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lunes, noviembre 16, 2026
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Elecciones 2027 en la mira criminal

El homicidio del regidor de Cuernavaca por el partido Morena, Gabriel Rivas Ríos, el asesinato del representante municipal del Movimiento del Sombrero en Tijuana, José Alfredo García Gutiérrez, y otros crímenes registrados durante los últimos meses advierten sobre el acecho de la violencia en el proceso electoral que ya comenzó en México y que desde 2018 hasta el mes de septiembre de 2026 cuenta con un registro de dos mil 606 eventos delictivos y un saldo de tres mil 81 víctimas, entre personas asociadas al ámbito político, la función gubernamental, las corporaciones de seguridad e instalaciones oficiales de gobierno o partidos, de acuerdo con la plataforma Votar entre Balas, de la organización civil Data Cívica.

El Proceso Electoral Federal 2026-2027 en México inició oficialmente el 10 de septiembre de 2026, cuando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) celebró una ceremonia cívica e inauguró los trabajos institucionales mediante la aprobación del Plan Integral y el Calendario correspondiente. El diseño del proceso contempla etapas fundamentales que inician con las precampañas programadas del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, seguidas por el periodo de registro de candidaturas del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

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Las campañas electorales se desplegarán del 4 de abril al 2 de junio de 2027, dando paso a la veda electoral del 3 al 5 de junio y culminando con la jornada electoral fijada para el domingo 6 de junio de 2027. En esta contienda las urnas renovarán la totalidad de la Cámara de Diputados integrada por 500 curules a nivel federal, además de disputarse más de 19 mil cargos locales en las 32 entidades federativas, entre los que figuran 17 gubernaturas estatales

El arranque de este ciclo institucional ocurre en un entorno de inestabilidad administrativa dentro del propio órgano electoral, marcado por los escándalos derivados de la salida de su anterior consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, situación que genera fisuras en la conducción del arbitraje oficial. En forma paralela a esta reestructuración interna del instituto, el Gobierno Federal difunde reportes que sostienen una baja cuantitativa en la incidencia de delitos comunes a nivel nacional. Sin embargo, dicha tendencia general no se refleja en la dinámica de agresión dirigida contra los actores que participan activamente en la vida pública de los municipios y los estados del país.

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La violencia criminal electoral mantiene un avance constante que amenaza el desarrollo del proceso democrático mucho antes de la apertura formal de las urnas. La injerencia de las organizaciones delictivas en el escenario político opera mediante el asesinato de aspirantes, ataques armados a funcionarios en funciones, amenazas directas, secuestros y homicidios de elementos de seguridad pública. Las agresiones documentadas por organismos civiles revelan que el control de las estructuras territoriales y de las corporaciones locales constituye el objetivo central de los grupos del crimen organizado, que buscan condicionar las futuras administraciones antes del inicio formal de los periodos proselitistas.

 

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POCA ACTIVIDAD ELECTORAL

La proximidad de las elecciones de 2027 anticipa una intensificación de las acciones violentas sobre contendientes de diversos partidos políticos, activistas comunitarios y autoridades municipales en las entidades con mayor presencia delictiva. A pesar de la reducida actividad proselitista registrada durante los primeros meses del año 2026 antes del inicio formal del proceso electoral, los registros del monitoreo Votar entre Balas, de la organización Data Cívica, revelan la continuidad de la violencia criminal electoral en el territorio nacional.

Entre enero y septiembre de 2026, la plataforma contabilizó que los eventos violentos más frecuentes correspondieron a 164 asesinatos, 38 ataques armados y 30 amenazas dirigidas contra personas vinculadas a la función pública, la representación política y las corporaciones de seguridad en diversas regiones. Al contrastar estos números con el mismo periodo del año 2025, se observa una disminución cuantitativa en el rubro de homicidios, que pasaron de 244 a 164 casos, así como en las amenazas registradas, que descendieron de 65 a 30 eventos.

No obstante, la dispersión geográfica de las agresiones muestra una concentración persistente del fenómeno delictivo, donde seis entidades federativas acumularon el 56 por ciento de la totalidad de la violencia político-criminal registrada en esos nueve meses: Sinaloa encabezó la estadística nacional, con el 14 por ciento de los eventos; seguida de Guerrero, con el 12 por ciento; Veracruz con el nueve por ciento; Oaxaca con el ocho por ciento; y Guanajuato y Baja California con el siete por ciento, respectivamente.

En este panorama, Sinaloa se posicionó como la entidad de mayor letalidad al sumar 39 víctimas de enero a septiembre de 2026, consolidando una transformación profunda en su dinámica criminal interna. Hasta el año 2023, la incidencia de agresiones delictivas contra actores políticos en territorio sinaloense oscilaba entre dos y siete eventos anuales, cifra que no superaba el cinco por ciento del total nacional. Sin embargo, a partir de 2024 la entidad abandonó su peso marginal al registrar 25 eventos en ese ejercicio y elevar la cifra a 56 casos durante 2025, año en el que concentró el 12.1 por ciento de todas las agresiones del país.

En lo que va de 2026, el estado contabiliza 31 eventos violentos con una composición operativa particular: siete de cada diez víctimas pertenecen al ámbito de la seguridad pública, entre elementos de la Policía Municipal, agentes de tránsito y efectivos de la Guardia Nacional, mientras que seis de cada diez agresiones se focalizan en el municipio de Culiacán. En contraste, la entidad no ha registrado víctimas provenientes del sector estrictamente partidista desde febrero de 2025.

El análisis de Data Cívica indica que el conflicto interno entre facciones del Cártel de Sinaloa, las acusaciones públicas vertidas contra el gobernador Rubén Rocha Moya y el arranque formal del proceso electoral de 2027 constituyen factores determinantes para explicar el incremento relativo de la violencia político-criminal en esa región del noroeste del país. Finalmente, en el mes de septiembre de 2026, el informe de Votar entre Balas documentó que las agresiones delictivas se concentraron de forma prioritaria en el sector de la seguridad pública con 21 víctimas a nivel nacional, ubicándose geográficamente la mayoría de estos eventos letales en el estado de Guerrero.

 

CRÍMENES DE 2026

La cronología de agresiones en 2026 expone un patrón de violencia criminal enfocado en autoridades locales, representantes populares, mandos policiales y aspirantes. El 7 de enero, en Apaseo el Alto, Guanajuato, el exregidor José Antonio Meza fue asesinado a balazos en una fonda. El día siguiente, en Culiacán, Sinaloa, ocurrió el homicidio de la comisaria Mirna Karime Corrales Gutiérrez. En Chiapas, el 21 de enero, fue privado de la vida el regidor José Amílcar Martínez García. El día 28, en Culiacán, un atentado armado lesionó a los diputados locales Sergio Torres y Elizabeth Montoya. El último día del primer mes terminó en Temoac, Morelos, con un ataque contra el alcalde Valentín Lavín Romero.

En febrero, la violencia continuó el 3 en Banderilla, Veracruz, con disparos a la vivienda del alcalde José Antonio San Gabriel Fernández. Dos días más tarde, en Zacualpan, Veracruz, el vehículo del alcalde Andrés Maldonado Yáñez fue emboscado, resultando herido su chofer. El día 11 de ese mes fueron hallados sin vida en Chilpancingo, Guerrero, los operadores políticos Rosalío Balbuena y Alfredo Cano. Dos días posteriores, en La Manzanilla de la Paz, Jalisco, se localizó el cuerpo estrangulado de la regidora Blanca Esthela Álvarez. El 26 de marzo, en Temoac, Morelos, fue asesinada la activista y excandidata Sandra Rosa Camacho Flores. En Escuinapa, Sinaloa, ese mismo mes ejecutaron al subdirector operativo de la Policía Municipal y a tres escoltas.

El 10 de junio, la diputada local de Sinaloa, Paola Gárate Valenzuela, recibió amenazas en Culiacán con una corona fúnebre. El 28 de ese mes ocurrieron dos hechos en Guerrero: el homicidio del exalcalde de Igualapa, Apolonio Álvarez Montes, en San Juan de los Llanos, y un atentado contra la alcaldesa de José Joaquín Herrera, Micaela Manzano Martínez, en Chilapa. Al día siguiente, en Acapulco, fueron asesinadas una tía y una prima del rector con licencia Javier Saldaña Parra, aspirante a la gubernatura. El 30, en Yautepec, Morelos, la aspirante Sandra Fernández Gómez resultó herida en un ataque armado donde murieron su esposo Miguel Tijera y dos personas más.

Foto: Marcarito Pérez Retana-Cuartoscuro.com

En Cuajinicuilapa, Guerrero, el 6 de julio fue asesinado el investigador Sael Silva Cisneros. El día 9 ocurrieron dos homicidios: el del aspirante Ermelo Rivera Campos en Coyuca de Benítez, Guerrero, y el exalcalde de Fresnillo, Benjamín Medrano Quezada, en Guadalajara, Jalisco. El 12 de ese mes, fue asesinado el presidente municipal de San Miguel Yogovana, Oaxaca. El 18, en Pánuco, Morelos, y Saín Alto, Zacatecas, hechos simultáneos dejaron diez muertos, entre ellos el exalcalde Ignacio Castrejón Valdez, el exregidor Andrés Vázquez Gurrola, el funcionario Fidel Alvarado de la Torre, el bombero Jesús Gerardo Muñetón Hernández y seis empresarios. El 24 de agosto, en Escuinapa, Sinaloa, fue secuestrado el síndico Misael Aguilar Espericueta y el 30 fue asesinado el subdirector de Tránsito, Miguel Antonio Zazueta Páez.

El 2 de septiembre resultaron heridos en Mazatlán el director de Protección Civil, Óscar Osuna Tirado, y su acompañante. Un día después fue ultimada en Escuinapa la jefa patrimonial Carolina Beltrán Romero, y ese mes fue secuestrado y asesinado el síndico sustituto de Tepuche. Finalmente, en noviembre, el primer día de mes en Tijuana, Baja California, fue asesinado a tiros el enlace municipal del Movimiento del Sombrero, José Alfredo García Gutiérrez, de 55 años, en la colonia Reforma al intentar mediar en una extorsión. Horas antes, en una marcha por el primer aniversario luctuoso del fundador del movimiento, Carlos Manzo Rodríguez —alcalde independiente de Uruapan asesinado el 1 de noviembre de 2025 en Michoacán—, García Gutiérrez declaró a ZETA que el gobierno no combate a la delincuencia organizada. Por su parte, el 4 del mes en curso fue asesinado en la colonia Ejidos de Acapantzingo, en Cuernavaca, Morelos, el regidor de Cuernavaca por el partido Morena, Gabriel Rivas Ríos, cuando se dirigía a las oficinas de la asociación cívica “Gustavo Salgado”, agrupación que lideró durante años para la defensa de diversas causas sociales.

 

LOS AÑOS ANTERIORES

La perspectiva histórica proporcionada por el monitoreo Votar entre Balas confirma que la violencia criminal electoral en México ha registrado un crecimiento progresivo durante los últimos años. En el periodo acumulado, que abarca desde 2018 hasta septiembre de 2026, la plataforma contabiliza un total de dos mil 606 eventos de violencia político-criminal en el país, los cuales dejaron un saldo de tres mil 81 víctimas, entre personas asociadas al ámbito político, la función gubernamental, las corporaciones de seguridad e instalaciones oficiales de gobierno o partidos. De la totalidad de las víctimas registradas en este lapso, el 79 por ciento corresponde a personas del género masculino. El análisis anual refleja el incremento sostenido de las agresiones delictivas sobre las estructuras locales.

Durante el año 2025 se contabilizaron 540 eventos de violencia político-criminal, concentrándose la mayor incidencia en los estados de Veracruz, con 79 casos; Sinaloa, con 69; Guerrero, con 49; Guanajuato, con 41; y Baja California, con 39 eventos delictivos. En contraste, las entidades con menor registro fueron Aguascalientes, Campeche, Nayarit y Querétaro, con un solo evento cada una. Por su parte, el año 2024 se posicionó oficialmente como el periodo más violento para la vida política del país desde 2018, al cerrar con 661 casos registrados en el contexto del proceso comicial más grande en la historia nacional.

Durante 2024, Votar entre Balas documentó 343 asesinatos, 99 atentados, 78 ataques armados, 69 amenazas y 68 desapariciones o secuestros de personas vinculadas al ámbito político. Los estados con mayor concentración de violencia en 2024 fueron Guerrero, con 76 eventos; Guanajuato, con 69; Puebla, con 68; y Chiapas, con 65 casos; mientras que Baja California sumó 16 hechos delictivos y las menores incidencias ocurrieron en Aguascalientes con un evento, así como en Campeche, Tabasco y Tlaxcala con tres casos cada uno.

Respecto al año 2023, la estadística cerró con 574 víctimas de violencia político-criminal perpetrada por grupos del crimen organizado. Ese año, los estados más afectados fueron Guerrero con 91 casos, Guanajuato con 64, Zacatecas con 43 y Veracruz con 42. Previamente, en 2022 se contabilizaron 483 eventos, superando ampliamente los 176 casos documentados en el año 2021. En 2022, la concentración delictiva se ubicó en Guanajuato con 56 hechos, Guerrero con 46, Veracruz con 41, Zacatecas con 34 y Baja California con 29, mientras que las entidades de menor incidencia registral fueron Nayarit y Yucatán con un solo caso reportado.

Las cifras históricas demuestran que la injerencia delictiva mantiene una curva ascendente constante previo a cada contienda electoral nacional en el territorio. El fenómeno de la violencia criminal electoral en México demuestra que la delincuencia organizada no limita su actuación a los periodos oficiales de campaña, sino que opera de manera permanente para incidir en la configuración del poder público municipal y estatal. La constante de homicidios, atentados y amenazas documentada en los registros confirma que las estructuras delictivas buscan controlar mandos de seguridad, áreas de tesorería y direcciones de obras públicas antes de la definición formal de las candidaturas.

De cara al proceso electoral de 2027, el escenario anticipa un incremento en la presión violenta sobre las diversas fuerzas políticas y los actores comunitarios en las regiones dominadas por los grupos criminales. Con la disputa de 17 gubernaturas, la renovación total de la Cámara de Diputados federal y más de 19 mil cargos locales en todo el país, el avance de las agresiones delictivas amenaza la estabilidad institucional de la nación entera. Mientras las autoridades gubernamentales centran sus discursos oficiales en la reducción de delitos comunes y el órgano electoral federal busca superar sus crisis internas, los grupos del crimen organizado continúan ejecutando acciones violentas para someter a los gobiernos locales mediante el uso desmedido de las armas.

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Luis Carlos Sáinz
Luis Carlos Sáinz
Reportero desde 1989 en W Radio, Promomedios Radio, TV Azteca, Canal Ocho, Grupo ACIR, Ocho Columnas, Associated Press y ZETA; Consejero Editorial en Mural 2010-2011. Autor del libro Rejas Rotas.

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