La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó el 16 de noviembre de 2026 que incorporó a Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del Instituto Nacional Electoral (INE), a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), tras identificar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con presuntas irregularidades en procesos de contratación electoral.
El nombre del exfuncionario ya figuraba en el acuerdo UIF/110/G/4141/2026, con el que la autoridad financiera bloqueó las cuentas de 25 personas físicas y 15 personas morales vinculadas con proveedores electorales. En ese mismo listado quedaron incluidas Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera presidenta del INE, su hermano, uno de sus hijos y otros siete exfuncionarios del organismo, entre ellos Jesús Octavio García González, quien fue encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración entre septiembre de 2025 y abril de 2026.
Según la información difundida por la dependencia federal, el análisis financiero detectó vínculos comerciales del exfuncionario con empresas proveedoras del sector electoral, en algunas de las cuales habría actuado como apoderado legal, así como operaciones en efectivo y movimientos bancarios considerados relevantes. La autoridad financiera también señaló posibles prácticas de simulación de competencia y uso indebido de recursos públicos en los procedimientos de adjudicación. La SHCP no identificó públicamente a las compañías involucradas ni dio a conocer montos.
El bloqueo está previsto en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito e implica la suspensión de actos, operaciones y servicios financieros con el titular de las cuentas. La propia SHCP aclaró que se trata de una medida administrativa de carácter preventivo y no de una determinación definitiva de responsabilidad, por lo que el exfuncionario puede recurrir a los mecanismos de defensa previstos en la ley y ejercer su garantía de audiencia. La determinación se suma a las acciones que la UIF ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) en el marco de las indagatorias sobre la proveeduría electoral.
Cuervo Escalona se desempeñó como director de Coordinación y Análisis del INE durante la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello. Según un expediente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las empresas Corporativo ZEG y Cajas Graf se constituyeron en diciembre de 2015 ante la Notaría 181 de la Ciudad de México y, junto con Litoformas, concentraron contratos para el suministro de materiales electorales en entidades como Veracruz, por 302 millones 900 mil pesos; Hidalgo, por 203 millones 600 mil pesos, y Coahuila, por 69 millones 500 mil pesos, entre 2016 y 2023. El mismo expediente consigna que esas compañías transfirieron recursos a una cuenta del exdirectivo bajo conceptos de viáticos y préstamos, y que el 1 de junio de 2023, cuando aún ocupaba el cargo en el INE, Corporativo ZEG lo designó apoderado legal. Las responsabilidades deberán deslindarse en las investigaciones que mantiene abiertas la FGR.






