Tipificado en el artículo 390 del Código Penal, la extorsión se define como “al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial”. La pena: “Se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días de multa”. Sin embargo en 2011 y ante el crecimiento en la comisión del delito de extorsión por la vía telefónica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó aumentar en una mitad la pena a quien cometa el delito de extorsión por vía telefónica –como se establece en el Código Penal del Distrito Federal-. Aparte hay otras consideraciones para incrementar la penalidad dependiendo del origen del extorsionador: si se trata de una asociación delictuosa, de un servidor o ex servidor público, de un miembro o ex miembro de corporación policíaca alguna o de las Fuerzas Armadas. De acuerdo a las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, diariamente durante 2013 se cometieron 21 extorsiones. El promedio mensual de enero de 2013 a enero de 2014 fue de 670 extorsiones en México. Las cifras de Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) no son muy distintas. La tasa de extorsiones en el año 2013 fue de 23.6 por ciento en la República Mexicana. Y relacionado al año anterior, en el 2012, el 94 por ciento del total de las extorsiones fueron realizadas por vía telefónica. El mismo Inegi detalla que en 2013 se cometieron 33.1 millones de delitos de los cuales resultaron 22.4 millones de víctimas. De hecho aclaran la comisión de 1.5 delitos por víctima, mientras que en 2012 esa estadística era de 1.3 delitos por víctima. Y el aumento de la criminalidad entre 2012 y 2013, el Inegi lo justifica así: “El incremento en la tasa de delitos en 2013 frente a los años anteriores se debe, principalmente, al aumento de los delitos como el robo o asalto en la calle o en el transporte público, y la extorsión”. Lo que no nos dice ni el Inegi, ni la PGR, ni Procuraduría Estatal o Fiscalía alguna, a ciencia cierta, matemática exacta y justicia pronta, son cuántos extorsionadores están en prisión por extorsionar a los mexicanos. Siendo que el delito de extorsión va al alza, fuera de esporádicas campañas mediáticas, cuando la alerta por extorsión es roja o alta, no hay por parte del Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto una política para disminuir la comisión de este delito y poner a salvo el patrimonio, el golpeado patrimonio de todos los mexicanos. Hace unos días el jefe de una importante empresa mexicana recibió una llamada a su número de celular. El emisor le ordenó de entrada que escuchara la grabación que le pondría. Ahí fue que, en medio de la crisis psicológica y de inseguridad, el hombre identificó como la voz de su hijo a quien pedía auxilio al padre y le informaba que había sido “levantado” por unos hombres. La grabación fue interrumpida y el hombre le dijo que debía depositar 50 mil pesos a una cuenta de banco si quería ver a su familiar sano y salvo. Ante la premura de la petición, se le explicó al delincuente que se encontraba en tránsito y que sólo contaba con 20 mil pesos en ese momento. El criminal aceptó la oferta. Dando instrucciones por celular condujo a su víctima a un banco. Le proporcionó el número de cuenta en una sucursal de Bancomer. Le dictó los dígitos y le dio el nombre de una mujer que es la titular de la cuenta. El extorsionado hizo lo que le ordenaron. Todavía escuchaba la voz de su hijo pidiendo auxilio ante la toma forzada de su persona. Cómo el extorsionado solo tenía un teléfono, no podía hacer comunicación con sus familiares o amigos para verificar que su hijo, en efecto, había sido tomado rehén de un extorsionador. La víctima entró a la sucursal del banco. Llegó a la fila frente a la caja de atención y se saltó a todos los clientes que esperaban su turno. Alguien protestó y le gritó que debía hacer fila pero el hombre -igualmente exaltado- explicó que su hijo estaba en peligro y que debía hacer la operación financiera cuanto antes. A los clientes que escucharon la situación les llamó la atención la congoja del hombre y le permitieron pasar hasta adelante; los empleados del banco no se inmutaron. Ni siquiera llamaron al gerente, al jefe o al encargado para notificar que en esos momentos una acción ilegal estaba sucediendo. El padre del menor “levantado” depositó en la cuenta de la mujer la suma que acordó con los criminales. Salió del banco y, aun al teléfono, les dijo que ya había hecho el depósito. Los delincuentes le dieron otras instrucciones y el hombre cortó la comunicación. Finalmente pudo hablar a su casa, con su hijo que se encontraba a salvo. De hecho nunca había sido privado de su libertad. El secuestro exprés había sido una extorsión ya clásica en el México de hoy. Los abogados le aconsejaron al empresario presentar dos denuncias. Una local y una federal. Finalmente tenía el número de cuenta, el nombre de la titular de la cuenta bancaria –la que cobraría el dinero producto de la extorsión- y el número telefónico del cual se comunicaron para timarle y sacarle, con la amenaza sobre la integridad de su hijo, una suma de dinero. Cuando proporcionó a las autoridades el número telefónico –que por cierto era local-, el número de cuenta, el nombre de la titular, le dijeron que no era la primera vez que esos datos de celular, esa cuenta y esa mujer eran denunciados. Pero que no podían hacer mucho pues investigando la línea de celular, la comunicación salía del Penal de Santa Martha Acatitla ubicado en la delegación Ixtapalapa en el Distrito Federal. En su estado de origen le dijeron al hombre que el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido ya estaba enterado. Que le habían solicitado en otras ocasiones que diera de baja ese y otros celulares denunciados como propiedad de extorsionadores en el Penal de Santa Martha, en la penitenciaría de Guadalajara y hasta en una de Tamaulipas. Que los teléfonos eran locales, de distintas ciudades. Que también habían pedido a la autoridad federal que investigara esa y otras cuentas de banco con todo y sus titulares, donde otras víctimas habían depositado las sumas requeridas en la extorsión. Pero a la fecha nada ha pasado. Los celulares en poder de las autoridades siguen vigentes. La mujer que debió entregar información personal para abrir una cuenta sigue libre y los extorsionadores presos en penales inseguros para el ciudadano común, no son juzgados por este otro delito. La extorsión sigue sucediendo a lo largo y ancho de México. 21 personas al día son extorsionadas, el 94 por ciento de ellas por la vía telefónica. La extorsión, uno de los delitos con mayor y alarmante alza en los últimos años, ha resultado redituable para todos. Para los criminales que están en prisión que continúan su vida delincuencial y generan recursos para sus familiares y socios en el exterior de las cárceles. Para los bancos que abren las cuentas a estos criminales y se hacen todos los días de efectivo en sus bóvedas. Para las autoridades que proveen impunidad tanto en penitenciarías –los custodios y funcionarios que por algún acuerdo introducen los aparatos celulares-, los policías que voltean a otro lado, los investigadores que no investigan. A propósito de la ley anti lavado de dinero se hicieron reformas para que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público estuviera más al pendiente de las transacciones financieras de los mexicanos, y requerir las contribuciones cuando estas fuesen omitidas por los registrados –y aquellos que no, también- en su padrón de contribuyentes. La intromisión de funcionarios de Hacienda en cuentas de empresas y particulares mexicanos, se anotó en la reforma como “discrepancia fiscal”, lo que significa que la Hacienda Pública puede investigar las cuentas de banco, de crédito y de inversiones financieras de todos los mexicanos, registrados o no ante el SAT. Además que puede obtener información de las cuentas a partir de terceros, tal vez siguiendo una compra en un mercado, en una tienda, en una automotriz. Por ejemplo, Usted tiene una cuenta donde le depositan su sueldo, de esa cuenta Usted compra un carro por un valor superior a lo que en un año ha ganado, esa discrepancia “le salta” a Hacienda y a partir de la información de la automotriz, revisa sus estados financieros, si detectan depósitos económicos adicionales a los de su sueldo, entonces le requerirán para saber el origen y por qué no ha pagado impuestos sobre los mismos. Usted tendrá un periodo para justificar las transacciones y, en caso de confirmarse la discrepancia, deberá pagar a Hacienda los impuestos generados entre los cobrado y lo pagado. En caso que no esté inscrito como contribuyente, deberá inscribirse y pagar. Así de fácil. Pero con todo y su intromisión fiscal legal, la Secretaría de Hacienda no es capaz de poner un alto a los extorsionadores que utilizan, por regla general y modus operandi, a las instituciones financieras para que las víctimas realicen los pagos solicitados. Todos los días, mexicanos están siendo extorsionados y la autoridad, el Gobierno Federal, el de Enrique Peña en la Presidencia, Jesús Murillo en la Procuraduría, Miguel Osorio en Gobernación y Monte Alejandro Rubido en la Comisión Nacional de seguridad, no han definido una estrategia integral para disminuir la extorsión y poner a los extorsionadores tras las rejas y a los que ya están ahí, sumarles juicios. El mismo aparato del Estado contribuye con los delincuentes. Como los extorsionadores están prisioneros y todo lo ordenan con amenazas por la vía celular, la autoridad no ha logrado determinar el camino de la información que se les hace llegar sobre sus víctimas. Se suponen muchas rutas: Desde los padrones electorales que están a la venta y dónde se pueden obtener los datos como dirección y teléfono de familias completas, pasando por los registros de las licencias para conducir en los Estados de la República, donde los automovilistas deben incluir en los formatos el nombre de una persona y el número telefónico donde se le puede localizar en caso de emergencia. Los hijos normalmente anotan los datos de los padres, las esposas a sus esposos, los maridos a sus mujeres. Y con esa información a la venta en el mundo criminal, se entrega la seguridad de las familias. La falta de candados para la protección de la información, y la poca investigación respecto la venta de esta información, crean un clima de corrupción e impunidad que está vulnerando a las familias mexicanas. Lo mismo cuando se tramita el pasaporte mexicano, una beca, un crédito, o cuando se contrata un servicio público. Siempre el gobierno tiene los datos de los ciudadanos que cumplen con la ley. Nunca los de los criminales. De esta manera el negocio de la extorsión beneficia a las familias de los criminales, salpica al gobierno y vulnera a la sociedad. La Secretaría de Seguridad Pública de Baja California ha gastado desde 2009, unos 48 millones de pesos, para colocar inhibidores de telefonía celular en los penales que administra en Tijuana, Ensenada, Mexicali y El Hongo. Es decir, si un custodio llegase a introducir, ilegalmente por supuesto, un teléfono celular a un reclusorio, no se puede utilizar en el interior, pues los aparatos adquiridos por la Secretaría bloquean las señales de estos dispositivos móviles. El problema es que solo Baja California como entidad federativa cuenta con este sistema para bloquear la señal y solo permitir la comunicación de los presos por medio de teléfonos públicos. Ningún otro estado ha gastado un peso en esto, y de los penales federales sólo dos cuentan con un sistema de bloqueo de señal de telefonía, el de Nayarit y el de Tamaulipas, ambos de máxima seguridad. Vaya, ni el penal de Puente Grande en Jalisco ni el que está en Almoloya de Juárez, Estado de México, cuentan con un sistema de bloqueo para impedir que los prisioneras tengan comunicaciones criminales hacia el exterior de los penales. El incremento en las extorsiones que hacen notar tanto el Inegi como el Observatorio Nacional Ciudadano debería ser la base para la elaboración de un programa de combate que incluya medidas como la que acabo de anotar. Pero en este país donde el gobierno provee  impunidad a los delincuentes, las familias deben encontrar la forma de ponerse a buen resguardo ante una autoridad que, con su sospechosa inacción o probable corrupción, las vulnera.

Hace muchos meses, pero muchos, que el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Baja California no se reúne. Los encuentros, consolidados en tiempos del gobernador José Guadalupe Osuna Millán y los del Comandante de la II Región Militar, Alfonso Duarte Mújica, reunían a todos los titulares de las corporaciones policíacas, de investigación, inteligencia, procuración de justicia, prevención y ministeriales, así como a los titulares de las áreas de salud, desarrollo social, económico y educación. También a delegados federales, presidentes municipales y representantes de los grupos organizados de la ciudadanía que tenían injerencia en temas relacionados con el desarrollo de la sociedad, la prevención y la seguridad. En ese entonces, la reunión de Consejo de Seguridad  era en instalaciones militares, pero la encabezaba el gobernador. Así se concibió y se lleva a la práctica -aun sin legislación- el Mando Único que hoy es modelo nacional. Era muy sencillo: el gobernador o su secretario de Gobierno iniciaban la reunión e iban pasando el micrófono a cada uno de los miembros del gabinete, alcaldes y delegados, para que expusieran ante todos, los esfuerzos y trabajos que estaban realizando para combatir la inseguridad producto del crimen organizado y el narcotráfico. Posteriormente eran los mandos de seguridad quienes informaban qué hacían y cuáles habían sido sus resultados. Ahí entraba el General con el informe de las supervisiones y acciones de los soldados. La reunión servía para coordinarse, ponerse de acuerdo, ayudarse y supervisarse unos a otros. Por ejemplo, si un alcalde no podía con los narcomenudistas de su ciudad o con los criminales, solicitaba públicamente en el pleno del Consejo, la presencia de elementos estatales preventivos, federales o militares, incluso marinos; ahí mismo acordaban cómo incrementarían la presencia de las Fuerzas Armadas en esa demarcación. La reunión incluía establecer pautas y planes para el combate a los narcotraficantes y criminales, abrir canales de comunicación directa para no saltarse unos a otros, o toparse en operaciones encubiertas. De paso, General y Gobernador ordenaban a sus subalternos encargados de la operación policíaca, ministerial, de investigación e inteligencia, reunirse en los siguientes días y una vez por semana, para coordinar acciones a seguir. En calidad de secretaria de acuerdo fungía la entonces delegada del CISEN, Edna Montoya. Pero desde hace mucho tiempo no hay una reunión de esa magnitud y esa coordinación. El secretario de Seguridad, Daniel de la Rosa, participante entonces de aquellos encuentros, promueve ahora con el gobernador Francisco Vega, instaurar una vez más las reuniones mensuales del Consejo Estatal de Seguridad Pública, dado que -dicen- las operativas sí se realizan aun en otras condiciones. El incremento en delitos “menores” y una tasa prácticamente fija de ejecuciones al año, dan cuenta que la descoordinación o la falta de acuerdos entre las instituciones, solo le abona al caos y a la impunidad. Las declaraciones de Alejandro Lares, el todavía secretario de Seguridad Pública en Tijuana, de una reestructuración de células que delinquieron para el Cártel Arellano Félix, son la segunda llamada de atención -después de las ejecuciones y los delitos cometidos contra la sociedad- y la alerta a reestablecer y educar al resto de las corporaciones en las reuniones del Consejo Estatal. Además, es la oportunidad que los líderes de sectores sociales y empresariales participen de las comunicaciones oficiales, para evitar enfrentamientos públicos a partir de la falta de información sobre estrategias, políticas y acciones para el combate a la inseguridad. También para que participen activamente y las propuestas que hacen en sus planes ciudadanos, sean integradas formalmente a los programas del gobierno y traducirlas en acciones para llevar menos inseguridad a las ciudades de Baja California. Las reuniones del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Baja California deben ser convocadas por el gobernador, en este caso, Francisco Vega de Lamadrid, y coordinadas por el Comandante dela II Región Militar, Moisés García Ochoa, en instalaciones de la II Zona Militar del General Gabriel García Rincón. Los liderazgos en materia de coordinación institucional o con la ciudadanía, urgen. Ya es hora Gobernador, ya es tiempo, General.  

En ningún recoveco de la Ley dice que para obtener un cargo de esos que requieren sabiduría, las personas que aspiran a la posición deben tener experiencia en la materia, carrera en el sector y edad suficiente para –en caso de haberse esforzado profesional, cultural y socialmente- tener sapiencia. Se habla de “buena fama en el concepto público” pero no se especifican los valores esenciales que debería de tener todo servidor de la nación, como son la probada ética, la ejercida honestidad y los respetados principios en pensamiento y conducta. Los requisitos legales para llegar a una posición son laxos, se refieren en términos generales a una “solvencia” social que puede traducirse con vivir, estar, residir, estudiar y ser. No más, no exigen el detalle de la conducta, la preparación, la experiencia y la capacidad. Ahí tiene que el presidente Enrique Peña Nieto, tan necesitado de aplausos quiere hacer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el refugio de sus cuates –los que sí le aplauden-. El Poder Judicial, el tercer poder luego del Ejecutivo y del Legislativo, debería ser representado por hombres y mujeres con carrera en el sector judicial, alejados de los gobiernos y de las cámaras, con intereses exclusivos en la defensa de la Ley y el imperio del Estado de Derecho. Así cómo el Senado de la República debería ser ocupado por los viejos con experiencia y servicios y como el último acto de servicio a la nación, en lugar de ser semillero de gobernadores, antro de negociaciones y acuerdos, y entretenimiento de cabilderos y vende patrias, la Suprema Corte exige personas imparciales, justas, apegadas al derecho, con criterio independiente al resto de los poderes. Pero no. Enrique Peña Nieto primero propuso a través de Felipe Calderón en los últimos días de éste en el Gobierno de la República al joven abogado fiscalista Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena a quien sacó del Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin ninguna experiencia en el ejercicio del derecho, la abogacía, o en el colegio judicial, pero sí con intereses del litigio privado y la Hacienda Pública, Gutiérrez Ortiz Mena llegó a la Corte. Después de la muerte en diciembre 2014 del Ministro Sergio Armando Valls Hernández, ayer el presidente de la República como es su facultad, envío una terna para la selección de una persona que ocupe el lugar del Ministro Valls en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Valls sirvió al Poder Judicial diez años de 2004 a 2014 y la carrera la inició como Agente del Ministerio Público, pasando por algunas Magistraturas, Consejerías Jurídicas, Consejería de la Judicatura, algún cargo público hasta llegar a la máxima posición en la carrera judicial como Ministro. Entre las propuestas de Peña para suplir al Maestro Valls, se encuentran dos abogados de carrera, con experiencia en el Poder Judicial y con posiciones en lo que debería ser la antesala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alguna Magistratura federal o estatal. De hecho en los estados en los Tribunales Superiores de las entidades que integran la República Mexicana, es mucho más frecuente encontrar que quienes llegan a Magistrados, son hombres y mujeres que antes de ello fueron Jueces, Consejeros de la Judicatura o Jurídicos de algún departamento relacionado con el Poder Judicial. Es como debería ser la carrera natural en ascenso del Poder Judicial: Agente del Ministerio Público, Actuario, Secretario de Acuerdos, Juez, Consejero de la Judicatura, Magistrado en el Estado, Magistrado Federal, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, Peña propuso a dos hombres que a la fecha sirven como Magistrados. Al abogado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, actual Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que tiene en su hoja de vida la licenciatura en la UNAM, Juez de Distrito, Secretario de estudios y cuenta de la Suprema Corte, Juez de Distrito, Magistrado de Circuito. También al licenciado en derecho Horacio Armando Hernández Orozco, quien se desempeña como Magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, y que después de salir de la Libre de Derecho y dar cátedra, fue Secretario de Juzgado de Distrito, Secretario de Tribunal Colegiado de Circuito, Juez Primero de Distrito, Magistrado de Circuito y hoy es el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (el que conoció de los amparos de la maestra Elba Esther Gordillo). El tercer hombre propuesto por Enrique Peña Nieto a la Cámara Alta para ocupar la silla del Ministro Sergio Valls en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es su cuate. Amigo y protector hasta de los intereses personales, y el servicio público también, de Peña Nieto. Se trata del Embajador de México en los Estados Unidos, Eduardo Medina Mora Icaza. Medina Mora nunca ha sido Juez, ni civil ni penal, ni federal de distrito. Mucho menos Magistrado de Circuito o de Tribunal estatal, federal o electoral alguno. Mucho menos Consejero de la Judicatura. No. Eduardo Medina Mora hizo carrera en el gabinete federal de gobiernos de la República encabezados por panistas, desde donde dicen, fue el enlace entre los peñistas y los calderonistas. El celestino político entre los del Estado de México y los de Michoacán. Procurador General de la República en tiempos de Felipe Calderón, Medina Mora fue sacado de esa Fiscalía y enviado como Embajador de México ante el Reino Unidos, sin experiencia alguna en el Servicio Exterior Mexicano, sin haber cursado la escuela Matías Romero, sin haber sido Cónsul o agregado en alguna representación diplomática. Al triunfo de Enrique Peña Nieto y la posterior y tropezada toma de posesión, el presidente nombró a Eduardo Medina Mora, Embajador de México ante los Estados Unidos, de dónde lo quiere sacar para enviarlo en calidad de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces resulta que como las Embajadas, a la Suprema Corte de Justicia la quieren convertir los priistas de Los Pinos, en un abultado premio político, irrespetando la calidad de Máxima Casa del Poder Judicial. Pues Medina Mora ha hecho carrera pero en el Poder Ejecutivo, donde electos panistas como Vicente Fox le confiaron la Dirección del CISEN –cuando a pesar de las escuchas en celdas de centros penitenciarios se les escapó Joaquín “El Chapo” Guzmán-, la Secretaría de Seguridad Pública, y luego con Calderón la Procuraduría General de la República, la Embajada. Con un Poder Legislativo que responde más a los ánimos del Presidente Peña y en menor medida a las necesidades de la sociedad y del sistema para el ejercicio de un pleno estado de derecho, es probable que como le hicieron con Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, elegirán al de menor experiencia en el sector, pero de mayor cercanía con el Ejecutivo. A menos claro que Peña haya incluido el nombre del Embajador Medina Mora en la terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un afán de alejar las miradas auscultadoras de los dos Magistrados en referencia, cuyos apellidos no escapan a denuncias internas del Poder Judicial. En 2013 ya con el gobierno federal en manos del PRI, un diputado panista, el guerrerense Gabriel de Jesús Cárdenas Güizar, propuso reformar entre otras cuestiones, el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se detallan los requisitos para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que se agregara al requisito de una antigüedad mínima de diez años como profesional de licenciado en derecho, tener “un posgrado expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello”. Además al apartado que requiere “no haber sido secretario de estado, procurador general de la República o de justicia del Distrito Federal” en el año previo al nombramiento como Ministro, modificarle a siete años la distancia del último cargo en el Poder Ejecutivo. Pero la Cámara controlada por el PRI, no permitió endurecer un poco -con la solicitud de un posgrado y la lejanía de los intereses del gobierno federal-, los requisitos para ser Ministro. Pero pues así es ese PRI, el que gobierna México desde Los Pinos, el que tergiversa el fin de las instituciones para beneficio de los intereses. La otra pues, es esperar a la Legislatura que viene, y proponer un cambio en la selección de los Ministros, pues mientras el resto de los Poderes, el Ejecutivo y el Legislativo son electos por el pueblo, el Poder Judicial son propuestos por el primero y seleccionado por el segundo. Como quien dice, los Ministros son hijos del Ejecutivo y compadres del Legislativo… por ponerlo de una manera elegante. A ver qué pasa con la Corte. Si llegan los de carrera, o llegan los cuates del Presidente.  

Contra todo pronóstico basado en el origen de su nombramiento, Tirso Liévano, que hace las labores de presidente del comité municipal del PRI en Tijuana, está sacando la casta del Revolucionario Institucional en la oposición. Le ha entrado a temas que ya los políticos metidos en los partidos no le entraban. O por temor, o por valores entendidos, o simplemente por no hacer. Por ejemplo, en el tema de la seguridad. Reclama al gobernador Francisco Vega de la Madrid que juegue con la seguridad y la tranquilidad de los bajacalifornianos. Hace unos días, a propósito de una fiscalización del Instituto Nacional Electoral sobre la campaña anticipada, particularmente la que emprendió desde el mismísimo día de su registro como precandidato el panista Jorge Ramos, los del PRI documentaron una agresión de las huestes azules hacia su representante en el INE. Rápido, Don Tirso presentó denuncia pública y envió un comunicado responsabilizando a Vega de Lamadrid y a los dirigentes del PAN en el Estado y en Tijuana, de cualquier agresión que puedan sufrir los tricolores. Aprovechó para pedir al mandatario que saque sus azules manos del proceso electoral que culminará con la elección el 7 de junio, de ocho diputados federales en Baja California. La campaña que viene se ve, ya, como una de denuncias y señalamientos. En el PRI, con todo y el antecedente de Chris López como diputado federal votando a favor de la reforma fiscal que tanto ha castigado a los bajacalifornianos no solo con el aumento al 16 por ciento del IVA, creen que pueden retener alguno de los siete distritos electorales federales que ganaron en 2012. Es evidente, Tirso Liévano ha centrado su estrategia en documentar los excesos de los panistas en las precampañas, las campañas anticipadas, y en denunciar a la sociedad las acciones del Gobierno del Estado que favorezcan a los panistas o a los candidatos de ese partido. Tener dirigentes de partidos aguerridos es buen síntoma de democracia. Habla, por ejemplo, de que no existe una componenda ni un pacto entre institutos políticos para beneficiarse mutuamente y perjudicar al ciudadano. Que difieran en opiniones y que lo hagan saber a los gobernados. Habla de la diferencia ideológica que debe prevalecer entre diferentes partidos, de otra manera deberían constituir uno solo y sanseacabó. Ahora lo que necesita el PRI es seguir a su dirigente municipal y encabezar las causas sociales que antes procuraron, y que por estar negociando desde la oposición en Baja California las migajas del gobierno, dejaron de encabezar. Sentar el precedente de las diferencias políticas entre un partido de oposición al Gobierno del Estado en este caso, es el inicio de una campaña de supervisión sobre las acciones en la administración pública, y el señalamiento de los errores y excesos. Diferenciarse del partido de enfrente es necesario para dar a la sociedad electora elementos para votar por uno o por otro. Lo aguerrido que ha resultado Tirso Liévano contrasta con la figura opaca de los dirigentes del Partido Acción Nacional. Tanto José Luis Ovando como Felipe Luévano se ven sometidos por el Gobierno del Estado. Superados por su candidato al Distrito 04, Jorge Ramos, y entrampados en los compromisos con los grupos políticos panistas que viven de la nómina estatal. No tienen, pues, ni independencia, ni presencia, ni voz. Mientras el dirigente del PRI en Tijuana -y a veces la presidenta del Comité Estatal- ha iniciado una campaña de señalamientos hacia las acciones panistas, ni Ovando ni Luévano le han dado personalidad al año electoral en su partido. No se trata de enfrentarlos, pero vaya, mientras el gobernador es del PAN, hay tres alcaldes que son del PRI, y los panistas no están ni observando, ni supervisando ni señalando por andar negociando sus candidaturas por puestos, cargos, nóminas y padrones inflados. Decir que el PRI lleva las de ganar sería muy arriesgado no solo por Chris López, sino porque la política de Enrique Peña Nieto no termina de asentarse, y en el recuento, son más los daños que los beneficios. Pero decir que por ello el PAN tiene aseguradas varias curules en la próxima Legislatura federal, tampoco es digerible. Realmente en Acción Nacional no están respaldando a la sociedad, por estar ocupados en administrar la abundancia que les da el poder estatal. Ojalá que en las siguientes semanas, los dirigentes azules se sumen al debate de la política gubernamental en el que los está metiendo el dirigente priista de Tijuana, y los bajacalifornianos podamos presenciar una justa de partidos como hace mucho no se veía. Ya basta de pactos, complicidades y negociaciones que solo perjudican al ciudadano y benefician a unos cuantos políticos. ¿No?

Durante la última semana, huestes de sicarios del cártel del Golfo se han enfrentado a células criminales de Los Zetas. Iniciaron una racha de asesinatos y balaceras en calles y avenidas de aquel estado, incrementando el nivel de violencia e inseguridad para los ciudadanos, en Matamoros y Nuevo Laredo. En el colmo de la impunidad, han tomado puentes, calles, sitiado las ciudades e incluso lanzado un ataque con granada al Palacio Municipal en Matamoros. Los muertos –según testigos y sobrevivientes– quedan tirados para ser recolectados por el Estado o los propios cárteles. De la cruenta situación que viven los tamaulipecos poco se sabe en el resto del País. Los medios del Distrito Federal –que poco tienen de nacionales–, con honrosas excepciones en la radio y la red, no han dado al caso de la violencia en Tamaulipas la dimensión que merece. Así se vive en aquella entidad, un estado de emergencia que la presidencia de la República ha ignorado por el momento. El gobierno de los Estados Unidos, a través de su Consulado General en Matamoros, alertó a sus ciudadanos de no viajar o transitar por las calles de Tamaulipas, cesó sus labores, y conminó a sus trabajadores a no salir mientras perduren las condiciones de violencia. El jueves 5 de febrero, un grupo criminal integrado por tres hombres armados, llegó a las instalaciones del periódico El Mañana en Matamoros, entró a la redacción y sacó al director editorial de esa publicación, Enrique Juárez Torres. Se lo llevaron por la fuerza. Lo subieron a una unidad y en el “paseo” lo golpearon. En la cabeza, en el vientre, al tiempo que le lanzaban amenazas de “quebrarlo” (matarlo) y otras palabras altisonantes. Lo culpaban a él de las notas periodísticas publicadas en las ediciones de El Mañana, describiendo la violencia acontecida los últimos días. Las balaceras, los muertos, los enfrentamientos, la toma de puentes. Después de golpearlo físicamente y amedrentarlo sicológica y verbalmente, a Juárez Torres lo liberaron en las inmediaciones del periódico en Matamoros. El periodista, apoyado por la familia propietaria del Diario que circula en todo el Estado, se fue de México. Se dice que cruzó la frontera hacia los Estados Unidos para resguardar su integridad física. Organizaciones de Protección y Defensa de los periodistas están en comunicaciones con Juárez para ofrecerle apoyo y un lugar donde estar seguro. Pero el caso de Juárez, el apoyo que el periodista recibe fuera de México, es la excepción para los cientos de miles de tamaulipecos que hoy día temen por su vida al estar inmersos en una guerra de cárteles por la plaza fronteriza para el tráfico de drogas. Tanto Los Zetas como el Cártel del Golfo son organizaciones que según las autoridades federales, en este sexenio de Enrique Peña y en el sexenio pasado de Felipe Calderón, “fueron desmanteladas”. Los gobiernos consideran que una vez aprehendidos o abatidos los líderes de los cárteles, las organizaciones criminales dejarán de existir. Luego de la captura de Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo y de hecho creador de Los Zetas a quienes instauró para ser “su brazo armado”, en 2003 y su posterior extradición en 2005, los herederos de su imperio criminal y Los Zetas se separaron. Así nació otro cártel salido de un cártel. En 2012, en octubre, fuerzas federales abatieron al líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano. La organización criminal quedó en manos de varios zetas se supone con rango criminal. La realidad es que ni en 2003 con la aprehensión de Osiel Cárdenas, ni en 2012 con la ejecución de Heriberto Lazcano, el Cártel del Golfo o Los Zetas fueron organizaciones criminales desmanteladas. Cuando el gobierno de la República centra su estrategia de combate al narcotráfico y el crimen organizado únicamente en la captura de los líderes de cárteles, se genera más violencia. Pues las huestes de los criminales aprehendidos iniciarán una guerra contra aquellos que pretenderán el mismo poder, o contra quienes ocupan por acuerdos pasados, los territorios dominados. Mientras el gobierno de la República a partir de la PGR, la SEIDO, la CNS, entre otras instituciones facultadas y obligadas a perseguir el crimen organizado y el narcotráfico, no hagan una real labor de investigación para desmantelar no solo la estructura del recurso humano de los cárteles, sino desmantelar el recurso económico y físico a partir del aseguramiento de cuentas bancarias, negocios ilícitos, de lavado de dinero, de bienes y casas de seguridad, los criminales seguirán peleando en balaceras y enfrentamientos con una estela de muerte, las estructuras criminales. En México, debido a una débil y fracasada estrategia para combatir el crimen organizado, y debido en gran parte a la corrupción y a la colusión del Estado con los criminales, lo que priva es la impunidad. Y ese escenario se llena de plomo y de sangre, vulnera a la sociedad, a los ciudadanos, que como el periodista agredido y atentado en su libertad de expresión, no tienen apoyo para salir de México. El presidente Enrique Peña Nieto no debería ignorar lo que sucede en Tamaulipas. Debería enfrentarlo y actuar en consecuencia. Pero es evidente, por la racha de violencia, que no lo está haciendo. 

El día que sin poder político ni cargo público, Carlos Bustamante Anchondo se presentó a declarar en calidad de investigado por presuntos actos de abuso de poder y peculado a la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, se le vio severamente molesto. Fue el 26 de enero a las 12:00 pm. El alcalde Jorge Astiazarán Orcí le concedió la cortesía de utilizar el elevador privado del presidente municipal para evitarle entrar por la puerta de los ciudadanos y subir los tres pisos de escaleras para llegar a la Sindicatura. Con su camioneta blindada manejada por un chofer, Bustamante entró por el sótano. De ahí al elevador, caminó los pasillos que conectan la Alcaldía con la Secretaría del Ayuntamiento hasta llegar y entrar por la puerta trasera de Sindicatura. Aquella que en un berrinche político, les clausuraron. De ahí fue llevado a un cubículo donde lo atendió una persona para tomarle la declaración que en el expediente 004/2015 se le sigue por incumplir la Ley de Responsabilidad para Servidores Públicos, que decreta que la administración no podrá establecer convenios, contratos, compras, relaciones comerciales y demás, con miembros de la familia de los funcionarios encargados de la administración pública, hasta en cuarto grado. Acción en la que él cayó al votar en una sesión de Cabildo, los últimos días de su trienio, para que la empresa de la que fue propietario y que trasladó a su hijo, PUBLICYR, S.A. de C.V., fuera beneficiada con concesiones para la instalación de espectaculares en Tijuana. En la investigación se determinó que de parte del ex alcalde “…pudo haber inobservancia de los principios de honradez, imparcialidad y lealtad, pues atendiendo el principio de honradez, implica el obrar con respeto a las normas que se consideran adecuadas, lo que en el caso evidentemente no ocurrió, pues el presunto responsable no se abstuvo de votar ese punto de acuerdo, en razón de tener interés personal y directo en la concesión otorgada a la empresa PUBLICYR, S.A. de C.V., tanto por ser accionista y garante hipotecario de la moral en mención, como por tener parentesco consanguíneo directo con el ciudadano Carlos Alfonso Bustamante Aubanel, obligación que le impone el reglamento interno de Cabildo… y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”. La investigación de Sindicatura, armada con puntillosa legalidad, podría resultar no solo en la inhabilitación de Carlos Bustamante, sino en la presentación de una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por peculado. No era gratis, pues, que el ex llegara enojado. Lo que más le molestó -fue evidente por sus declaraciones posteriores y sus acciones- fue que tanto la investigación de Sindicatura como aquella por un desfalco en su administración por 168 millones de pesos, se hayan hecho públicas en las dos últimas ediciones de ZETA. Por eso, cuando llegó acompañado de su abogado, Obed Silva -también investigado en el caso del desfalco en su calidad de secretario del Ayuntamiento que fue-, este último amenazó sin decir nombres, pero directo a los reporteros, que ya había presentado una denuncia ante Sindicatura para dar con los responsables de la “filtración” a este Semanario, y que además había presentado una denuncia ante la Procuraduría por los mismos motivos. Al salir de rendir su declaración -la que suponen presentó por escrito-, cuando le preguntaron qué había dicho o cuáles pruebas había presentado, el ex presidente municipal de Tijuana reviró: “¿Quieren saber qué me preguntaron? Como es costumbre de ellos, el viernes léanlo en ZETA”, al tiempo que Silva intimidaba a los empleados de Arturo Ledesma Romo, el síndico, con la denuncia para dar con “los filtradores”. Las intimidaciones de Bustamante por conducto de su abogado no detuvieron el trabajo de los de Sindicatura. Acaso los alentó a hacer la talacha jurídica con más ahínco para evitar recursos del abogado que puedan librar a su patrón de hechos que se presumen inminentes. Una inhabilitación por lo menos. Es difícil, dijo uno de ellos a ZETA, que se pueda comprobar que no violó la Ley de Servidores Públicos cuando se auto otorgó, o le otorgó a su hijo, una concesión mientras él era alcalde. Eso es comprobable. La información a la que este Semanario tuvo y tiene acceso en el Ayuntamiento de Tijuana o en otros gobiernos y poderes del Estado Mexicano, es producto de investigaciones periodísticas e informaciones de contactos que los periodistas de ZETA han establecido en los años de ejercer la libertad de expresión. Los documentos que acreditan una investigación sobre un ex funcionario público son accesibles en aras de abonarle al periodismo de investigación, la transparencia y precisión con la que se deben conducir quienes sirven a la sociedad de un cargo público, y la exhibición de actos de abuso de poder y corrupción. En casi 35 años de fundación -el 11 de abril los cumpliremos gracias al apoyo de nuestros lectores-, ZETA ha evidenciado a narcotraficantes, políticos corruptos, represivos y abusivos, siempre con documentos, testimoniales, imágenes, declaraciones y otras pruebas confirmativas de los hechos cometidos. El caso de Bustamante no es la excepción para los periodistas que han trabajado en esas investigaciones. Y, como los empleados de Sindicatura, quienes trabajamos en ZETA para que Usted, Lector, tenga la información de lo que realmente sucede y lo que políticos y ex funcionarios quieren ocultar, seguiremos trabajando e investigando. Con todo y amenazas e intimidaciones.