El 16 de noviembre de 2026, la justicia de Paraguay ordenó trasladar al expresidente Santiago Peña Palacios a la Prisión Militar de Viñas Cue, en Asunción, dentro de la causa que investiga su responsabilidad en la caída del banco digital Ueno, el colapso financiero que derivó en su destitución.
El escrito del juzgado, firmado por el magistrado Osmar Legal, dispuso: “Ordenase el inmediato traslado del mismo a la Prisión Militar de Viñas Cue”, donde el expresidente deberá permanecer en libre comunicación y a disposición de ese juzgado. El documento también instruyó a las autoridades del establecimiento a adoptar las medidas de seguridad necesarias para resguardar la vida y la integridad física del expresidente. La decisión modificó el lugar de reclusión fijado días antes, cuando un juez determinó su prisión preventiva, el 8 del mismo mes y año, en una unidad militar administrada por el Ejército.
El traslado se resolvió en medio de cuestionamientos por las condiciones en que el expresidente permanecía detenido. Óscar González, titular del Ministerio de Defensa Nacional de Paraguay, declaró el 16 de noviembre de 2026 que Peña Palacios gozaba de ciertos privilegios en el Regimiento Escolta Presidencial, entre ellos la instalación de un gimnasio con equipos nuevos en la sala de reuniones de esa unidad militar. El Regimiento Escolta Presidencial fue el recinto al que lo llevaron la madrugada del 7 de noviembre de 2026, horas después de su destitución y de que la Fiscalía ordenara su detención.
La Fiscalía imputó al expresidente por lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio. La acusación se concentra en la colocación y permanencia de fondos de organismos y entidades del Estado depositados en Ueno Bank, entidad en la que Peña Palacios tuvo participación accionaria a través de Ueno Holding hasta 2025. El Senado de la República del Paraguay lo declaró culpable de mal desempeño de funciones y lo destituyó por unanimidad, con 44 votos, el 6 de noviembre de 2026, luego de que los legisladores no aceptaran su renuncia.
El cierre de Ueno Bank por problemas de solvencia dejó sin acceso a sus depósitos a cerca de tres millones de ahorristas y desató protestas en todo el país. En la misma causa, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, quien presidió el Banco Central del Paraguay (BCP) hasta su renuncia, ocurrida durante el procedimiento de resolución de la entidad bancaria.
El expresidente permanecerá recluido en Viñas Cue a disposición del juzgado mientras avanza la investigación penal.






