La empresa Servicios Portuarios S.A. de C.V. demandó la protección federal, pero el Juzgado Octavo de Distrito en Ensenada negó la suspensión provisional solicitada por la compañía
A casi un mes del embargo precautorio ejecutado por las autoridades fiscales sobre la barcaza petrolera Poseidón en las instalaciones de El Sauzal, en Ensenada, la empresa Servicios Portuarios, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió un juicio de amparo indirecto para combatir la retención de la embarcación.
La demanda de garantías quedó radicada en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, donde la compañía mercantil pretende combatir la actuación de la Administración Desconcentrada de Auditoría de Comercio Exterior del Pacífico Norte.
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La medida administrativa procede del acta de inicio de visita domiciliaria y procedimiento administrativo en materia aduanera levantada el 14 de octubre de 2026, mediante la cual se aplicó la retención sobre el artefacto naval y su mercancía registrado con el pedimento de importación 16 11 3414 6000068.
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En su escrito de demanda, formulado por los representantes legales de la sociedad corporativa, se solicitó la suspensión de los actos para liberar la nave de las restricciones materiales derivadas del aseguramiento. No obstante, la juzgadora federal resolvió negar la suspensión provisional solicitada con efectos restitutorios, al determinar que no se reunieron los requisitos exigidos por la Ley de Amparo para conceder la medida cautelar.
La embarcación Poseidón, anteriormente denominada Arctic Challenger, es una barcaza de 96.4 metros de eslora destinada al almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos, adquirida y operada por el grupo empresarial que integra a Servicios Portuarios y a la firma Ingemar S.A. de C.V.
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Esta infraestructura forma parte de los activos identificados por la Fiscalía General de la República (FGR) dentro de las indagatorias por el presunto contrabando de combustibles en la región del noroeste.
La sociedad mercantil promovente fue constituida en 1993 y modificó sus estatutos corporativos para ingresar al sector energético, teniendo entre sus accionistas a Ricardo Thompson Navarro y José Merino Valdés Cuervo, empresarios procesados junto con el exgobernador Ernesto Guillermo Ruffo Appel por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de petrolíferos.
La titular del juzgado de distrito reconoció el carácter de parte tercera interesada a la firma extranjera Engineering Systems INC y ordenó notificarla en el domicilio correspondiente para que comparezca al procedimiento en el plazo legal de tres días.
La demanda continuará su trámite constitucional para determinar la validez de las actuaciones aduaneras, mientras la embarcación permanece inmovilizada bajo la custodia de la autoridad fiscal federal en las instalaciones del recinto portuario de Ensenada, Baja California.
