La Policía Nacional de Paraguay confirmó, el 6 de noviembre de 2026, la detención del expresidente Santiago Peña Palacios en su domicilio, horas después de que el Senado paraguayo aprobara su destitución mediante juicio político, en medio de la crisis financiera y política desatada por el cierre de Ueno Bank.
La corporación informó que Peña Palacios “ya se encuentra oficialmente detenido”, con lo que confirmó el cumplimiento de la medida solicitada por el Ministerio Público. Según información de la agencia EFE, las autoridades paraguayas ejecutaron la orden emitida por la Fiscalía contra el exmandatario, investigado por el presunto delito de lesión de confianza. La detención constituye una medida dentro del procedimiento penal y no implica que se haya determinado su culpabilidad.
La destitución aprobada por el Senado implicó la pérdida de los fueros que Peña Palacios mantenía como presidente, y fue el paso que abrió la vía judicial en su contra. Posteriormente, la Fiscalía emitió una orden dirigida al comandante de la Policía Nacional para garantizar que el exmandatario permaneciera bajo arresto domiciliario. El documento establece que deberá mantenerse detenido “hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción”. La información difundida por las autoridades no precisa todavía todos los hechos que sustentan la acusación.
La situación judicial del exmandatario se enmarca en el escándalo financiero por el cierre de Ueno Bank, institución que recibió depósitos de recursos públicos durante su administración. El Gobierno paraguayo colocó en esa entidad más de 800 millones de dólares de recursos estatales, cifra que aumentó después de que Peña Palacios asumiera el poder y que llegó a representar alrededor del 20 por ciento de los ahorros estatales depositados en el sistema bancario hacia finales de septiembre. Entre esos recursos se encontraban fondos correspondientes a la seguridad social paraguaya.
Peña Palacios mantuvo vínculos de inversión con una empresa relacionada con Miguel Vázquez, principal accionista del grupo empresarial al que pertenece el banco, con inversiones realizadas entre 2019 y 2025 en una de las compañías del empresario. La relación comercial comenzó antes de su llegada a la Presidencia de Paraguay, en 2023, y la información disponible señala que el exmandatario no era propietario ni accionista directo de Ueno Bank. Estos antecedentes financieros no constituyen, por sí mismos, una prueba de responsabilidad penal.
La orden de la Fiscalía también contempla la detención de Carlos Carvallo Spalding, quien hasta el 3 de noviembre de 2026 encabezaba el Banco Central de Paraguay (BCP) y cuya salida del organismo ocurrió durante la crisis derivada del cierre de la institución financiera. La información proporcionada por las autoridades no confirma que Carvallo Spalding haya sido detenido, por lo que su situación es distinta de la del expresidente, cuyo arresto domiciliario sí fue confirmado de forma oficial. Peña Palacios permanecerá bajo esa medida hasta ser puesto a disposición de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.






