lo desee, mantener su posición o su visión hacia los priistas bajacalifornianos. En esa circunstancia, los rojos no tienen de otra, deben imponer, hacer, seguir, encontrar, nuevos liderazgos, o el gobierno que inicia, pactará con quienes en la campaña –como Juanita Pérez– los apoyaron, a decir de Kiko Vega, con su voto: viejos y ex reo, tricolores, para sustentar la gobernabilidad del Estado. Y eso, sí sería grave.

No había mucha duda, en cuanto a que el ala hankista del PRI, no apoyó a Fernando Castro Trenti en la elección a gobernador que perdió el 7 de julio de 2013, frente a Francisco Arturo Vega de Lamadrid. En efecto, los principales testaferros políticos de Jorge Hank Rhon, se mantuvieron -en el mejor de los casos- al margen y -en el peor de los casos desde el punto de vista priista- trabajando a favor del candidato del PAN para derrotar al propio. Juanita Pérez Floriano, no es ningún secreto, es de esas hankistas aguerridas a más no poder. Lo mismo acompañaba a Carlos Barboza cuando de armar manifestaciones se trataba en junio de 2011, para pedir la liberación de Hank Rhon -cuando se le detuvo por acopio de armas y fue reo del penal de “El Hongo” durante diez días- y participaba de lleno en las actividades internas para lograr que Hank y no Castro, se quedara con la candidatura a gobernador. Cuando eso no sucedió, cuando desde la misma Presidencia de la República informaron a Hank que él no sería el candidato, Juanita y el resto de hankistas bajaron sus velas y se dedicaron a otra cosa durante la campaña proselitista, menos a trabajar en favor del candidato de su partido, el PRI. De hecho, en el momento más álgido de la campaña, cuando los señalamientos de corrupción acaparaban las notas periodísticas, acusando desde el PRI a Kiko Vega de peculado, y desde el PAN a Fernando Castro de enriquecimiento ilícito, desde la oficina del hoy Embajador de México en Argentina, buscaron a Juanita Pérez Floriano. Lo hicieron porque ella, en calidad de regidora priista durante el trienio de Francisco Vega, le sabía los modos de, digamos, pasar por encima de los reglamentos. Primero Juanita se mostró extrañada de recibir llamada de la oficina de Castro Trenti, en principio porque no era parte de ese equipo, y segundo, porque no estaba apoyando la campaña de ninguna manera. Convencida de ayudar a Castro Trenti, proveyó documentos, recuentos y relatos de lo que Francisco Vega hizo de manera alevosa en el Ayuntamiento de Tijuana que presidió. Hasta ahí, y a regañadientes, llegó la participación de Pérez a la campaña priista. Como el resto de los hankistas, dio dos pasos atrás y se sentó a esperar la derrota de Castro Trenti, a la que contribuyeron por convicción o por omisión. Por otro lado, Vega no negó una relación con Jorge Hank. Aun cuando quiso ser respetuoso, no pintó una raya definitiva entre aquel y él. Fue una presunción que los hankistas le favorecían en la campaña, y él se dejaba querer. Bien, para los priistas, la confirmación de esa traición interna se confirmó el jueves 24 de octubre, cuando el gobernador electo dio a conocer la segunda parte de su gabinete, e incluyó a Juanita Pérez Floriano como secretaria del Trabajo. Los tricolores leen ese nombramiento como el pago de la cuota a Jorge Hank Rhon, pues no ven ni relación de Pérez con Vega, ni experiencia en el área laboral, mucho menos preparación académica para el cargo. Pérez es licenciada en Administración de Empresas por el CETYS Tijuana, tiene una especialidad en Finanzas y una Maestría en Administración Pública terminada, por la Universidad Iberoamericana. Los cargos que ha ostentado han sido pocos y fuera del área del Trabajo. Regidora en el XVI Ayuntamiento, asesora de regidor, secretaria de Educación Pública del Ayuntamiento de Tijuana, y el resto son gestorías, asesorías y consultorías. No más. Ahora Kiko Vega paga la factura al ala priista que le apoyó durante la campaña, y le otorga a Pérez la Secretaría del Trabajo, normalmente entregada a un abogado, dado que maneja, entre otras cosas, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal de Arbitraje, y la Procuraduría General de Defensa del Trabajador. Ejecuta convenios y acuerdos laborales, integra el registro público de contratos colectivos, asociaciones obreras, gremiales y patronales, entre otras cuestiones especializadas en el ámbito legal; experiencia que la priista no tiene. Hace unos días, al secretario del Trabajo del Gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, Renato Sandoval Franco, el coordinador de la transición, Mario Herrera, le solicitó las renuncias de todos los presidentes de las Juntas de Conciliación, de los titulares de los tribunales y demás áreas en manos de abogados especialistas en derecho laboral. Aunque al principio intentó negociar la estadía de algunos, pues le preguntaban por qué la renuncia si había ganado el mismo partido, ahora se explican la petición. Entra una priista, y lo lógico es que lleve a su equipo de trabajo, del Grupo Caliente, de Carlos Barboza, o del PRI de ese sector, para mediar, defender, proteger, vigilar y promover a los trabajadores bajacalifornianos. A Fernando Castro Trenti, el Embajador en Argentina, el gobernador electo de Baja California le dio, el 24 de octubre de 2013, la razón para la denunciada traición dentro del PRI a favor del panista y contra el priista. Kiko pagó su cuota a Hank… y ese es solo el inicio. Así Juanita, la administradora de empresas, se convierte en la rojita en el azul gabinete.