Durante la última semana, huestes de sicarios del cártel del Golfo se han enfrentado a células criminales de Los Zetas. Iniciaron una racha de asesinatos y balaceras en calles y avenidas de aquel estado, incrementando el nivel de violencia e inseguridad para los ciudadanos, en Matamoros y Nuevo Laredo. En el colmo de la impunidad, han tomado puentes, calles, sitiado las ciudades e incluso lanzado un ataque con granada al Palacio Municipal en Matamoros. Los muertos –según testigos y sobrevivientes– quedan tirados para ser recolectados por el Estado o los propios cárteles. De la cruenta situación que viven los tamaulipecos poco se sabe en el resto del País. Los medios del Distrito Federal –que poco tienen de nacionales–, con honrosas excepciones en la radio y la red, no han dado al caso de la violencia en Tamaulipas la dimensión que merece. Así se vive en aquella entidad, un estado de emergencia que la presidencia de la República ha ignorado por el momento. El gobierno de los Estados Unidos, a través de su Consulado General en Matamoros, alertó a sus ciudadanos de no viajar o transitar por las calles de Tamaulipas, cesó sus labores, y conminó a sus trabajadores a no salir mientras perduren las condiciones de violencia. El jueves 5 de febrero, un grupo criminal integrado por tres hombres armados, llegó a las instalaciones del periódico El Mañana en Matamoros, entró a la redacción y sacó al director editorial de esa publicación, Enrique Juárez Torres. Se lo llevaron por la fuerza. Lo subieron a una unidad y en el “paseo” lo golpearon. En la cabeza, en el vientre, al tiempo que le lanzaban amenazas de “quebrarlo” (matarlo) y otras palabras altisonantes. Lo culpaban a él de las notas periodísticas publicadas en las ediciones de El Mañana, describiendo la violencia acontecida los últimos días. Las balaceras, los muertos, los enfrentamientos, la toma de puentes. Después de golpearlo físicamente y amedrentarlo sicológica y verbalmente, a Juárez Torres lo liberaron en las inmediaciones del periódico en Matamoros. El periodista, apoyado por la familia propietaria del Diario que circula en todo el Estado, se fue de México. Se dice que cruzó la frontera hacia los Estados Unidos para resguardar su integridad física. Organizaciones de Protección y Defensa de los periodistas están en comunicaciones con Juárez para ofrecerle apoyo y un lugar donde estar seguro. Pero el caso de Juárez, el apoyo que el periodista recibe fuera de México, es la excepción para los cientos de miles de tamaulipecos que hoy día temen por su vida al estar inmersos en una guerra de cárteles por la plaza fronteriza para el tráfico de drogas. Tanto Los Zetas como el Cártel del Golfo son organizaciones que según las autoridades federales, en este sexenio de Enrique Peña y en el sexenio pasado de Felipe Calderón, “fueron desmanteladas”. Los gobiernos consideran que una vez aprehendidos o abatidos los líderes de los cárteles, las organizaciones criminales dejarán de existir. Luego de la captura de Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo y de hecho creador de Los Zetas a quienes instauró para ser “su brazo armado”, en 2003 y su posterior extradición en 2005, los herederos de su imperio criminal y Los Zetas se separaron. Así nació otro cártel salido de un cártel. En 2012, en octubre, fuerzas federales abatieron al líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano. La organización criminal quedó en manos de varios zetas se supone con rango criminal. La realidad es que ni en 2003 con la aprehensión de Osiel Cárdenas, ni en 2012 con la ejecución de Heriberto Lazcano, el Cártel del Golfo o Los Zetas fueron organizaciones criminales desmanteladas. Cuando el gobierno de la República centra su estrategia de combate al narcotráfico y el crimen organizado únicamente en la captura de los líderes de cárteles, se genera más violencia. Pues las huestes de los criminales aprehendidos iniciarán una guerra contra aquellos que pretenderán el mismo poder, o contra quienes ocupan por acuerdos pasados, los territorios dominados. Mientras el gobierno de la República a partir de la PGR, la SEIDO, la CNS, entre otras instituciones facultadas y obligadas a perseguir el crimen organizado y el narcotráfico, no hagan una real labor de investigación para desmantelar no solo la estructura del recurso humano de los cárteles, sino desmantelar el recurso económico y físico a partir del aseguramiento de cuentas bancarias, negocios ilícitos, de lavado de dinero, de bienes y casas de seguridad, los criminales seguirán peleando en balaceras y enfrentamientos con una estela de muerte, las estructuras criminales. En México, debido a una débil y fracasada estrategia para combatir el crimen organizado, y debido en gran parte a la corrupción y a la colusión del Estado con los criminales, lo que priva es la impunidad. Y ese escenario se llena de plomo y de sangre, vulnera a la sociedad, a los ciudadanos, que como el periodista agredido y atentado en su libertad de expresión, no tienen apoyo para salir de México. El presidente Enrique Peña Nieto no debería ignorar lo que sucede en Tamaulipas. Debería enfrentarlo y actuar en consecuencia. Pero es evidente, por la racha de violencia, que no lo está haciendo.
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